Cuando el Estado de Derecho brilla por su ausencia, las dictaduras y en general los gobiernos de facto, sean forajidos o fallidos, dictan el marco regulatorio que mejor se adapte a sus intereses y al manejo de sus políticas y, además, que les proporcionen las herramientas para mantenerse a toda costa en el poder, sin importarles el respeto a los derechos humanos ni las miserias que afecten a su población como consecuencia de sus desatinos, por más graves que estos sean, e ignoran la opinión pública internacional cuando esta hace intentos para que los mandones de turno entiendan la necesidad de volver al cauce de la institucionalidad mediante un proceso transicional pacífico que conduzca al restablecimiento de la institucionalidad por elecciones libres y competitivas.
La población, en general, puede ver ese enfrentamiento entre un gobierno de esas características, y quienes lo adversan, como algo inútil o banal; y puede caer en una apatía o estado de anomia y, en consecuencia, se aparta de toda actitud positiva o que pueda ser vista como opositora, resignándose a recibir los mendrugos que desde las altura del poder deja caer el factotum totalitario a través de una caja con alimentos nada saludables, o se dedica a la economía informal en un alocado mercado donde se impone una moneda de pago que obtenida por la prestación de servicios secundarios le permite alcanzar bienes y servicios porque su escuálido sueldo “no le alcanza ni para comprar el relleno de una arepa” (www.lapatilla.com/2021/03/19/en-venezuela-los-salarios-no-alcanzan-ni-para-comprar-el-relleno-de-una-arepa/).
Pero a la vez, esa misma población que, si bien puede no ser analfabeta, realmente no entiende de política y menos aún que exista un gendarme “necesario” que la oprime, persigue y castiga, observa a grupos opositores en permanente diatriba de altos decibeles que van elevándose en la medida que se multiplican por las redes sociales, sin resultado alguno para los problemas nacionales que, al contrario, se van profundizando; y es allí donde ese conglomerado opta por culpar de todos sus males a los dirigentes políticos.
Los expertos en ciencias sociales con seguridad tienen una mejor explicación que superan las especulaciones que anteceden, pero a mi modo de ver, el hecho de que la población mayoritariamente desconozca sus derechos, impide que pueda salir a defenderlos. De nada sirve, por ejemplo, salir a una plaza pública para pedir el cese de la represión con armas de guerra si el manifestante desconoce que tiene derecho a protestar pacíficamente y que el uso de esas armas está proscrito. Podrá asistir y expresar su desagrado y hasta el riesgo de ser atropellado violentamente y con saña por un psicópata, pero no comprenderá que su lucha en ese momento era por sus derechos.
En la actualidad, en Venezuela circula un papel titulado pomposamente “proyecto de ley de las ciudades comunales” en el que se comienza diciendo que el expresidente Hugo Chávez delineó la ruta para superar el viejo Estado signado por la exclusión social con la propuesta estratégica del desarrollo del socialismo en las cinco dimensiones ética, política, social, económica y territorial, con el objetivo de asegurar el ejercicio de la democracia participativa y protagónica contenida en la Constitución mediante el sistema de agregación comunal, como apuesta para prefigurar una sociedad impregnada de una nueva espiritualidad socialista capaz de superar la decadencia capitalista, y lograr la irrupción del nuevo Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia; y ese proyecto, aparte de las falsedades intrínsecas que lo afectan y la ignorancia en que incurren sus redactores con respecto al derecho constitucional, muestra a simple vista que su objetivo es establecer un marco seudo jurídico que facilite el control total de la ciudadanía y el desmembramiento de la familia como célula fundamental de la sociedad.
En los círculos profesionales, académicos, gremiales, políticos -en fin, en las organizaciones no gubernamentales sensibles a la democracia y los derechos humanos se han abierto foros de discusión sobre el aborrecible texto comunal en los que los ponentes y participantes han puesto de manifiesto las aberraciones que contiene, que son de tal gravedad que un evento del pasado 17 de marzo fue intencionalmente saboteado por sedicentes defensores del sistema comunitario quienes “hackearon” el webinar interrumpiendo con vulgares grafitis y soeces palabras, con lo que demostraron la preocupación de los propulsores del proyecto de que la opinión de quienes adversan su contenido sea masivamente conocida. Afortunadamente, la situación fue controlada y las exposiciones se desarrollaron normalmente hasta por 3 horas.
Dentro de las conclusiones que se han obtenido del foro fallidamente estropeado se halla la necesidad de debatir abiertamente el tema con miras a que la población adquiera conocimientos sobre la creciente amenaza que se cierne sobre el mínimo resquicio de libertades que pueda restar en Venezuela; y, dentro de ese debate se hace indispensable la difusión del derecho, pues así como en los círculos de la sociedad civil organizada se efectúan continuos eventos, pomposos o discretos, masivos o de asistencia restringida, en el que los más sabios debaten sus ideas e instruyen a quienes tienen acceso a los mismos, debe nutrirse a la población mediante la difusión didáctica de los derechos consagrados en la Constitución como carta magna, para que los asimile y entienda, de manera que el día que acuda a una protesta sepa, a conciencia, que lo está haciendo en defensa de sí mismo, de sus derechos y el de sus compatriotas.
Arturo Uslar Pietri sostuvo por más de dos décadas un programa televisivo en el que recibía a la audiencia con su famoso saludo “amigos invisibles”, y desde allí popularizó su “siembra del petróleo”, eslogan que se hizo del uso común de los venezolanos; porque el célebre escritor se lograba comunicar con el televidente y captaba toda su atención: no le era suficiente dominar el escenario, sino que la información que dejaba fluir era de fácil comprensión.
Por su parte, José Gabriel Sarmiento Núñez, en un artículo publicado en El Universal de Caracas en abril de 1958, a los tres meses de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, titulado “Difundamos el derecho”, decía:
“( … ) es necesario que las colectividades a quienes aprovecha y rige la ley conozcan, en sus formas más simples, donde comienzan y donde terminan los campos jurídicos de cada uno. Y así como en todas las regiones del orbe se hacen eficaces campañas de superación colectiva -de cultura y de salud, por ejemplo- en igual forma deben intensificarse la lucha por grabar indeleble y llanamente en el alma de los pueblos, las Normas fundamentales del Deber y del Derecho”.
De manera, pues, volquémonos al pueblo para enseñarle con todos los medios al alcance, con lenguaje sencillo y de fácil comprensión, de qué manera se verían afectados los ciudadanos en caso de ser impuesto el pernicioso intento de texto legislativo para que, con el debido conocimiento, ejerza su derecho de impedir ser atropellado y pueda exigir que cese la amenaza que para la libertad de todos lleva en su seno el fatídico asunto de las ciudades comunitarias.