En varias ocasiones se han efectuado discusiones académicas y políticas, sobre el régimen chavista primero, y del actual de Nicolás Maduro. Lo cierto es que desde el 1999 hasta la presente fecha, el país ha sido víctima de las tropelías más inimaginables, por parte de quienes detentan a mala hora el poder.
Hugo Chávez entró en la escena política el 4 de febrero de 1992 con un alzamiento militar, que fue derrotado y su jefe de la intentona encarcelado. El hastío con la clase política tradicional era tan grande que Chávez recuperó la libertad dos años después, convertido en la figura política más popular del país. No le costó demasiado ganar las elecciones de 1998 y convertirse en presidente.
Con ese antecedente, no era nada extraño que su gobierno haya sido cuestionado desde el principio, por su talante autoritario y falta de apego a las reglas de la democracia. Su voracidad por el poder y su convulsivo desprecio por las opiniones de voceros de la oposición, se convirtió en el pan de cada día, y así lo manifestaba en sus diarias diatribas televisivas. El mismo intento de golpe en el año 2002 lo legitimó aún más.
Chávez murió en el 2013 y su sucesor Nicolás Maduro heredó un gobierno que se cerraba cada día más. Sin el carisma ni el liderazgo de su fallecido jefe, le ha resultado difícil desde entonces convencer a la mayoría del pueblo venezolano de vivir en un país en el que menguan todos los días los derechos previstos en la Constitución Nacional.
Su ofensiva para terminar con la democracia en Venezuela comenzó el 30 de marzo de 2015 , con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir todas las funciones de la Asamblea Nacional, que debido a la presión internacional ordenó dar marcha atrás dos días después, acción que duró poco por cuanto a través de la fraudulenta y plenipotenciaria Asamblea Constituyente disolvió definitivamente el parlamento.
No hay duda alguna de que Venezuela se transformó en una dictadura constitucional, término que denota la forma de gobierno dictatorial en la que el poder se concentra de manera autoritaria o totalitaria en las manos de un dictador o grupo de personas, controlando estos, directa o indirectamente, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por lo que no se asienta el principio de separación de poderes, requisito indispensable según Montesquieu y la corriente politológica mayoritaria, para que la forma de gobierno se configure como Estado de derecho; junto con el requisito de la consagración constitucional de los derechos fundamentales.
Las consecuencias de la instauración de un gobierno dictatorial son impredecibles, por cuanto estos regímenes son responsables de la persecución, tortura y la reducción de las libertades individuales y colectivas.
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