El pasado lunes, mientras Donald Trump visitaba la ciudad de Nueva York, el FBI allanó el club privado de Florida donde reside el expresidente. Según los procedimientos penales, el FBI debió haber demostrado una «causa probable«, requisito que se deriva de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que establece que los ciudadanos tienen derecho a estar libres de acciones e intrusiones irrazonables del gobierno en sus personas, hogares y negocios. La «causa probable« exige que el FBI en este caso demostrara con algo más que puras sospechas que se cometió un delito. La doctrina, si bien excluye una certeza absoluta, requiere una base razonable en el contexto y en la totalidad de las circunstancias que rodean el caso de modo que el juez pueda valorar la posibilidad de que se cometió un delito y ordenar el allanamiento.
Cuando abandonó la Casa Blanca, Trump se llevó consigo de forma irregular más de 20 cajas de documentos que el Archivo Nacional calificó de ilegal y exigió la devolución completa. No lo hizo en el curso de 14 meses y son documentos que tienen que ver con la seguridad nacional. Abogados de larga experiencia en el Departamento de Justicia aseguran que para que el director del FBI haya exigido esta petición y el juez la haya autorizado, deber haber sido estudiada como ninguna otra requisición en la historia. El director del FBI, Christopher Wray, es un abogado de Yale, veterano del Departamento de Justicia donde fue jefe de la División Criminal en el gobierno republicano de George W. Bush. Fue designado como director del FBI por Donald Trump, quien entonces lo calificó como “un modelo de integridad”.
Analistas de inteligencia aseguran que hay sobradas razones para pensar que hubo alguien del FBI infiltrado en el entorno de Trump que produjo la información detallada y específica de lo que constituye la «causa probable«, para que el juez haya autorizado la orden en un asunto de tan alto perfil. En otro juicio, en este caso civil, que se le sigue paralelamente al expresidente Trump, el pasado miércoles hubo de ser interrogado por la fiscal general de Nueva York sobre presuntas irregularidades de sus negocios inmobiliarios. Trump optó por recurrir al derecho de no autoincriminarse que le da la Constitución y se acogió a la Quinta Enmienda para rehusar contestar cada una de las 440 preguntas que le formuló la fiscal.
Los bienes incautados
El inventario de documentos confiscados por el FBI fue publicado en una primicia por The Wall Street Journal, el pasado viernes. En el recibo consta que los agentes federales se llevaron 20 cajas de Mar-a-Lago, carpetas de fotos y una nota manuscrita. Había también información sobre “el presidente de Francia”. La lista incluye 11 juegos de documentos altamente confidenciales, uno de ellos clasificado como “de alto secreto y muy sensible”. No se ofrece detalles acerca de qué asuntos tratan esos documentos clasificados, pero fuentes del The Washington Post sugieren que están relacionados con los sistemas de armas nucleares de Estados Unidos.
Algunas de estas manipulaciones de documentos ultrasecretos tocan algunos de los supuestos de la Ley de Espionaje de Estados Unidos, razón por la cual a Trump se le ha abierto una investigación por supuesta violación de esta ley. En las horas que siguieron al allanamiento se publicaron fotos que revelan que Donald Trump había obstruido los inodoros de su recámara en la Casa Blanca con documentos clasificados del gobierno.
La orden de allanamiento muestra que el FBI estaba buscando pruebas sobre el manejo de documentos clasificados, algunos marcados como «Top Secret» que equivale a la violación de tres artículos del Código Penal. La orden de allanamiento autorizó al FBI a incautar material relacionado con la Ley de Espionaje, que prohíbe la retención no autorizada de información de seguridad nacional que podría ocasionar enorme daño o ayudar a un enemigo de Estados Unidos. Los otros códigos enumerados en la orden incluyen artículos de la ley federal que tipifica como delito destruir u ocultar un documento para obstruir una investigación gubernamental y que prohíbe la sustracción ilegal de documentos gubernamentales en general.
Los agentes del FBI recuperaron un total de 11 conjuntos de documentos clasificados, algunos de los cuales estaban marcados como ultrasecretos, informó por primera vez The Wall Street Journal. Los agentes federales también se llevaron cuatro juegos de documentos “Top Secret”, tres juegos de documentos secretos y tres juegos de documentos confidenciales. Las revelaciones, que se agregaron a la orden de registro, marcan una escalada dramática en las investigaciones criminales del Departamento de Justicia. Representan quizás uno de los momentos legales y políticos más comprometidos que ha enfrentado un expresidente en la historia de Estados Unidos.
Conforme a la Ley de Espionaje una condena por violar cualquiera de estas leyes tiene una pena máxima de 10 años en una prisión federal y la obstrucción de justicia una pena máxima de 20 años. La destrucción de registros o documentos ordinarios del gobierno puede inhabilitar a un funcionario de ocupar un cargo por el resto de su vida.
El conjunto de documentos más confidenciales retirados del club privado del expresidente se enumera genéricamente con las abreviaturas de clasificación TS y SCI por Top Secret y Sensitive Compartmented Information. El recibo de la orden de registro no proporcionó más detalles sobre el contenido de los documentos clasificados. Otros materiales retirados de Mar-a-Lago incluyeron carpetas de fotos e información sobre el «presidente de Francia».
En medio de esta controversia que crece exponencialmente, Trump arremetió contra el Departamento de Justicia a través de un comunicado indicando que él había desclasificado todos los registros en cuestión. Un presidente está facultado para desclasificar cualquier documento. “Todo fue desclasificado”, afirmó Trump. La afirmación del expresidente fue recibida con escepticismo, en parte porque todos los documentos incautados por el FBI conservaban sus marcas de clasificación originales y la desclasificación exige ciertos protocolos que no fueron cumplidos.
La pregunta que se hace Jed Shugerman, profesor de Derecho de la Universidad de Fordham, se la hacen muchos en Estados Unidos: «¿Por qué querría Trump quedarse con documentos nucleares?». “Es hora de revisar las acusaciones de corrupción nuclear que hizo el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en 2019 sobre la administración Trump y “Saudí/Qatar”. En ese informe se acusó a la administración Trump de «acelerar la transferencia de tecnología nuclear estadounidense altamente sensible a Arabia Saudita en posible violación de la Ley de Energía Atómica que restringe la exportación de tecnología nuclear estadounidense”.
Esta sugerencia ha sido asociada a la transferencia de más de 2.000 millones de dólares que el príncipe de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, conocido por las siglas MBS, colocó en un fondo de inversiones de Jared Kushner, el yerno de Trump, poco antes de entregar su cargo de asesor para el Medio Oriente de la Casa Blanca. Por otra parte, es bien sabida la íntima relación de Kushner con MBS.
El escándalo político-legal apenas comienza y desde ahora se perfila como el más grande y de mayor alcance de la historia de este país y probablemente de la historia contemporánea.