«Infeliz del magistrado que, autor de las calamidades o de los crímenes de su patria, se ve forzado a defenderse ante el tribunal del pueblo de las acusaciones que sus conciudadanos dirigen contra su conducta» SIMÓN BOLÍVAR
El régimen de Nicolás Maduro solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional, que limite la participación de las víctimas y los Estados denunciantes, en la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Solicitó, además, que no se permita la participación en el proceso de los Estados que remitieron la situación de Venezuela a la CPI, como Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. ¡Qué desfachatez!
Según lo publicó la CPI en su página web, la comunicación firmada por el canciller madurista Carlos Faría pide que se permita “únicamente la participación de las presuntas víctimas debidamente identificadas, mediante la presentación por parte de la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas, de un breve informe que resuma sus puntos de vista y preocupaciones, específicos de los casos contenidos en la documentación proporcionada por la Fiscalía”. ¡Qué desfachatez!
Este ardid de Maduro y su régimen busca que las víctimas no puedan presentar nuevos elementos y pruebas que sirvan para la investigación.
Sobre los países, el comunicado solicita que se determine que «los Estados Partes que hayan remitido la situación de Venezuela ante la Corte carecen de legitimación para participar de cualquier forma en el presente procedimiento».
Maduro quiere limitar participación directa de las víctimas en investigación de la Corte Penal Internacional (CPI). Ante esta situación, la CPI hizo pública la comunicación del Estado venezolano que busca impedir participación de las víctimas y de los cinco Estados que remitieron el caso a la CPI, a fin de dilatar al máximo el procedimiento por crímenes contra la humanidad en la Situación Venezuela I. La vigilancia y el monitoreo que las instancias internacionales de derechos humanos hacen sobre la situación de Venezuela ni es tiempo perdido ni esfuerzo malgastado. Así quedó claro en la solicitud que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, presentó para continuar investigando los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, y quedó claro en su solicitud que ha citado a distintos organismos del sistema interamericano y de la Organización de Naciones Unidas, para justificar su opinión de que el régimen no ha mostrado genuina voluntad para castigar dichos hechos.
En el documento que el jurista británico presentó el pasado 1 de noviembre a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) se menciona catorce veces informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en unas cuarenta ocasiones cita los tres reportes que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, ha emitido desde el año 2020.
Esto es una buena noticia, afirmó Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, quien durante una entrevista recordó que la Misión «ha presentado unos casos contundentes, muy rigurosos y unos análisis exhaustivos y con fuentes directas de víctimas, abogados y familiares de las víctimas», Daniels precisó que las indagaciones de este grupo se hacen con una perspectiva «criminalística», es decir, busca individualizar a los responsables.
En el tercer, y último reporte, publicado en septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos denunció que el gobierno venezolano utiliza a los servicios de inteligencia para «silenciar, desalentar y sofocar a la oposición». Asimismo, acusó a la justicia de no hacer nada para castigar los abusos.
Daniels también recordó que ya en el pasado, la Fiscalía de la CPI y otras instancias internacionales han colaborado, para intentar castigar determinados hechos, y puso como ejemplo el caso de Myanmar, país al que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también le aprobó una Misión similar a la que hay para Venezuela, y las investigaciones de este órgano aportaron pruebas para que la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, iniciara una averiguación por los delitos previstos en el Estatuto de Roma.
Asimismo, saludó que Khan tome en consideración los pronunciamientos de la CIDH, por cuanto es el organismo internacional de protección de derechos humanos que más seguimiento ha hecho a la situación del país.
Cabe señalar que la CIDH ha publicado tres informes dedicados especialmente a Venezuela desde el año 2003, además de sus informes anuales. En este último tipo de informes, desde el año 2002 el país aparece en su capítulo IV, en el que figuran los países de la región en los que «hay una violación grave de los elementos fundamentales y de las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los Derechos Humanos».
Las reaperturas de casos y las condenas a algunos policías y militares, así como las reformas legales, la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otras medidas adoptadas en los últimos meses por las autoridades venezolanas, no han servido para convencer a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que están «investigando genuinamente» los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.
Esto lo denunció el fiscal en jefe del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), el británico Karim Khan, quien pidió a la Salad de Cuestiones Preliminares de la CPI para continuar sus averiguaciones sobre Venezuela, las cuales abrió hace un año.
Trascendió que el dictamen final de la Corte Penal International (CPI), se dará a conocer en marzo del año 2023, dictamen que el pueblo venezolano espera reivindique sus derechos humanos.
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