El Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en un refugio para países que cometen crímenes de lesa humanidad.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no tiene que actualizar informe sobre las violaciones graves y crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela por parte del Estado.

Dra. Bachelet, las violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela siguen ocurriendo como lo refleja la reciente actualización hecha por usted este mismo mes, marzo de 2021. La ONU tiene todas las pruebas y evidencias suficientes reflejadas en el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, creada por el organismo que usted actualmente preside, sobre las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, heridos, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, abusos sexuales contra mujeres en los centros de detención y asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de los ciudadanos que manifestaron durante los años 2014 y 2017, las ejecuciones extrajudiciales encabezadas por las OLP y el famoso grupo de exterminio llamado FAES, que no tiene miramientos para violar los derechos civiles y políticos; las atrocidades que siguen cometiendo la GN, la DGCIM, el Sebin, el Conas contra los ciudadanos; y el informe de la oficina del Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU instalada en nuestro país, que hace horas dio conocer que 200 personas perdieron la vida por ejecuciones extrajudiciales perpetradas por cuerpos de seguridad del Estado, encabezados por la FAES, como siempre .

Usted, como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, tiene una oportunidad de oro para exigir justicia en favor de las víctimas y así lavarle el rostro a un Consejo General para los Derechos Humanos que se ha convertido en el refugio de representantes de países violadores graves de los derechos humanos y que solo están allí para proteger a sus aliados comerciales, reflexiones, la retórica en el análisis de actualizaciones de informes que se levantan producto de investigaciones realizadas en países donde el Estado asume como política pública las restricciones de las garantias constitucionales, violaciones graves de los derechos humanos  y crímenes de lesa humanidad. Es parte de su estrategia para congelar cualquier iniciativa que pudiera lograr la reparación del daño a familiares y víctimas de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por los Estados miembros.

El coordinador para los derechos civiles exigió a la alta comisionada Michelle Bachelet solicitar formalmente a la CPI la aprobación definitiva del informe preliminar que ya tiene mucho tiempo de estar en fase 3 para dar el próximo paso histórico, que es el inicio por primera vez en un país latinoamericano la investigación de los hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad en el  Estatuto de Roma y así determinar las responsabilidades materiales e intelectuales de estos hechos.

 


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