Hace poco más de dos meses que no garabateaba mis líneas en estas páginas de El Nacional. Se me esfumó la musa y costó que volviera a llegar. Es mucha agua la que ha corrido debajo de este puente de acontecimientos en el período, entre ellos la persistencia de la pandemia de COVID-19.

Un hecho de relevancia mundial que ocurrió de algún modo pasajero, pero no por ello carente de singular importancia, fue el conflicto bélico entre las fuerzas palestinas de Hamás y el ejército israelí. Hubo muertos de lado y lado, como siempre más del lado palestino, pero la mediación de Estados Unidos y Egipto, con una intervención intensa del presidente Biden frente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, logró un cese al fuego a partir del cual los dos contendientes se declararon ganadores: los israelíes, que dicen haber destruido túneles y bases de lanzamiento de los cohetes de Hamás, y las fuerzas de Hamás, que ven como positivo que se haya puesto de nuevo en el tapete el problema de fondo, la naturaleza de lo que consideran es la ocupación israelí.

En realidad, el cese al fuego sigue siendo frágil hasta tanto no haya una solución al conflicto general palestino-israelí, que contemple la existencia y aceptación de dos Estados, uno judío y otro árabe, que se ha venido haciendo un objetivo cada vez más difícil de alcanzar. Incluso si se lograra algún acuerdo orientado a ese gran fin, Hamás, que es gobierno en la Franja de Gaza, no lo aceptaría, porque su meta real es la inexistencia del Estado de Israel.

La política del Estado judío tampoco ayuda. Este último intercambio bélico surgió por una decisión judicial de ejecutar un reclamo de comunidades judías de viviendas palestinas establecidas en Jerusalén Este, la zona tradicionalmente árabe de la ciudad, anexada por Israel en 1980, después haberla conquistado durante la Guerra de los Seis Días (1967). Israel, como Estado, ha venido propiciando la colonización judía de terrenos en Jerusalén Este, y también en Cisjordania, la otra región palestina en la que tienen un rol administrativo parcial la Autoridad Nacional Palestina, controlada por Al Fatah, e Israel, que tiene el control militar. Por décadas, presidentes norteamericanos anteriores a Trump consideraron ilegítima la proliferación de asentamientos judíos en territorios palestinos conquistados después de la Guerra de los Seis Días. El caso del Este de Jerusalén es particularmente sensible, tanto para árabes como para judíos, por las connotaciones religiosas para ambas comunidades en la ciudad santa, donde hay monumentos y lugares venerados por judíos y musulmanes -a veces una misma edificación-, además de los cristianos. Los árabes de Jerusalén Este alegan que no tienen las mismas facilidades que obtienen los judíos para construir en esta parte de la ciudad y que los reclamos judiciales de viviendas suyas ocupadas por otros, también en otros lugares de Israel, no son atendidos, mientras que las de los judíos sí.

Ese es el problema de fondo al cual hay que encontrarle solución, aun antes de pensar en la meta de dos Estados, en esa zona geográfica en disputa con tantas ramificaciones para la prevalencia o no de la paz mundial.

Respecto a la pandemia de COVID-19, la efectividad de las vacunas en el combate contra la enfermedad ha sido significativa, al observar cómo han bajado las infecciones, hospitalizaciones y muertes en los países donde se han realizado sólidas campañas de vacunación. Lamentablemente, Venezuela es el país de América Latina con menor número de vacunaciones, 1.108 por cada 100.000 habitantes, con 1,1% de personas parcialmente vacunadas de toda la población. En Estados Unidos, con el mayor número de muertos en el mundo (por encima de 571.000), se ha apreciado una disminución de casos, hospitalizaciones y muertes, mientras aumenta el número de vacunados (casi la mitad de adultos totalmente vacunados y más de 60% parcialmente vacunados). El promedio de casos nuevos en la última semana descendió en 19,5%, comparado con la semana anterior. Y comparadas las cifras con las de enero, la baja de enfermos fue de 89%.

En Venezuela, en la última semana, hubo un aumento de casos de 29,5% y de muertes de 0,4%, para un total de 224.819 infectados y 2.528 decesos, según los datos que ofrece la prensa norteamericana. Es angustiante ver por las redes sociales la cantidad de personajes públicos de todos los sectores sociales, amigos y conocidos que se han enfermado y han fallecido por esta pandemia. Sin duda, tampoco ha habido una campaña educativa sobre la necesidad de evitar incluso los contactos cercanos con familiares y amigos hasta estar vacunado, evitar las reuniones sociales, a menos que sean al aire libre, de pocas personas y todos con mascarillas. Esa campaña educativa también es responsabilidad de las autoridades sanitarias, cuya prioridad parece ser la de vacunar a los enchufados con las pocas vacunas que han llegado al país, y nada más. Además del absurdo del 7 x 7.

Otros dos temas ineludibles de estos dos meses son el de la incautación del edificio y equipos de El Nacional y la propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional hecha por Juan Guaidó, íntimamente ligada al nombramiento por parte de la Asamblea Nacional madurista de nuevas autoridades en el CNE.

¿Qué más se puede decir de la arbitrariedad del régimen contra El Nacional, el buque insignia del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela? Razón tiene Miguel Henrique Otero al señalar la contradicción de la toma militar de las instalaciones físicas del periódico, a nombre de Diosdado Cabello, y la supuesta intención del régimen de querer abrir un diálogo con la oposición. Añádale contexto con el llamado que hicieron los soldados venezolanos prisioneros de la disidencia de las FARC en Apure, nombrando específicamente a Cabello para que interviniera en pro de su liberación y usted se preguntará si es efectivamente Maduro o el ministro Padrino quienes controlan lo que queda de la Fuerza Armada Nacional y otros estamentos del Estado.

La arbitrariedad contra El Nacional representa algo más que intentar ahogar la libertad de información en Venezuela. Es otro de esos acontecimientos que revelan a Venezuela como un país donde verdaderamente no existe Estado, sino para reprimir a los ciudadanos. Un país controlado por un conjunto de componentes armados (guerrilleros colombianos de distinto signo y afiliación, con presencia en casi todos los estados; paramilitares colombianos y venezolanos, bandas de delincuentes más poderosas que las policías y la Guardia Nacional; la FAES, que es una fuerza de represión violadora de los derechos humanos dirigida especialmente hacia los sectores populares; la institucionalidad de la fuerza armada) que existe para sostener un régimen con unos niveles de corrupción inimaginables, que abarca todas las esferas de actividad en el país, con un demostrado desinterés en solucionar cualquier problema de importancia nacional, desde el reclamo del Esequibo hasta la más simple prestación de algún servicio público. Un país donde ya nada funciona bien, que está fuera de control, salvo en lo que concierne a reprimir a la oposición y garantizar el bienestar económico de los distintos componentes que lo desgobiernan, al precio que sea.

Es en este contexto donde ocurre el llamado Acuerdo de Salvación Nacional de Juan Guaidó y los partidos políticos que lo acompañan (cuyos líderes, dicho sea de paso, poco se les ve la cara por ningún lado). Lo interesante de la propuesta de Guaidó es que surge en un momento en que varias organizaciones de la sociedad civil deciden no esperar más por las iniciativas de los políticos de oficio y junto con algunos de ellos, logran abrir un espacio importante de participación para la oposición en el Consejo Nacional Electoral, con gente con experiencia y conocimiento de lo que ocurre y debería ocurrir en las lides comiciales.

Lo logrado por organizaciones de la sociedad civil implica obviamente un deseo de incidir en los resultados de las próximas elecciones regionales de noviembre, con la intención de abrirle espacio a las opciones de oposición. La propuesta de Guaidó implica la no participación en los comicios de noviembre, como están planteados, y hace énfasis en la realización de elecciones presidenciales, legislativas, regionales y municipales. El apoyo internacional, que todavía tiene, es clave para Guaidó poder aproximarse a su llamado Acuerdo de Salvación Nacional. Pero no menos importante es el respaldo que pueda tener en el venezolano de a pie, el que a diario sufre problemas concretos, como la carencia intermitente de electricidad (y de Internet, para la minoría que la disfruta), de agua potable, de gas para cocinar, de combustible para transportarse y obtener productos de consumo, y de una cada vez más precaria protección de la vida personal y de sus bienes.

La creciente desvinculación de los partidos y sus líderes con la ciudadanía, expresada en numerosas encuestas, se debe a la desatención hacia esos problemas concretos y la descoordinación política con las organizaciones de la sociedad civil que reclaman su solución. Mientras el venezolano no sienta que la solución de sus problemas inmediatos está ligada a la restauración de la democracia, y viceversa, no surgirá la fuerza interna necesaria para presionar un cambio de régimen. Seguiremos concentrados en las fuerzas externas. Hasta que esas también se cansen.


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