Es difícil no concentrar la atención sobre los procesos, resultados y trascendencia de las elecciones en México y Perú con sus ingredientes respectivos de violencia y polarización, sobre el indisimulado despliegue represivo del régimen nicaragüense contra la posibilidad de alternancia en el poder, sobre los sostenidos ataques a la institucionalidad democrática desde la presidencia de El Salvador. También, por supuesto y para comenzar, es imposible perder de vista la dura faena de los venezolanos en condiciones cada vez más precarias y sofocantes, a la vez que ponderando los riesgos y oportunidades del camino electoral regional y de las negociaciones de más amplio alcance que se vuelven a perfilar. No por casualidad, a todo esto lo acompaña el flujo incesante de migrantes forzados, tan sentido por venezolanos y centroamericanos. Comencemos por Centroamérica desde lo más reciente.
En lo que va de este año, las informaciones sobre los contactos y encuentros virtuales y personales con cancilleres y presidentes de países centroamericanos por parte de los más altos miembros del gobierno de Estados Unidos -presidente, vicepresidente, secretario de Estado, asistente especial del presidente y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, y el designado enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte- no solo evidencian la prioridad del complejo y sostenido problema migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. Son noticias e iniciativas que confirman el complicado equilibrio entre aspectos del desafío de las migraciones forzadas: lo responsable y lo factible, lo fundamental y la emergencia. Por una parte, está el franco interés por pasar del enfoque de la contención, el muro y el maltrato humano a una estrategia de mayor y mejor atención a los migrantes y, especialmente, a las razones que los mueven a arriesgar la vida. Por la otra, se requieren respuestas inmediatas ante el incremento de los flujos de personas y de sus impactos en los países de llegada, condicionando por ello la apertura de la frontera a la revisión de la estrategia y los acuerdos con los países de origen y de tránsito. La estrategia de mediano y largo plazo debe ser incidir en el cambio de las condiciones que provocan la emigración. En nuestro lado del mundo, esto debería ser mucho menos complicado que ante la crisis migratoria en el Mediterráneo, pero no ha sido así: viene rápidamente a la memoria el caso ya crónico de la emigración haitiana.
Es muy complicado lograr entendimientos y efectiva cooperación con Estados frágiles, en los que se origina la migración forzosa. Es esa fragilidad la que en Centroamérica concentra tránsitos a través y desde el Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador-, pero también se extiende a otros países críticos, como el propio México en su particular escala y como aliado esencial en este tema, y de modo superlativo Nicaragua. No es el caso negar el devastador impacto de los huracanes, otros trastornos ambientales, las olas económicas recesivas y ahora la pandemia del covid-19 sobre Centroamérica, pero la corrupción y la proliferación de negocios ilícitos, la violencia, las grietas institucionales y las pérdidas de democracia se convierten en trabas mayores: tanto para responder a los desafíos socioeconómicos y de seguridad pública, como para demandar y aprovechar con transparencia y eficiencia las posibilidades de cooperación.
Aquí entra, en su gigantesca escala, el caso de Venezuela con el flujo de millones de caminantes que transitan el continente hacia el norte y el sur. Así lo vuelven a ilustrar dramáticamente noticias recientes. De hace pocos días son las imágenes y los testimonios de venezolanos que comienzan a llegar al cruce de la frontera atravesando el río Bravo -de Ciudad Acuña a Del Río-, entre ellos la viajera mayor y sola, la señora Irma, que lo logró en brazos de otro migrante. Desde el sur, también son recientes las noticias sobre el nuevo grupo de venezolanos deportados por el gobierno de Chile, la gran mayoría por haber ingresado ilegalmente.
No faltan imágenes para evitar el olvido de la dimensión humana de la enormidad de una de las mayores crisis de desplazamientos del mundo, las condiciones de quienes parten y la actitud del régimen que no solo no atiende las necesidades que provocan la salida, sino que ha obstaculizado el retorno. Son circunstancias muy bien reflejadas -entre otros trabajos- en dos reportajes premiados: “Venezuela a la fuga: análisis de la crisis migratoria” (2018), trabajo conjunto entre Efecto Cocuyo y el diario El Tiempo, y el de un equipo de periodistas de este último medio titulado “Migrantes: resistir en medio de la pandemia” (2021).
Va haciendo historia -para bien- la actitud e iniciativas del gobierno de Colombia, el más importante destino y país de tránsito de nuestros migrantes forzados. En lo más inmediato, están la presentación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y el refugio a los miles de desplazados a Arauquita que han huido de los combates, la represión gubernamental y las retaliaciones entre bandos de guerrillas, militares, y fuerzas policiales enfrentados en la violencia en Apure. Muestras apenas, también debe ser dicho, de la disposición internacional a cooperar y asistir, desde otros gobiernos e iniciativas de solidaridad no gubernamentales e internacionales.
En lo más cercano en el tiempo, a finales del mes pasado se reunieron representantes de trece países latinoamericanos del llamado Proceso de Quito, iniciado en 2018, concebido para coordinar respuestas, solicitar cooperación internacional y cooperar regionalmente en la atención a los migrantes forzosos y a los impactos de su flujo, tan concentrado como está en Latinoamérica. El contraste entre las políticas de Colombia y otros países, no solo Chile, junto con la politización cada vez más generalizada y amenazante del rechazo al migrante evidencian los límites de la concertación regional.
Esta semana se reunirá en Canadá la tercera Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, que sigue los pasos iniciados por España, la Unión Europea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones. Más allá de la siempre insuficiente cobertura de las donaciones, en las declaraciones finales se ha insistido desigualmente en dos dimensiones: por un lado, que la crisis requiere recursos y disposición para atender tanto la situación de los migrantes como la de la emergencia humanitaria dentro de Venezuela, mientras que no cesan las solicitudes para que el gobierno permita la entrada de asistencia y la transparencia en su administración; por la otra, que el problema de fondo es la situación política, socioeconómica y de derechos humanos en Venezuela.
El reto mayor, interior y exterior, es no dejar de atender ambas dimensiones, conjugando del mejor modo posible lo responsable con lo factible, la emergencia y lo fundamental, manteniendo muy presentes las imágenes del deslave migratorio.