Abusadas las expectativas más recientes, cualesquiera sean los porcentajes de aumento nominal decididos tan presidencialmente, las consecuencias serán las mismas en el esfuerzo de sojuzgar a la población mayoritariamente buscadora de empleo, mientras el resto hace de la precariedad un oficio al figurar en las vastas nóminas públicas. El sector privado prácticamente no existe, salvo que lo autorice la generosidad de los estamentos oficiales que le imponen a la postre el elevado riesgo de una por siempre sospechosa naturaleza de sus negocios.
Reiterado el drama por más de dos décadas, en propiedad, no existe el salario y mucho menos las prestaciones sociales en Venezuela, entre otras de las instituciones fundamentales del derecho del trabajo que ha experimentado tan descomunal retroceso. Hay, eso sí, una hiperinflación también verbal, porque las previsiones constitucionales y legales quedan únicamente como piezas publicitarias que no logran ocultar la cruel realidad en curso.
Acaso, en provecho de una recóndita mentalidad rentista de la que crecientemente nos percatamos, sobre todo si de cruzar las fronteras para sobrevivir se trata, los días de asueto que el régimen multiplica, entendiendo que los ingresos no alcanzan para sufragar el diario transporte público, incluso, convertido en costumbre desde antes de la consabida pandemia, no debemos confundirlo con la disminución de la jornada laboral en otras latitudes avalada por un importante desarrollo económico y un desafiante contexto tecnológico.
Son varios los carretes sueltos en torno a las libertades sindicales, la aparente estabilidad del trabajo, o, en el ámbito estatal, el subsidio de las tareas milicianas, por llamar así la premiación de los colectivos más comprometidos, con depósitos bancarios u otros beneficios en especies que probablemente no están presupuestados, ni les da alcance a todos los empleados públicos que dejaron muy atrás el pago de las horas extras para redondear la quincena. Además, por encima del ministerio de adscripción, siendo esenciales y decisivas las inspectorías para forzar una paz laboral que sólo luce como el congelamiento artificial de una peligrosa conflictividad que sirve de extorsión política de los oficiantes del poder, difícilmente encontramos una solución jurisdiccional porque resulta costosa y ociosa, por sus inejecutables sentencias.
Muy bien podemos halar la punta del hilo, descubriéndolo como una cuerda cada vez más gruesa, capaz de clarificarnos respecto al trabajo como valor y, asimismo, tragedia en nuestro país: el llamado sistema Patria que se alza como un reto frente al derecho del trabajo y al administrativo, es aplicable al sector privado de la economía reforzando el control estatal; una radical flexibilidad laboral escondida en los pliegues de una normativa ornamental, ha de ser el único atractivo a reportar por las zonas económicas especiales, impleméntense o no; y la comunalización del trabajo para una economía de mera subsistencia, puede llevar a su milicianización, o franca militarización. En los cauces del socialismo del siglo XXI, ¿es posible otear un distinto horizonte?
@Luisbarraganj