La traición desde el miedo, o desde intereses de una minoría por sostener cierto estatus de privilegios, en lugar de luchar por recuperar la libertad y el Estado de Derecho en Venezuela, es igualmente traición. La primera, por miedo es comprensible, pero no podemos recibirla como excusa aceptable cuando se trata de una responsabilidad que se asume para consigo mismo, con su conciencia y sus consecuencias individuales. Cuando se está asumiendo el cargo de dirigir un país, las consecuencias que se provocan con una conducta temerosa y vacilante no tienen disculpas aceptables, desde la óptica del bien común de toda una nación.
Hemos escuchado, pienso que demasiadas veces, que es fácil hablar desde afuera del territorio nacional de esta manera. Se nos pretende descalificar a quienes así hemos opinado. Nada es mas falso. La gran mayoría de los que hemos salido del territorio, después de haber asumido una lucha frontal contra el actual narcorrégimen del eje La Habana-Caracas, y haber sufrido comprobables consecuencias por ello, no hemos estado en constante disputa con quienes desde dentro del territorio asumieron otras estrategias y esfuerzos. Quienes lo hayan hecho por convicción, al creer que realmente se podría superar este estado de cosas mediante otro camino, ya les debería haber quedado totalmente develado que es imposible “la salida” por las buenas, o con improvisaciones politiqueras y mediocres frente a la tiranía.
El antecedente fundamental de tal imposibilidad de luchar solo con medios pacíficos o electorales en un Estado de Derecho fehaciente fue aquel desconocimiento del derecho al referéndum revocatorio. Luego la consulta al soberano aprobada por la Asamblea Nacional y realizada el 16 de julio de 2017. Los continuos intentos del TSJ madurista de conculcar las atribuciones de la Asamblea Nacional no han cesado desde entonces. Ese TSJ, además de apoyar la elección de una espuria asamblea nacional constituyente con “poderes supraconstitucionales, ha sido utilizado como forma de secuestrar la democracia. Aquel 16 de julio de 2017 se acudió a la nación para consultarla y pedirle se expresara sobre si debían designarse por parte de la Asamblea Nacional nuevos rectores del CNE, los magistrados del TSJ y al Poder Ciudadano, como lo establece nuestra Constitución. Las interrogantes específicas fueron:
(1) ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?
(2) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?
(3) ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?
Este esfuerzo que reivindicaba de por sí elevar esa carta magna que hablaba de democracia protagónica del ciudadano, y que había sido hundida y violada repetidas veces por el narcorrégimen castro-madurista, significó el que con más de 7.600.000 votos de la ciudadanía, dentro y fuera de Venezuela, se intentaba por medios pacíficos restituir el Estado de Derecho. Esfuerzo democrático que devolvía a las manos del voto y de la voz del ciudadano, mediante la abierta consulta, que debía designarse un gobierno de unión nacional y designarse todos los poderes mencionados. El abrumador resultado fue en positivo, con 98,93% de los votos con que el pueblo pedía democracia en las urnas.
A pesar de todos los esfuerzos realizados para cohesionar al país alrededor de esta Asamblea Nacional, y recordada esa sin precedentes consulta democrática del 16 de julio de 2017, el G-4 mantuvo sus acostumbradas “negociaciones” a través de lo que sería otro camino distinto al ordenado por el pueblo. Tal vez creyeron políticamente correcto o más bien los más conveniente a las circunstancias tomar ese otro camino. La pregunta que queda para ser respondida por cada uno de nosotros ahora es: ¿para quién sería conveniente realmente ese otro camino? ¿Qué más podía y aún debería hacerse?
Nunca se asumió realmente la necesidad de organizar al ciudadano y a sus partidos políticos para una lucha efectiva por otros medios legítimos de lucha contra la narcotiranía. El narcoestado pro terrorista lo han representado y siguen representando ellos. ¡Que no haya más dudas al respecto! ¿Entonces, qué otro carácter más que la legítima defensa colectiva nos quedaba entonces y aún nos queda?
Sobre todo lo que hemos recordado en este artículo, y muchos otros momentos más de lucha reposan “por ahora” solo en nuestra memoria. Muchos elementos que habremos de exponer explícitamente y detallar en ese momento histórico adecuado. Nos toca reemplazar este tremendo esfuerzo de lucha que hemos realizado por la libertad de Venezuela desde el año 2001.
El habernos empeñado en la unión y cohesionarnos alrededor de la Asamblea Nacional, y luego del TSJ por ella nombrado, no podrá ser soslayado ni ahora ni en el futuro. Después de la sin parangón consulta llevada a cabo aquel 16 de julio del año 2017, y los movimientos, como nuestra Alianza Internacional por la Libertad Francisco de Miranda, por tener un gobierno encargado que asumiera cabalmente el deber de luchar por la Libertad de la patria; nos queda continuar haciendo esfuerzos alrededor de los movimientos patrióticos que seguirán luchando y surgiendo; hasta dar al traste con la opresión y la traición al que está siendo sometida nuestra Venezuela.
cá[email protected]/@gonzalezdelcas