En Venezuela hay dos sistemas penitenciarios, el primero es formado por aquellos centros que están bajo control de los cuerpos de seguridad como El Helicoide o Ramo Verde, en teoría son cárceles militares, pero se usan como imagen edificada de represión política. El segundo grupo es el submundo de las cárceles comunes, aquellas donde no hay control del Estado y se usan como insignia de opresión popular. Así vamos alejándonos de su propósito natural, ninguna nos invita a la imagen de la justicia, en el primero las violaciones de los derechos humanos las ejecuta el Estado de forma directa siendo el ejecutor un uniformado; en el segundo de forma delegada, siendo el ejecutor otro reo que impone su autoridad.
Víspera de nuevas denuncias a varios funcionarios venezolanos por delitos de lesa humanidad, es preciso identificar las cárceles de uno y otro sistema como sitial de violaciones de los derechos humanos. El sistema penitenciario militar se caracteriza por las permanentes torturas a los presos políticos, indiscutibles son las pruebas, derrotar el pretendido hermetismo ha sido uno de nuestros principales retos, se ha venido logrando y gracias a ello hay abundancia de evidencias recabadas día tras día. Es cierto que el sistema carcelario común es menos permeable y aún así no deja de haber pruebas de las atrocidades cometidas puertas adentro, como la reciente masacre de 47 presos en Guanare, los 10 días de enfrentamientos para desalojar El Rodeo entre otras.
La violencia en las cárceles comunes es en buena parte producto de la cesión del control de los centros penitenciarios a los pranes, como es bien sabido, son presos privilegiados depositarios del verdadero poder, tienen a su servicio a toda la población carcelaria (más sus familias), sometidas con un arsenal difícil de ver incluso en una delegación policial.
Esta situación tuvo su inicio en el gobierno de Hugo Chávez, él propició que los presos tuviesen su autogobierno expulsando a la guardia penitenciaria del interior de los recintos y hasta permitió colocar una señalización en el lugar donde pueden estar autoridades. Esa política fue pensada como una manera de evitar las reiteradas denuncias de hacinamiento o excesos en controles, con lo que la responsabilidad de lo que pudiese ocurrir allí dentro sería únicamente de los propios presos. Resultado: inmediatamente dejó de existir la clasificación del reo y el penado, no ha habido más barrotes ni celdas tradicionales, tampoco la disciplina necesaria para la rehabilitación. ¡Oh, sorpresa!, he aquí la creación de las grandes mafias penitenciarias.
Ha sido una irresponsabilidad de más de dos décadas permitir que los reos sean deliberantes, deciden todo lo que ocurre en su entorno; esto afecta al Poder Judicial porque deciden hasta quién aborda el traslado a tribunales, hay un celoso control de visitas de abogados o funcionarios y desde luego resguardan con armas al pran y las “zonas de seguridad”. Con violencia someten a la población, no importa si están o no de acuerdo con la “ley del penal” porque las penas van desde torturas, hasta muerte con tortura. Ya no solo hay Ley Adjetiva y Substantiva, es irónico que haya un orden interno legislado por los pranes que no llegaron allí justamente por acatar la ley.
Los acontecimientos de la cárcel de Guanare revelan una masacre evitable, las complacencias gubernamentales dieron lugar a que los motines impliquen dispararse entre personas como si fuese un capítulo de la guerra de Vietnam. Desde luego, la rehabilitación como primera fase de la reinserción social se extinguió a manos de la universidad del delito, el gobierno bolivariano pasó a ser sometido por el gobierno del pran y la ministra se empezó a concebir más bien como canciller de los presos.
El pedimento de “respetar nuestro espacio” no fue mejoramiento de condiciones penitenciarias, desde la fundación de la universidad del delito, se han venido manejando negocios rentables como droga o extorsión contactadas muchas veces con políticos, jueces, fiscales y militares. Su sede son las cárceles y el aval es el dinero y las balas… así llegamos siempre a la misma pregunta: ¿cómo llegan las armas a los presos? Esta pregunta la han tenido que responder desde hace mucho el ministro Padrino o la ministra Varela y ahora más que nunca visto que una granada fragmentaria casi cegó la vida de la teniente González ¿Ministros, cómo llegó allí?
Apelo a la tranquilidad porque esto será penado y les diré la fórmula; para la existencia de un delito perseguible por la Corte Penal Internacional es requerido que el actor tenga innegable propósito en el hecho antijurídico, la omisión y el desprecio por el resultado no es delito para la CPI –por cierto, en Venezuela sí es delito y de alta entidad– pero las torturas y homicidios producto del reconocimiento de autoridad a los pranes empiezan a darle forma al tipo penal internacional. No estamos en presencia de una relación de ingenuidad, es una autoridad impuesta por la delincuencia con la anuencia del gobierno bolivariano, relación que permite crueldades contra privados de libertad que están constitucionalmente bajo el cuidado y responsabilidad del Estado venezolano, así que, tanto en cárceles militares como en cárceles comunes se violan derechos fundamentales, ahora sí tenemos vinculación y un caso consistente que vamos a impulsar hasta conseguir vestir a Varela y otros genocidas con uniformes color naranja.
@salvadorpr