Out en segunda: Agenda 2030 o la administración centralizada mundial
Por David Mendoza Yamaui
La Agenda 2030 se levanta como el instrumento de planificación y medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicha agenda es la “continuación mejorada” de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que se establecieron en el año 2000 por los países miembros de las Naciones Unidas.
La Agenda 2030 es un programa impulsado por la ONU que forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que aborda 17 ODS, que a su vez se disgregan en 169 metas. Dicha agenda fue aprobada por los 193 Estados miembros el 25 de septiembre de 2015 en conjunto con el nuevo acuerdo Sobre el Cambio Climático.
Los ODS abarcan las diferentes esferas económica, social y ambiental. La innovación y la acción común son clave en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ello, cuentan con la participación de nuevos actores, el sector privado y la sociedad civil. Cada país es responsable de cumplir sus metas. Plantear el cumplimiento de los objetivos en el marco de una acción conjunta es un acierto incuestionable.
Ahora bien, todo reposa en la responsabilidad de cada país y su capacidad de establecer mecanismos de cooperación con el resto de la comunidad mundial. Sin embargo, muchos de estos problemas están siendo planteados como metas individuales de los países. Esta visión tradicional de responsabilidad geográfica basada en la soberanía, limita en demasía los resultados que de seguro se obtendrán en el 2030.
¿Por qué?
Porque están siendo planteados desde lo individual cuando pudieran ser planteados desde la perspectiva de bienes públicos globales. De esta manera, se vería con claridad la necesidad de orientar las acciones a través de recursos centralizados. Los problemas de naturaleza global no necesariamente responden a medidas individuales de los países, o a las capacidades técnicas o económicas que los mismos dispongan para atenderlos.
Las emisiones de carbono son un ejemplo de cómo los dos grandes colosos, Estados Unidos y China, representan más de 80% del problema y de la solución. Toda la comunidad internacional sin ellos no basta para atacar el problema. Por otra parte, si queremos abordar el tema del hambre o de la educación en África, o la desertización, para sus naciones es imposible en la práctica abordar sus soluciones con los recursos de que disponen. Incluso, si abordamos el tema financiero mundial, el “riesgo país más el señoreaje” hace más costoso el financiamiento para los países pobres colocándolos en una situación de mayor vulnerabilidad que los países del norte, con lo cual cualquier medida de atención por lograr avances en los asuntos dispuestos en la Agenda 2030 es más costosa. Es decir, con la misma cantidad de recursos pueden lograr menos.
Otro ejemplo es la estabilidad financiera mundial. Mientras existen países que en nada influyen en la estabilidad del mercado mundial, hay cerca de 10 que concentran cerca de 90% del poder y de causar una crisis. Si Estados Unidos aplica una política monetaria expansiva, todos los países que mantienen sus reservas en dólares sufren la disminución de su poder de compra de sus ahorros. Simplemente, no es posible atender integralmente estos temas sin una visión global y un presupuesto centralizado. Un presupuesto que no dependa de la capacidad o voluntad de los países para ser cubierto.
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Out en primera: Soberanía vs. Humanidad
Por Julio Castellanos
Ciertamente los principios de Soberanía Nacional y la No Intervención en Asuntos Internos existen en el acervo del Derecho Internacional Público, no son inventos, ni recursos discursivos, están allí y probablemente seguirán acompañándonos por mucho tiempo más. No obstante, los avances técnicos y las capacidades humanas, tanto para la creación como para la destrucción, obligan a notar una tensión que suponen dilemas éticos, económicos y políticos.
¿Los venezolanos y su gobierno tienen derecho a destruir el patrimonio ambiental, fuentes de agua y biodiversidad presente en su territorio para la obtención de oro, diamante y otros recursos, a razón de satisfacer las necesidades económicas del presente? En este sentido no hay puntos medios, no existe una “minería ecológica”, pero el debate no solo es si puede o no ocurrir la depredación ambiental sino establecer la legitimidad de la acción, es decir, ¿corresponde a los venezolanos tal decisión?, ¿es de los venezolanos o de toda la humanidad la responsabilidad de preservar el equilibrio ambiental para esta y las futuras generaciones?
Sabemos que no existe un gobierno del mundo, la ONU es una instancia para la interacción entre los distintos Estados considerados soberanos, pero, atendiendo la factibilidad técnica que disponen hoy los humanos para su propia destrucción ¿es correcto que los bienes y patrimonio de toda la humanidad estén sujetos al arbitrio de uno o algunos Estados? Por ejemplo, China y Estados Unidos son los Estados que tienen mayor responsabilidad en la emisión de gases que provocan el calentamiento global y el cambio climático, ¿es un argumento sólido frente al resto de la comunidad internacional el que esos Estados digan que sus decisiones están amparadas en la soberanía nacional y en la no Intervención en los asuntos internos?
Ni Estados Unidos, ni China tienen derecho a decidir sobre el clima global, tampoco Venezuela tiene derecho a destruir su propio territorio, ni sus ríos, ni su biodiversidad, a cambio de circunstanciales beneficios minerales, porque tal patrimonio aunque esté dentro de las fronteras nacionales no pertenecen a los venezolanos, pertenecen a toda la humanidad. El impacto de destruir valiosos recursos hídricos no solo lo sentirán los venezolanos, lo padecerá toda la humanidad. El dilema ético es obvio, lo que no está claro es cuál respuesta dará la comunidad internacional a este dilema.
@rockypolitica