En días pasados, molesto con el programa informativo de Radio Televisión Española (RTVE) y, específicamente, con la información difundida sobre restricciones para el ingreso de venezolanos a través del puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, la cual calificó como falsa, Nicolás Maduro ordenó a Jorge Rodríguez que pidiera un derecho de réplica. Es probable que dicha información pudiera ser matizada y que, tal vez, el lenguaje empleado no correspondiera exactamente a los hechos del caso; pero, que Nicolás Maduro exija que se le permita replicar a través de ese medio informativo, y que tenga un legítimo derecho a ello, ya es otra cuestión.
Por decisión de Maduro, Radio Televisión Española es uno de los muy pocos canales internacionales que todavía pueden ver los venezolanos. A través de las pantallas de televisión, los venezolanos no pueden ver los informativos de prácticamente ningún otro país latinoamericano, ni tampoco de CNN en Español. En sus ruedas de prensa (si a un circo mediático se le puede llamar así), Maduro ha vetado la participación de numerosos medios internacionales y, respecto de los que están autorizados a intervenir, suele omitir responder a sus preguntas, descalificando al mensajero, o divagando sobre los supuestos logros de la revolución.
Cuando todavía se podía salir a la calle a protestar pacíficamente, los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos, eran agredidos físicamente, impidiendo que pudieran informar sobre esos eventos. En medio de una entrevista concedida (o solicitada) por Maduro, Jorge Ramos y su equipo de camarógrafos de CNN fueron detenidos arbitrariamente, se les quitó lo que habían grabado, y se les expulsó ignominiosamente del país, por atreverse a presentar un video que mostraba el rostro del hambre que se puede palpar en las calles de Caracas. Huelga recordar que, en Venezuela, hay periodistas presos y otros que, como represalia por su labor informativa, tienen prohibición de salida del país; recientemente, un periodista fue detenido por difundir información sobre los estragos del coronavirus. Si a los comunicadores sociales se les impide realizar su trabajo, no sería de extrañar que, alguna vez, su información no haya sido debidamente contrastada, y que, en sus relatos, pueda haber algún error en cuanto a los hechos o a la caracterización de los mismos; pero el remedio no es la cárcel ni la censura, sino garantizar la libertad de expresión de todos, haciendo posible buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Desde hace años, en violación de la Constitución, los órganos del Estado se niegan a publicar información sobre los asuntos que le conciernen, ya sea en relación con la tasa de inflación, el volumen de las reservas internacionales en oro, el número de asesinatos cometidos en Caracas cada semana, las actividades de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, la forma como -desde la cúpula del poder- el tráfico de drogas ha ido carcomiendo las entrañas de este país, las diligencias practicadas para establecer la veracidad de informaciones que involucran a altos funcionarios del Estado en actividades criminales, el paradero de algunos de los presos políticos, o las medidas adoptadas para reprimir la práctica de la tortura o las ejecuciones sumarias. Si no hay información oficial fiable y proporcionada con regularidad, los medios de comunicación social tendrán que recurrir a otras fuentes, y, a veces, no tendrán una visión completa de los hechos. La censura y el silencio informativo son incompatibles con una opinión pública bien informada. Quienes han ocultado información, teniendo la obligación constitucional de darla, no tienen autoridad moral para pedir un derecho de réplica.
Sin duda, en caso de informaciones inexactas o agraviantes, el derecho de réplica o de rectificación es una medida proporcionada, que salvaguarda la libertad de expresión como pilar fundamental de una sociedad democrática. En vez de recurrir a demandas civiles (como le gusta a Diosdado Cabello), a medidas punitivas o a leyes de vilipendio (como las aprobadas durante el chavismo), el derecho de réplica o rectificación es la forma apropiada para que los ciudadanos puedan disponer de toda la información que se requiera para participar activamente en la conducción de los asuntos públicos. Pero, que invoque el derecho de réplica quien ejerce el poder como un tirano, que cuenta con el control hegemónico de los medios de comunicación, con estaciones de radio y canales de televisión -públicos y privados- a su servicio las 24 horas del día, sólo es una muestra del cinismo más ramplón. Al igual que su mentor, Maduro ha hecho uso y abuso de las cadenas de radio y televisión, con el único fin de rendir culto a su personalidad y hacer propaganda política a un proyecto fracasado, que ha costado muchas vidas, y que ha enviado al exilio a millones de venezolanos, incluyendo a los que regresan cruzando el puente internacional Simón Bolívar.
A Maduro y sus secuaces, la cara de víctimas de la desinformación no les queda. Luego de silenciar a muchas de las voces disidentes que aún permanecen en este país, hace falta demasiada desfachatez para pedir un derecho de réplica respecto de hechos que están a la vista, que son la consecuencia de una política de persecución y discriminación inaugurada por “el comandante eterno”, y que es seguida al pie de la letra por su pupilo. El derecho de réplica es para los presos políticos, para los empresarios que trabajan duro por este país y que, sin embargo, observan impotentes cómo un gobierno irresponsable cierra sus fábricas; éste es un derecho para los desempleados que no tienen un trozo de pan que compartir con sus familias, para los que han tenido que marcharse al exilio, y para los que no tienen voz en este país. Ese no es el caso de Maduro.