El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, para conmemorar la firma de la Declaración Universal redactada por los miembros de la ONU en 1948. La Declaración, a pesar de ser apenas un enunciado de principios, es sin embargo el primer instrumento jurídico internacional que agrupa el mínimo común denominador de derechos universales e inalienables contenidos en todos los países y todas las culturas del mundo. De ella derivan todos los acuerdos, convenios, y tratados que se han suscrito desde entonces para promover y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Son treinta derechos y libertades que pertenecen a todos y cada uno, y que, de acuerdo con lo acordado por los propios Estados representados en la ONU, nadie nos puede arrebatar.
Ciertamente, mucho se ha avanzado desde el período de la posguerra hasta hoy, del mismo modo que mucho se había avanzado desde la aparición en el siglo XVIII de las primeras nociones de estos derechos naturales e inherentes al hombre, y su consagración en el dispositivo internacional cuya firma se celebra los 10 de diciembre de cada año. Sin embargo, a pesar de estos avances tanto en las legislaciones de los países como entre los países, por mucho que se intente celebrar el positivo y enorme balance en materia de derechos humanos, los hechos que vemos a diario en los medios de comunicación impiden hacerlo con demasiada euforia, antes por el contrario, los mismos dan cuenta del largo camino que aún tenemos por delante para avanzar en materia de derecho a la vida, o de seguridad y dignidad de la persona humana, por citar algunos de los más relevantes de estos preceptos.
Se podría hacer un breve recorrido por la guerra de agresión contra Ucrania y constatar los daños ocasionados por las bombas lanzadas por Rusia, o los ataques a la infraestructura eléctrica, proveedora de calefacción en momentos en que las temperaturas están ya por debajo de cero grados centígrados. Estos crímenes de guerra tienen un importante componente en materia de derechos humanos, por cuanto constituyen una afrenta contra la vida, contra la salud, contra la capacidad de alimentarse, de reunirse, de vivir en su casa, o de desempeñar un trabajo, por ejemplo.
De manera similar, podríamos detenernos en las acciones del régimen teocrático de Irán, donde se están llevando a cabo, bajo la acusación de “odio contra dios”,ejecuciones de jóvenes que osaron protestar en favor del derecho de las mujeres a no usar velo, y en solidaridad con Mahsa Amini, la joven asesinada por “no utilizar correctamente el hijab”, de acuerdo con lo reseñado por distintos medios de comunicación. Esas solas acciones violan docenas de derechos civiles, políticos, sociales y culturales, como el derecho a la vida, el derecho a asociarse, a expresar sus ideas y sus creencias libremente, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, a no ser sometido a torturas, tratos crueles o degradantes, entre otros.
También podríamos ir más lejos, hacia la zona autónoma de Xinjiang en China, donde Xi Jinping y las autoridades de Beijing mantienen en campos de “reeducación” a aproximadamente un millón y medio de personas en su mayoría de etnia uigur (aunque también se encuentran kazajos, kirguiz, otras etnias de origen turcas y de religión musulmana, además de cristianos) bajo el argumento de que son terroristas. De acuerdo con datos recogidos por la ONU, estos campos son escenarios de torturas, de trabajo forzoso o exterminio y podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Pero no hace falta buscar en otros continentes lo que se conoce de primera mano en casa, para entender la extensión de las limitaciones o deficiencias en materia de derechos humanos que existen en el mundo y que hacen que este día internacional sea más un día para recordar las tareas pendientes más que para celebrar los logros. Lamentablemente, en Venezuela se violan los derechos más básicos de 30 millones de personas. De toda una población, pero en particular de los ciudadanos más vulnerables, como son los niños, que al privárseles de su derecho a la alimentación se encuentran en estado de desnutrición causándoles serias deficiencias en su crecimiento y en su capacidad cognitiva; o como son los ancianos cuyas pensiones no alcanzan a los 9 dólares mensuales, y en consecuencia se alimentan mal o no pueden atender su salud adecuadamente después de haber trabajado y cotizado toda su vida en medio de una gran soledad y desamparo producto de la masiva migración de venezolanos que huyen de la ausencia de posibilidades de contar con una vida digna, otro de esos derechos contemplados en la Declaración Universal.
En los últimos informes de la Misión de determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sus expertos se han enfocado en lo que constituye su mandato, es decir, principalmente violaciones de derechos civiles y políticos a través de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Se han logrado identificar centros de tortura clandestinos, se contabilizan más de 10.000 ejecuciones en manos de la FAES y otras fuerzas de seguridad del Estado, y se han recibido testimonio de casi 1.000 personas (o sus familiares) que han estado presos sin haber cometido delito alguno, o que siguen presos por razones políticas.
Sin embargo, bien sabemos que la extensión de los derechos establecidos en el instrumento internacional y vulnerados por quienes controlan el poder en Venezuela es mucho más amplia y aumenta todos los días. Baste, por ejemplo, constatar el número de medios de comunicación cerrados o las privaciones arbitrarias a las propiedades de estos medios para comprender que la libertad de expresión está seriamente limitada en Venezuela. O recordar la obligatoriedad impuesta desde la coerción social que ejercen las autoridades para obligar a la población a asociarse a un carnet de la patria u otro artefacto, tiene como objetivo controlar a los ciudadanos en detrimento de sus libertades de reunión o asociación. O, incluso, la violación del derecho a la identidad de los venezolanos que viven en el exterior producto de haber quedado sin pasaporte vigente, cédula, o peor aún, apátridas, al negárseles una partida de nacimiento.
Mientras existan dictaduras que violen el Estado de derecho, mientras las vidas de las personas estén amenazadas por unos ególatras que creen tener derecho de imponerse por la fuerza a sus ciudadanos y a ciudadanos de otros países, mientras no exista libertad de expresión, opinión, asociación, mientras la propiedad no sea respetada; mientras las mujeres en Irán y otras teocracias estén sometidas a portar, contra su voluntad, un velo, y sean perseguidas por una policía moral; mientras en China mantengan en campos de concentración a minorías religiosas como los uigures, o mientras dictaduras como la de Maduro violen el derecho a la alimentación, a la salud, a tener un trabajo digno, a vivir en el país, a acceder a la justicia de manera oportuna, y mientras tantos otros derechos políticos sean borrados de los mapas de los Estados, hay muy poco que celebrar.