La pluralidad del pensamiento y la acción –de ella hemos hablado en anteriores entregas a este mismo espacio– es una realidad inexorable en los sistemas democráticos y como tal es consecuencia de la diversidad de percepciones, enfoques y posturas que rodean los procesos de toma de decisiones de importancia para la sociedad en su conjunto. Los acuerdos son necesarios para lograr condiciones favorables a la acción de gobierno, también a la estabilidad institucional que facilita el cumplimiento de las políticas públicas. No es válido satanizar el pacto de suyo ineludible entre los factores políticos representados en el Parlamento; el diálogo sincero, desprejuiciado y transparente, aumenta las posibilidades de una serena y constructiva convivencia entre corrientes aún contrapuestas en el plano ideológico. Es el paso que debe darse para lograr la imprescindible gobernabilidad democrática.

En años recientes hemos asistido a la aniquilación del diálogo y del acuerdo político como posibilidades civilizadas entre las fuerzas que se disputan el ejercicio de la función pública. El régimen ha sido desde 1999 el primer responsable de la pérdida del espíritu democrático que había prevalecido entre nosotros desde el 23 de enero de 1958. Igual los factores de oposición llevan su cuota parte de incumbencia en esta calamidad nacional –sin que ello signifique, en modo alguno, que ambas partes hayan convivido en pie de igualdad–. Los reiterados disparates, malas juntas y desviaciones atribuibles a la oposición política no pueden obviarse en cualquier análisis objetivo. Naturalmente, existen honrosas excepciones en la dirigencia política opositora.

A estas alturas y dada la grave situación que atraviesa el país, no nos parece útil insistir en las causas y culpabilidades que han tenido que ver con nuestro acerbo destino. Ya sabemos quienes son, qué han hecho y cuáles son sus principios y valores morales que probablemente no van a cambiar. Y no es útil insistir sobre lo mismo porque vivimos en una Venezuela que todavía no cede ante el clamor de los menos favorecidos –los que sufren y mueren de mengua sin poder hacer nada para evitarlo–, los que apenas pueden sostener sus extenuados emprendimientos, los que siguen siendo víctimas del hampa común, los niños y jóvenes que no vislumbran futuro. Han transcurrido veinte años de innecesaria y absurda conflictividad política, de inexcusable ruina institucional que intercepta la razón y el Derecho, de predominio de excesos e irresponsabilidad en la gestión de gobierno, de merma violenta del patrimonio público y de masiva destrucción de valor en todos los campos de la actividad económica. Si el régimen persiste en sus conductas inciviles y desplantes al orden constitucional, no solo fracasará en sus intentos de prevalecer a como dé lugar sobre aquellos que se le oponen –comenzando por la ciudadanía que abrumadoramente expresa sus deseos de cambio radical–, sino que empeorará aún más las precarias condiciones de vida de la población.

Es indudable que ningún régimen político quiere ser objeto de persecuciones, bloqueos y sanciones que comprometan su permanencia en el poder. El clamor popular debe siempre colocarse por encima de aspiraciones partidistas. En nuestro caso, las particularidades del conflicto, con un régimen aislado, menguado en su capacidad de respuesta y una oposición lánguida y desarticulada obligan a las partes a sincerarse, pero sobre todo a entenderse. Por otro lado, radican formidables valores históricos encontrados con la absurda pretensión del régimen de romper lazos con Occidente.

Lo que el régimen tiene planteado ejecutar el 6 de diciembre no va a otorgarle estabilidad ni removerá las sanciones que hacen inviable la gestión económica y la solución de las enormes carencias que agobian a la población. Tampoco los dirigentes de oposición democrática van a lograr sus propósitos formulando mutuas acusaciones ni lanzando alternativas individuales y por demás debilitadas ante eventuales procesos electorales. ¿Acaso no fue suficiente el fracaso en las contestadas elecciones presidenciales de 2018? ¿Qué les hace pensar que esta vez lograrán sus objetivos electorales?

Si la oposición democrática tuviere sentido político e inteligencia para comprender las realidades y posibilidades de la hora actual, comenzaría por un “mea culpa” que reconozca sus propios errores de juicio y de actuación en episodios pasados y recientes. A partir de allí, tendría que replantear la misma unidad que aseguró el importante triunfo electoral parlamentario de diciembre de 2015 y de tal manera fijar una posición sólida ante la ciudadanía ya prácticamente envuelta en una suerte de resignación impotente. Urge pues la debida sindéresis del liderazgo opositor; un liderazgo compartido, de consenso y no impuesto por ninguna de sus fracciones, porque más allá de la confrontación política y jurídica con el régimen, el problema de los venezolanos es salir del tremedal histórico en que hemos caído. Y es que ¿cómo pueden pretender los líderes de oposición mejorar las condiciones del proceso electoral si se presentan divididos? ¿Cómo van a ganar verdadero poder negociador frente al régimen, si cada uno decide montar “tienda aparte”?

La Unidad Democrática es una necesidad imperiosa e indiscutible en el momento actual, un desafío inexcusable para quienes se sienten parte del liderazgo político llamado a confrontar los desequilibrios y anomalías que se observan en la institucionalidad del país. Y quede claro que la Unidad Democrática como propósito humano no puede ser perfecta; siempre habrá diferencias originadas en la pluralidad de pensamiento y acción referida en líneas anteriores. Pero el objetivo final que concierne a todos y cada uno de los aspirantes, tiene que ser reunificar al país en torno a los principios y valores de la democracia y ello como ha dicho repetidas veces el padre Luis Ugalde, S.J., incluye al chavismo; no puede haber restricciones excluyentes en ese magno esfuerzo. Después vendrán en buena lid las aspiraciones grupales e individuales, una vez se haya completado la tarea de reinstitucionalizar el país.

Vencer el inmovilismo que viene causando estragos en los últimos tiempos, tanto como esa tendencia individualista, egoísta y soberbia de quienes creen tener la razón por encima de los demás, son también desafíos. Siempre será más fácil dividir que unificar voluntades. El convencimiento y sobre todo el consenso es lo que deben todos abordar como prioridad, la gran responsabilidad histórica del liderazgo democrático.


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