El régimen en franca huida hacia adelante se burla de una potencial invasión, ordenan a sus decrepitas milicias ir a la “defensa patriótica y soberana”, listos para “ofrendar sus vidas”; arenga y supuestamente moviliza a la pretoriana fuerza militar y a sus protegidos colectivos, se escuda a través de interminables discursos sobre el potencial apoyo militar ruso-chino, de las milicias talibanas, iraníes, de la guerrilla colombiana y afirma cínicamente en una acción propagandista que darán la batalla contra el gigante del norte y saldrán triunfante lo cual revela en sus expresiones el miedo en la boca de su promotor.
Simultáneamente, buscan frenéticamente la celebración de elecciones parlamentarias obviando naturalmente la presión de irse, negándose a reconocer que son un gobierno ilegitimo, tomado a la brava, usando la fuerza y violación de los derechos humanos a despecho que, nacional e internacionalmente hayan sido declarados usurpadores del poder, donde sus funcionarios corrompidos y la propia acción operativa es sometida a la presión internacional que se hace cada vez más poderosa y fulminante.
Como consecuencia que el régimen y sus apéndices desconocen que son producto de un fraude electoral presidencial unido a la desesperación de mantener el poder, despliega la estrategia de preparar elecciones parlamentarias a como de lugar; incluso, no les interesa sin consiguen la mayoría o no con tal que dicho proceso sea reconocido y como consecuencia directa pretenden que se legitime y se despliegue el acto como una bandera de éxito proclamando victoria y legitimidad democrática, consecuencialmente, dar continuidad al régimen pretendiendo usar las herramientas electorales como la gran excusa para reventar la estrategia de usurpación y continuar con su bochornoso proceso comunista por largo tiempo.
La solución a la crisis venezolana se ha polarizado en una diatriba entre elecciones libres y transparentes, y una intervención humanitaria militar de países coaligados destinada a restaurar la democracia con el apoyo interno de su población y de las instituciones sobrevivientes. La primera, de aspiración generalizada orientada a celebrar elecciones generales, es decir, presidenciales y parlamentarias, condicionadas a la salida del régimen dictatorial, la instrumentación de un gobierno de transición con poder de decisión, el nombramiento de nuevas directivas electorales nacional, y regionales, el desarrollo de un sistema manual de votación y la limpieza o creación a fondo del registro electoral.
La segunda, basada en una posición de fuerza coaligada en defensa de la democracia no solo de Venezuela, sino del continente contra un régimen que no reconoce que es usurpador, que se mantiene a como de lugar en el poder, que hace abstracción de su ilegalidad apoyado en una alianza antidemocrática en poder de un invasor que gobierna al estilo de un protectorado y a la preservación de los intereses expansionistas y militares de Rusia-China, del islam y de gobiernos antidemocráticos ansiosos de preservar su influencia explotando los recursos naturales, protegiendo el comercio ilícito de bienes y servicios, preservando los objetivos de penetrar y defenestrar los gobiernos democráticos del continente para extender sus objetivos geopolíticos.
Pocos son realistas de esta percepción, caen en una trampa, incluso estimulan ir a elecciones parlamentarias sin condiciones integrales, excluyendo la elección presidencial, y sus argumentos, se basan en la opinión insensata que la mayoría abrumadora de la población iría a las elecciones parlamentarias y derrotaría al sistema. Obviamente olvidan los obstáculos para participar de tres millones de votantes desparramados por medio mundo, las migraciones internas y las falsas identidades ubicadas en más de dos mil centros claves controlados directamente por el régimen.
La estrategia inicial de poner fin a la usurpación es expresada constitucionalmente por el presidente interino la cual es apoyada nacional e internacionalmente, pero ya nos parece natural la expresión generalizada que la salida es electoral y, que bastaría la designación de una directiva del CNE y la presencia testimonial internacional para a resolver el problema, ignorando que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo anuló el sistema electoral, que sugirió oportunamente el desmantelamiento integral del Consejo Nacional Electoral desde su directiva hasta los funcionarios a nivel regional, que sentenció sobre la elección manual general, y declaró usurpador a quien encabeza el régimen con la consiguiente condena penal.
Está muy claro que no se pueden hacer elecciones sin desplazar al régimen, de reformular el sistema electoral y designar una digna directiva del CNE sin resolver los asuntos que han permitido el fraude continuado basado en un registro electoral hipertrofiado, no confiable, donde existen cientos de miles de votantes virtuales o falsos, donde la población masivamente abandonó al país o simple y llanamente se movió significativamente de sus lugares de residencia a centros poblados con relativos mejores servicios, donde el registro electoral fraudulento fue construido para favorecerlo, donde se integraron circuitos electorales críticos, donde miles de ellos están bajo control total de régimen mayoritariamente ubicados en centros oficiales incluyendo los cuarteles, organizados y vigilados que nos hace recordar el dicho de “zamuro cuidando carne”.
El poder ejercido militar y policialmente presiona al pueblo para preservar el esquema explotador permitiendo que la soberanía nacional pase a otras manos y la diatriba política se centre en una disputa entre países democráticos y antidemocráticos con los objetivos de estos últimos al mejor estilo expansionista del siglo pasado de regresar con vestido moderno para el apoderamiento continental.
La solución a los problemas venezolanos comienza a plantearse entre una fórmula electoral idiota y la participación de la coalición de una fuerza humanitaria para desplazar a los secuestradores del país a los cuales hay que someter a despecho de continuar sus ignominiosas prácticas de control, explotación y violación de los derechos humanos.
Un argumento que refuerza la posición democrática del venezolano es su opinión objetiva, movilizada y actualizada; hagámoslo mediante una consulta popular vinculante, organizada por la sociedad civil cuyos resultados se hagan del conocimiento global dando respuesta documentada que la población venezolana tiene el deseo y necesidad de no continuar con este nefasto régimen, que se vayan del poder sus corruptos dirigentes, que necesitamos de un gobierno transitorio y demostremos al mundo que su intervención tiene que ser más fuerte que la respuesta retórica o diplomática, y que el país no puede continuar sólo con el estado de cosas que nos subyuga, que ha sido invadido silenciosamente convirtiéndonos en un protectorado comunista sujetos al crimen organizado.
La manifestación integral del deseo de la población le dará a la comunidad internacional el mejor argumento para contribuir a liberarlo de sus ataduras, conducido por un efectivo gobernó transitorio que disponga de un Consejo de Gobierno procedente de la impoluta sociedad civil y que organice de manera independiente el sistema electoral necesario para ingresar de manera correcta al sistema democrático formal sin descuidar el desarrollo de medidas emergentes para recuperar al país.