Comenzamos este mes de diciembre con una tendencia preocupante desde 2015, cuando la elección de una Asamblea Nacional dominada por la oposición llevó al gobierno nacional a establecer una política oficial de desconocer la principal función legislativa en cualquier cuerpo colegiado de este tipo, como es el «control político» a través de la discusión y aprobación del presupuesto en forma transparente, pública y verificable por el ciudadano común, para lo cual se utilizaron diversas figuras, desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta una Asamblea Nacional Constituyente que duró años y no cambió un solo articulo de la Constitución de 1999.
Esta situación, ha convertido las cuentas nacionales en un verdadero misterio, donde se hace imposible a estimación concreta de los ingresos y egresos de la administración central y crea el ambiente para situaciones de corrupción, como la pérdida de los miles de millones de dólares de Pdvsa, que afortunadamente el Ministerio Público ha investigado y procesado, capturando un buen número de funcionarios implicados.
Considerando que la Constitución ha creado un sistema de planificación que va desde el Consejo Federal de Gobierno hasta los Consejos Locales de Políticas Públicas y que este esqueleto o estructura ha sido reforzado con una serie de leyes que establecen la existencia de un Plan Nacional o Plan de la Patria, que deriva en los Planes Regionales de Desarrollo, que dan forma a los Planes Estadales de Desarrollo, que a su vez se arman con los Planes Municipales de Desarrollo, que se apoyan en los Planes Comunales de Desarrollo, sostenidos en los Planes de Desarrollo Comunitario de cada Consejo Comunal, no es exagerado pensar que después de tantos años de la creación de estos organismos, en Venezuela, todas las variables sociales y ambientales han sido mensuradas (medibles en alguna escala), siendo en este sentido utilizadas para diagnosticar situaciones específicas y presentar los planes referidos anteriormente.
El detalle, en cuestión, es que se vuelve una tarea imposible acceder a dichos datos (asumiendo que existen), por parte de los ciudadanos comunes y especialistas en administración, por lo cual invito a la persona que lea este artículo de opinión a que comience a buscar los Planes Estadales de Desarrollo de cualquiera de las 24 gobernaciones o los Planes de Desarrollo Municipal de cualquiera de los 335 municipios de Venezuela y verá que es una tarea imposible tener acceso a la información, lo que es una tragedia nacional de arriba a abajo, pues estamos hablando de la esencia de la administración, como es la existencia de un diagnóstico que lleve a un Plan, que genere una organización para cumplir el mismo y establezca pautas de dirección y evaluación, que permitan eficazmente alcanzar objetivos concretos.
Desafortunadamente, en Venezuela, parece que la denominada democracia participativa y protagónica, solo sirve para los discursos y no existe intención, especialmente en los alcaldes oficialistas, comprometidos moralmente con la propuesta del Estado Comunal de Hugo Chávez, de compartir las responsabilidad de gobierno y mucho menos de «transferir la chequera» a los ciudadanos, como fuese el deseo del difunto presidente, siendo digno de recordar el denominado «golpe de timón», que ha sido una demostración muy clara, del divorcio existente entre el discurso revolucionario bolivariano y la conducta consuetudinaria de alcaldes y gobernadores, que jamás se han preocupado por apoyar a los consejos comunales para la realización efectiva de los ciclos de planificación comunitaria, establecidos en su ley respectiva, para que los más de 48.000 consejos comunales tuviesen un plan ordenado de desarrollo social y económico microlocal, lo cual no parece ser tampoco la intención de los miles de concejales electos, que temen al surgimiento de comunidades contestatarias, que reclamen soluciones y elaboren planes propios, que no dependan de manipulaciones dentro del Concejo Municipal.
En el siguiente nivel, el de las denominadas Comunas, es donde se pueden apreciar más concretamente, las intenciones de los alcaldes, así como su temor al pueblo, ya que su conducta generalizada, impide en la practica, la existencia de los Planes de Desarrollo Comunal, llegándose al extremo de que muchos alcaldes, desconocen que por Ley Nacional, la denominada comuna, es la unidad básica de planificación de servicios urbanos, lo que demuestra que no tienen ningún compromiso político ni moral con el discurso de cambio revolucionario que en 1999 y 2006, ha planteado las vías para la creación de nuevos modelos de participación política, de lo que se suponía, debió ser un modelo de » democracia directa», generando con ello la natural frustración de los planes hacia niveles superiores de planificación.
Con estas situaciones planteadas es fácil comprender el porqué en nuestro país los presupuestos de alcaldes y gobernadores se aprueban sin que se les cambie ni siquiera una coma (,), puesto que no existen los mecanismos científicos para presentar propuestas o proyectos concretos por parte de las comunidades, que además de formular los mismos, debe tener canales de comunicación para defender sus propuestas en otras instancias.
A esto, se le suma un fenómeno político particularmente grave, como es el «servilismo político» de muchos concejales, que actúan como mayordomos y peones de los alcaldes y no tienen el valor personal, ni el compromiso político comunitario de tener iniciativas propias y ser capaz de contradecir al alcalde, siendo esta situación muy común en los Consejos Legislativos de casi todos los estados, asumiendo que deben existir individualidades, que anteponen las necesidades de las comunidades que representan a las arbitrariedades que genera la falta de planificación, tan propia de la actual coyuntura histórica.
El presupuesto participativo, es la esencia de la democracia directa, que se construye desde abajo y que ha tenido variados ejemplos en Venezuela, desde la Gobernación del Estado Bolívar en los años noventa hasta la Alcaldía de Chacao y que en tiempos actuales, el mismo gobernador del estado Miranda ha celebrado hasta consultas públicas para aplicar dicho modelo en su gestión, por lo cual, no se puede dejar de denunciar a los alcaldes y gobernadores que rechazan al pueblo y no le permiten alcanzar los niveles de desarrollo institucional que se requiere para un nivel mínimo de autogobierno sostenible en el tiempo, siendo tales ciudadanos los responsables del mal funcionamiento del país, en muchos sentidos, escondiéndose detrás de excusas y situaciones que solo utilizan para camuflagear su falta de sensibilidad social y formación políticos armiño trágica, en el manejo de los asuntos públicos.
Son los mismos, que después se quejan de porque las comunidades no salen a votar por ellos, cada vez que ocurre un proceso consultivo, pretendiendo engañar a las comunidades con un discurso que no practican.
Ya veremos en la prensa nacional, la publicación de datos muy incompletos sobre este tema, en todo el país, así como la impotencia de concejales y diputados opositores por conseguir una información financiera, que les son negadas por las autoridades a todos los niveles.