El 18 de septiembre de 2023, Control Ciudadano exigió al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “aclarar” la información sobre las aeronaves vinculadas al narcotráfico que han sido neutralizadas en los últimos años, con el fin de hacer “creíbles la política de derribo e inutilización” de estas. A través de una nota de prensa, la ONG que preside Rocío San Miguel exhortó al Ceofanb a aportar el mayor número de datos “para un control democrático de esta actividad”, en beneficio de “la seguridad y defensa nacional”.
Eso probablemente tocó uno de los flancos sumamente ingratos para la desacreditada jerarquía “cívico-militar” chavista y ayuda a entender por qué le cobran con la cárcel a San Miguel.
Los militares chavistas -que afrontan descontento en los cuarteles- al parecer tienen un modo muy particular de detectar aeronaves que violan el espacio aéreo venezolano. Antes han empleado esa táctica para atribuir presuntas incursiones a la “arrogancia imperial, en su estrategia de asedio”.
Pero Hugo “el Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia de Chávez y Maduro, les hizo en 2019 un planteamiento comprometedor que no han respondido: “Curiosamente estos radares sirven para detectar aeronaves estadounidenses, pero no para detectar aeronaves del narcotráfico auspiciado por Maduro”.
No hay que olvidar que al también encarcelado Javier Tarazona, que dirige la ONG Fundaredes, siguen cobrándole haber contribuido a conocer que el régimen de Maduro arrastró a la FANB a la guerra de guerrillas para defender a sus aliados de las FARC en el brevísimo conflicto que estalló en marzo de 2021 en Apure, donde mandos ineptos capitularon aproximadamente dos meses después frente a los rivales de Iván Márquez y el Cartel de los Soles en el negocio de la droga.
A los soldados enviados a la guerra de guerrillas en la frontera colombo-venezolana no les han explicado las causas del conflicto ni mucho menos las que llevaron a la rendición y la deshonra de la FANB. Pero la historia demuestra que los responsables siempre terminan rindiendo cuentas en tribunales marciales después de las derrotas. De allí el temor a perder el poder que atormenta a los militares que han acompañado a Maduro en la represión política y que cedieron territorio nacional al enemigo.
Tampoco conviene olvidar que la detención por el régimen chavista de la activista pro derechos humanos Rocío San Miguel el viernes 9 de febrero fue precedida por la expulsión de 33 militares de la FANB, anunciada por Padrino López el miércoles 24 de enero, supuestamente “implicados en conspiraciones” contra el gobierno.
El acoso chavista contra militares probablemente no se ha saldado, como parece demostrarlo el secuestro en Chile del teniente retirado Ronald Ojeda Moreno con ayuda del crimen organizado. Mientras tanto, el régimen de Maduro se arriesga en crímenes de derecho internacional como la persecución y la desaparición forzada contra activistas de derechos humanos, en lo que sugiere desesperación por ocultar que se extiende el descontento en los cuarteles.