El leitmotiv de las conversaciones en México, iniciadas el pasado mes de agosto entre las representaciones de la oposición democrática venezolana y del gobierno de Nicolás Maduro, con la mediación del Reino de Noruega y el gobierno de México es, en esencia, la búsqueda de acuerdos, una vez más, para superar la grave crisis que azota a Venezuela. Sin embargo, el proceso, como en anteriores oportunidades, se presenta extremadamente difícil. Dos visiones diametralmente opuestas de nuestro devenir político, una, de centro, regida por los valores fundamentales de la democracia representativa; otra, de izquierda, que desconoce esos valores y considera a la revolución como centro fundamental de su accionar político, se enfrentan en medio de una compleja situación económica y social, que somete al pueblo venezolano a grandes sacrificios, entre ellos, el hambre y la violencia. El aspecto que más dificulta este diálogo es la falta de legitimidad, nacional e internacional, de Nicolás Maduro como presidente de la República, agravada por la gran desconfianza, existente en nuestro pueblo y en la mayoría de los gobiernos democráticos, en el sistema electoral venezolano. De allí que la exigencia fundamental de la oposición democrática es la designación de un Consejo Nacional Electoral, mediante un proceso estrictamente apegado a la norma constitucional, sin negociaciones ni pactos políticos, totalmente independiente y en capacidad de impedir que se repita lo que ha venido ocurriendo, desde hace más de diez años, al comprometer el respeto y la credibilidad en el voto popular como medio de expresión política y soberana de los ciudadanos.
Las reuniones se iniciaron el 15 de agosto de 2021 en Ciudad de México. La primera de ellas se realizó con la presencia del canciller Marcelo Ebrard y del diplomático Dan Nylander, representantes de México y Noruega, respectivamente. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana fueron representados por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Gerardo Blyde, prestigioso líder opositor. Después de tres días de conversaciones, el gobierno del Reino de Noriega emitió un comunicado en el cual afirma: “Hemos discutido el establecimiento de un mecanismo de consulta con los actores políticos y sociales, el cual incluye la máxima precaución respecto a la reserva del proceso, la necesidad imprescindible de mantener sus interioridades sin debate público y la necesaria prudencia que debería existir en sus comentarios”.
El breve texto estableció que se volverían a reunir, en Ciudad de México, desde el 3 al 6 de septiembre de 2021, para discutir los aspectos políticos fundamentales de un posible acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. La exigencia a los actores de mantener la máxima prudencia limitó las informaciones y, por lo tanto, el interés de los ciudadanos en sus resultados, así como la importancia política de estas reuniones.
De todas maneras, la opinión pública pudo enterarse de que se habían discutido siete puntos fundamentales, en esta primera reunión, entre los cuales resaltan las peticiones realizadas por la oposición para establecer reales y suficientes garantías electorales para todos los actores, mediante un cronograma electoral y la aceptación de un proceso de observación de los procesos comiciales por expertos internacionales; y la petición del gobierno madurista sobre el levantamiento de las sanciones económicas y la restauración del derecho al acceso a activos venezolanos bajo custodia de gobiernos extranjeros. Además se ratificó el compromiso de cumplir con las pautas establecidas, incluyendo la de mantener “máxima precaución” respecto a la reserva y la prudencia en los comentarios sobre el desarrollo de las conversaciones. El breve texto concluyó indicando que se volverían a reunir de nuevo del 3 al 6 de septiembre, sin ofrecer mayores detalles. La relevancia internacional de dichas conversaciones se produjo después del comunicado conjunto emitido por Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, en el cual expresaron su deseo de éxito en las conversaciones y le solicitaron a las partes “involucrarse de buena fe para llegar a una solución que abarque la crisis venezolana”. Lamentablemente, como en otras oportunidades, no se produjo ninguna decisión ni hecho tangible que pueda augurar el ansiado retorno al ejercicio pleno de la democracia por parte del pueblo venezolano.
Es necesario, ahora, analizar y determinar las causas que impiden poder avanzar en un proceso democratizador de nuestro sistema político. En lo que respecta a la oposición, su planteamiento, en mi criterio, es ética y moralmente inobjetable: exigir acatamiento a la Constitución, respeto a los derechos humanos, celebración de elecciones libres y verificables y la vigencia plena del Estado de Derecho. En lo que respecta al gobierno de Nicolás Maduro, su vocación hegemónica y autoritaria ha generado una asfixiante situación en contra de la sociedad venezolana, la cual ha originado una diáspora, sin solución de continuidad, que amenaza la estabilidad de la región. Así mismo, existen gravísimas acusaciones de violación de derechos humanos contra la administración madurista e importantes investigaciones contra algunos de sus funcionarios por delitos financieros de carácter internacional. Esa situación ha llevado a un conjunto de gobiernos liderados por Estados Unidos y la Unión Europea, de acuerdo con sus intereses, a imponer sanciones, tanto a funcionarios del gobierno en una primera instancia y al gobierno como un todo en una segunda instancia. En definitiva se puede colegir que no es precisamente con la oposición democrática, con la cual se puede realizar una negociación que conduzca a la suspensión o eliminación de sanciones porque, simplemente, no tiene el poder para hacerlo, a menos que se quiera usar como excusa para no ceder en nada. Se puede inferir además, que no tendría objeto una reanudación de las conversaciones, si la condición impuesta por el gobierno sigue siendo la misma, es decir la eliminación de las sanciones. En mi próximo artículo me referiré a los resultados de las segundas conversaciones que se desarrollaron, entre los días 3 y 6 de septiembre, para valorar si hubo alguna superación de la compleja situación actual.