Nuevamente el Estado hace uso del sistema de justicia para perseguir y encarcelar a quienes encabezan una lucha pacífica, electoral y constitucional de la mano de lo más sagrado en una democracia, como lo es el voto directo y secreto.
Cuando se conmemora el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, no puedo más que condenar la política de aniquilamiento que sigue ejecutando el Estado en contra de los derechos humanos y las garantías constitucionales, derechos civiles y políticos. Más inaceptable aún es el hecho de que es el mismo TSJ el encargado de vulnerar los derechos con persecución judicial en alianza con la justicia penal, que se encarga de permitir las detenciones arbitrarias, los tratos crueles e inhumanos degradantes, las torturas y la desaparición forzada de personas, como es el actual caso del directivo de la ONG Súmate, Roberto Abdul.
Denunció la esposa de Abdul que durante las primeras horas después de la detención no hubo ninguna información oficial sobre su paradero y también le negaron el derecho a la defensa privada. Indigna decirlo, pero en Venezuela todos los presos políticos son víctimas de un sistema de justicia politizado.
Es el Estado además responsable del empobrecimiento del pueblo por los salarios de hambre y pensiones miserables, una realidad que vulnera el derecho a la alimentación y a una vida digna. En cuanto a la salud, pacientes y familiares están en los hospitales a la deriva. También padece la población por las fallas de los servicios básicos, así como la violación del derecho a la libertad de expresión. El libre ejercicio del periodismo sigue limitado por el riesgo de persecución.
Estimados lectores, en Venezuela no hay nada que celebrar en los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Sigo manteniendo mi tesis de que la única esperanza que tenemos los venezolanos de que haya justicia es la Corte Penal Internacional.