Reiterar un tema sobre la base de planteamientos hechos anteriormente sobre las elecciones parlamentarias no es precisamente adecuado, pero el asunto diariamente aparece en las conversaciones habituales, medios y redes sociales destacando el hecho de las contradicciones de sus autores induciendo en la opinión pública dudas y controversias. Es por esa simple razón que volvemos a lo mismo, con otros argumentos que intenten clarificar las dudas en beneficio de la salud pública y la toma de decisiones de las personas.

Como es bien sabido, los partidos políticos, cerca de veintisiete agrupados en la Asamblea Nacional mediante representantes de los mismos han acordado no ir a las elecciones parlamentarias siendo consistentes con los planteamientos constitucionales, con las declaraciones formales de los gobiernos democráticos del continente americano y los de la Unión Europea.

Frente a la circunstancia que los tradicionales partidos políticos agrupados bajo la denominación genérica de G4 han sido expropiados y de manera unilateral han entregado la organización y simbología a militantes que de pronto se han separado de sus antiguos dirigentes y de forma no muy clara toman por asalto al partido de marras incluyendo sus sedes y lo que eufemísticamente llaman el aparato político regiona,l para que en una jugada se alineen con los llamados partiditos de nuevo cuño patrocinados por el régimen y en franca colaboración con el mismo, proclaman que van a ir a elecciones parlamentarias y de común acuerdo preparan sus listas y nominaciones.

El resultado final de este dual procedimiento da mucho que pensar maliciosamente, de manera obvia. La dirigencia formal asentada en la Asamblea Nacional no participa como candidatos, pero su partido expropiado sí lo hace; en consecuencia, si las elecciones se llevan a cabo, seguramente con una baja participación, serán igualmente proclamados los diputados “electos ilícitamente” y por supuesto, irán a la Asamblea cuando mucho un tercio de ellos frente a las tres cuartas partes del régimen, y por obra y gracia de esta decisión, defenestrarán el gobierno interino y legitimarán al régimen quien asumirá el Legislativo con mayoría calificada para actuar a sus anchas y legalizar montones de decisiones, especialmente de contratos y tratados que están en el limbo y provocarán como un efecto dominó que los gobiernos democráticos revisen su posición sobre Venezuela.

En lo que respecta a las organizaciones civiles o eclesiásticas, y una que otra “personalidad” que se rasga las vestiduras contra el régimen, en las primeras de cambio, aceptaron no ir a elecciones y de manera sorpresiva y sospechosamente oportunista, anuncian que irán a las elecciones parlamentarias porque no le pueden dejar espacios al régimen y antihistóricamente usan argumentos triviales como las experiencias anteriores que no vienen al caso por tratarse de entornos diferentes, y expresan en comunicados contradictorios como el de la Iglesia Católica excitando a la población a votar. ¿Qué pasó entonces?, es que se ejerció en el Vaticano la autoridad papal a rajatablas dentro de una política global o globalista de la izquierda radical para buscar la legitimación del régimen de Venezuela en el contexto internacional, asentar a los invasores cubanos, y acompañar la estrategia rusa-china de asociarse comercial y militarmente en el tablero  geopolítico donde Irán tiene algunos peones.

Esta estrategia también dual provocaría potenciar el eje que combate a sangre y fuego la política norteamericana y.que adicionalmente fortalecerá a los movimientos socialistas dentro de este último país para intentar defenestrar al gobierno republicano e instalar otro con características comunistas afincadas en los movimientos extremistas ya no solo, de Estados Unidos, sino en las democracias latinoamericanas y de esta manera apoderarse del mundo fortaleciendo las bases de los movimientos del crimen organizado y las políticas imperiales de China.

No se puede razonar sobre escenarios construidos empíricamente cuando en el fondo se ve la costura a los acuerdos ocultos los cuales se hacen compartiendo beneficios de un lado y otro como en toda negociación. Pero existe un elemento clave en el asunto, y es que quienes representan a las organizaciones políticas, militares o civiles si actúan de esa forma, es decir, apoyando unas elecciones ilícitas que están contra la Constitución y las leyes, es decir, entran en desacato, y consecuentemente en complicidad. Para solo ilustrar el punto, transcribo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, designado en buena lid por la Asamblea Nacional Legitima, que a tenor dice:

“Expediente: SE-2018-001 ASUNTO: NULIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL VENEZOLANO

El Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: “…Por efecto de la desaplicación parcial de los artículos 121y 141 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se declara nulo el uso del sistema automatizado de votación y escrutinio para la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos y otras elecciones. Y se declara la inconsistencia del Registro Electoral. Se inicie un proceso de depuración y actualización del Registro Nacional Electoral. Se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE), que con la participación obligatoria de las universidades, los partidos políticos, los grupos de electores, la  Academia de Ciencias Políticas y Sociales, los Institutos de Estudios Jurídicos de los Colegios de Abogados, diseñe e implemente un sistema de votación y escrutinio fundamentalmente manual, con preeminencia del voto físico o papeleta electoral, en donde el uso de la tecnología e informática sea auxiliar y solo en beneficio de la celeridad, publicidad, transparencia y eficiencia del voto, escrutinio y totalización, con el objetivo de recuperar la confianza pública de los ciudadanos en el sufragio, como la forma legítima de participación democrática.

Se exhorta a la Asamblea Nacional que de conformidad al artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela inicie el proceso de selección y designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, garantizando árbitros idóneos e imparciales, no vinculados a organizaciones con fines políticos, que puedan generar la imparcialidad, transparencia y eficacia en la organización, administración, dirección y supervisión de los próximos procesos electorales.

Se ordena notificar a la fiscal general de la República a los fines que dé inicio a la investigaciones pertinentes, con el objeto de establecer la responsabilidad penal de los Rectores y demás funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) por los presuntos delitos electorales, conspiración contra la forma republicana del Estado, violaciones de tratados internacionales y violaciones a los derechos humanos de los electores; asimismo inicie las investigaciones tendentes a establecer las responsabilidad penal, si la hubiere, en delitos relativos al patrimonio público con ocasión a los procesos licitatorios y de contratación de las empresas SMARTMATIC y BITZA, encargadas del proceso de automatización del actual proceso electoral venezolano”.

Más claro imposible, por tanto, los que llaman a elecciones parlamentarias entran en el concepto general de desacato a la Constitución, la ley y a las sentencias del Tribunal Legítimo, y al hacer un llamado público a las elecciones parlamentarias se hacen cómplices del régimen. Por otro lado, también se desprende de lo mencionado. que la Asamblea Nacional también entró en desacato al no haber tomado las medidas necesarias para designar a los autoridades del CNE y adicionalmente a no activar los mecanismos de juicio para las autoridades nacionales y regionales del CNE y de no nombrar una junta de gobierno a la cabeza del presidente interino, donde dichos nombramientos surgieran de líderes probos e independientes propuestos por la sociedad civil venezolana integrada por representaciones calificadas de las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, gremios y academias.

De este último planteamiento se deriva una propuesta pública de consulta global para cualificar a los integrantes de una junta de gobierno, de la junta de coordinación de la sociedad civil, ratificar mediante un pacto de gobierno y llevar a cabo el acuerdo nacional de terminar con la desastrosa administración del régimen. Actuemos en consecuencia y a tiempo, no nos enredemos en métodos sofisticados y lentos, hagamos la consulta antes de diciembre o la República continuará en manos de antipatriotas y corruptos. Desgraciadamente, de lo contrario se consolidarán con una estructura de gobierno dictatorial patrocinada por invasores y depredadores.

La decisión de no votar es patriota, voluntaria, ajustada a derecho, y debe ir acompañada de la presión suficiente para disponer de una junta de gobierno que conjuntamente con el presidente interino gobierne de verdad, reconstruya al país y en su momento designe a sus representantes. Si el régimen se opone tozudamente como hasta ahora, la fuerza militar es imprescindible con la ayuda de la coalición internacional, la cual es necesaria para echar a un régimen terrorista que ha convertido a Venezuela en un Estado fallido y líder en las organizaciones criminales internacionales.

 


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