La situación política y económica de Venezuela interesa y conmueve a la vez a sus naturales y al mundo democrático. Cada día que pasa su condición se hace más dramática, resistiéndose de modo decisivo a tocar fondo. Quienes ahora gobiernan se niegan a reconocer que el fracaso es enteramente de ellos. La falta de hidalguía los conduce a actuar de manera ruin y a justificar obscenamente un estado de cosas que no tiene perdón humano ni divino.
Lo que está viviéndose en el terreno político y económico es sorprendente por insólito. Por un lado, se convoca a una elección presidencial para comienzos de diciembre de este año, fecha en la cual es poco probable que Venezuela y el resto de los países del mundo cuenten con un medicamento efectivo contra el nuevo coronavirus (COVID-19). Será entonces inevitable que la aglomeración de seguidores durante la campaña y de votantes el día de la elección generen un incremento significativo de contagiados y muertes que bien podrían eludirse si se decide actuar con la cordura debida. Pero lo señalado no es todo. Por primera vez en la historia de la democracia venezolana, tendríamos un evento en el que la campaña electoral sería una ficción por las restricciones de movilización que experimentarían principalmente los candidatos opositores y quienes los respaldan, a consecuencia de los problemas con el suministro de gasolina y las medidas de cuidado que deberán ponerse en práctica para evitar posibles contagios entre los participantes.
Por otra parte, en el flanco económico, el país se hace cada vez más improductivo por la improvisación e ignorancia de los aurigas de la revolución en áreas tan vitales como la agrícola, pecuaria, minera y de hidrocarburos. Los nombramientos que los máximos líderes de la nomenclatura revolucionaria han hecho en los organismos públicos vinculados a esos sectores, ponen de manifiesto que la experiencia y el tipo de especialización requerida para los respectivos cargos no han contado para nada. Lo realmente importante siempre ha sido pertenecer al alto mando militar o a la nomenclatura del partido de gobierno, obedecer sin miramientos las instrucciones que se dan desde arriba y practicar una lealtad absoluta a los postulados revolucionarios. Con tal tipo de praxis la resiliencia será muy dificultosa. Dos hechos, que referimos a continuación, lo ponen en evidencia.
La British Petroleum emitió recientemente un importante pronunciamiento acerca de su visión del sector de energía para los próximos 30 años. La corporación estima que la demanda de petróleo a nivel global se reducirá hasta 50%. De concretarse la anterior visión, las consecuencias para Venezuela serán inconmensurables dado el nivel de destrucción que ha alcanzado nuestro Santo Grial (Pdvsa) de acuerdo con el último reporte de Bloomberg. La prestigiosa empresa de información financiera expuso allí la magnitud del drama: durante el lapso que va de 1999 a agosto de 2020, la producción petrolera de Venezuela se desplomó de 3.400.000 a 310.000 barriles diarios, lo que representa una caída de 91%.
Se trata de una cifra espeluznante que pone de manifiesto la enorme cuesta que tendremos que remontar para colocarnos al nivel de la producción que llegamos a tener en esa época de oro de la Cuarta República y que, según Hugo Chávez, se inició en 1958 y concluyó con el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera. Lo real y verdadero es que durante ese “denostado período democrático” era impensable que se canibalizasen los equipos y oleoductos para sostener la producción petrolera, tal y como se lleva a cabo en el actual gobierno de Nicolás Maduro.
Estamos de acuerdo con quienes señalan que la abstención por sí sola no es suficiente; pero no podemos ignorar que ella, unida a la actuación de un árbitro parcializado (el nuevo Consejo Nacional Electoral, designado ilegalmente y a dedo por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que no podrá ser supervisado por la comunidad democrática internacional), son hechos que justifican posponer el evento comicial para un momento posterior, en el cual se puedan poner en práctica las diferentes medidas de control y supervisión internacional que legitime la trasparencia del acto.
Se trata, ni más ni menos, de un accionar consustancial a las prácticas democráticas. Lo otro no es más que dictadura pura y dura, esa que nos mantiene en el deterioro sin límites.
@EddyReyesT