Los más grandes expertos en los temas sociales que afectan a Latinoamérica se han estado inquietando por el efecto que la pandemia del COVID dejará en un continente que ha emprendido esfuerzos superlativos por aplanar las cifras de la desigualdad. Estos piensan que cinco meses de confinamientos y encierros, que aún están en marcha en buena cantidad de países, han sido capaces de borrar más de la mitad del progreso que el subcontinente había alcanzado en la tarea de la reducción de la pobreza durante los últimos 20 años. Esto por sí mismo transformará, sin duda, el mapa social de una vastísima región del planeta, además de que en países concretos, como Colombia, los hará retroceder de manera sustantiva en los temas que tienen que ver con la distribución de la riqueza.
Uno de los temas significativos en el país vecino es su altísimo componente de economía informal. Quienes militan en esas filas están sometidos a severas amenazas: el ingreso personal puede caer a cero, en primer lugar. Pero peor que ello es contar con un sistema institucional de seguridad de social que cojee o que sea insuficiente. No puede decirse que Colombia es de los países que dispone de una red establecida y sólida para transferir ayuda eficiente a los ciudadanos, los que en su mayoría no están bancarizados.
El caso es que si en el subcontinente latinoamericano 60% del contingente laboral se mueve dentro de la economía informal, en Colombia el porcentaje es menor, pero no deja de ser comprometedor. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que 47,6% de los trabajadores colombianos está laborando en condiciones informales, es decir, que un total de 5,5 millones de ciudadanos obtienen un ingreso a través de una actividad no registrada. De 11,7 millones de ocupados, el país cuenta con 6,1 millones de trabajadores formales y 5,5 millones se encuentran en la informalidad. Al día de hoy la informalidad se ubica en 48,5%, lo que equivale a que casi uno de cada dos colombianos recibe algún ingreso pero el mismo no es formal ni estable. Todo ello sin contar con que las estadísticas no reseñan al contingente de venezolanos emigrados -al menos 1,5 millones de seres adicionales- en condiciones de pobreza, cuya casi totalidad es informal y vive del rebusque.
¿Qué le dejará el COVID-19 a la hermana patria colombiana para cuando este haya sido superado? Habrá abonado el terreno para el populismo más perverso y habrá generado vulnerabilidad en sus instituciones al ahondar la brecha de la igualdad. Este populismo será aliñado por las izquierdas radicales, las guerrillas que aún están activas, los movimientos políticos subversivos y grupos subterráneos amantes y provocadores de violencia alimentados desde Venezuela y Cuba que buscan la desestabilización del gobierno y la siembra del descontento.
El poder se ha horadado, las instituciones se han debilitado. No en balde la tasa de aceptación del presidente en Colombia que llegó a ser de 52% en abril y mayo, en este momento se ha descolgado a 34%. Esa es otra de las perversas consecuencias de una situación de crisis que se ha prolongado a lo largo de todo este año y seguramente de parte del año 2021.