Incitar a alguien a actuar de manera indebida es un hecho impropio, según numerosas normas de conducta moral, como las proclamadas por la fe cristiana. Desgraciadamente, una fuente importante de tentación, que afecta a los gobiernos de muchos países y promueve la corrupción, es la dependencia como estructura de poder gubernamental, la cual expone a gran parte de los ciudadanos a la coerción. A renglón seguido, tres ejemplos al respecto:
El funcionariado puede verse obligado a ceder ante las demandas ilícitas de su jefe político. Si no emplea su autoridad para favorecer los intereses del mandatario, puede enfrentar desde una posible destitución hasta causas judiciales infundadas.
El político ve la necesidad de servirse del peso de su poder dentro del gobierno (sobre los funcionarios y los recursos públicos) para recompensar a sus copartidarios y patrocinadores. Si no usa todas las herramientas a su disposición para beneficiar a sus colaboradores, se arriesga a perder su apoyo ante un rival más dispuesto a complacerlos.
El ciudadano en general, incluso aquel con recursos, puede sentir la tentación de apoyar a dirigentes políticos dispuestos al favoritismo, dado que está sujeto al azar de un sistema carcomido por la corrupción y la injusticia. Si no los respalda, su negocio o acceso a bienes y servicios públicos puede verse afectado.
Indiscutiblemente, ser tentado no constituye una excusa para actuar de forma corrupta. Sin embargo, se cometen dos actos indebidos, y la comunidad no debe mostrarse indiferente ante la existencia de un primer mal —la tentación—, manifestado a través de una estructura de poder dentro del gobierno que crea dependencias y facilita la coerción. Aquí se encuentra la clave de la cuestión, ya que existen otras maneras de organizar las estructuras de poder dentro del gobierno.
Debido a que los seres humanos no son perfectos, y muchos carecen de la fortaleza para resistir las tentaciones anteriormente descritas, resulta imperativo establecer protecciones adicionales. Minimizar las dependencias utilizadas para ejercer la coerción logra este objetivo. Esta solución, aplicada en los estados de los Estados Unidos y en los países de Europa Occidental, implica, entre otras cosas, reducir el control político sobre los empleados públicos: por ejemplo, por medio de una carrera administrativa completamente fuera del alcance político.
Esta reforma conllevaría importantes ventajas. Una primera: al minimizar la dependencia, se facilita el comportamiento imparcial. Como consecuencia, los empleados públicos pueden investigar a un gobernante o a un funcionario que actúe ilegalmente. Esto es así debido a que ya no se encuentran en deuda con los políticos por sus puestos y quedan protegidos de represalias políticas.
Segunda ventaja: el clientelismo deja de constituir un instrumento organizacional funcional. Esto se debe a que los políticos, ahora sin herramientas de control coercitivo sobre los empleados públicos, no poseen ya la capacidad de favorecer a sus colaboradores mediante la concesión arbitraria de los bienes y servicios públicos, tales como fallos.
Tercera ventaja: los ciudadanos no se ven tentados a apoyar a ciertos políticos con el fin de beneficiarse del clientelismo. Esto resulta de la reducida capacidad de los políticos para repartir privilegios directos a quienes se asocian con ellos o castigos a quienes los resisten.
Cuarta ventaja: los individuos que cuentan con vínculos políticos exigirán mejoras en la gestión gubernamental. Esto obedece a que ahora serán vulnerables ante la pequeña corrupción y los obstáculos burocráticos; es decir, dependerán, al igual que el resto de los ciudadanos, de la calidad general de la gestión.
Quinta ventaja: una burocracia gobernada por funcionarios independientes crea la certeza de que el acceso a la justicia y a los derechos personales queda libre del control y la influencia del grupo de poder de turno, con lo que no existe la necesidad de aferrarse al poder como única garantía de preservar los derechos y las oportunidades. Además, eliminar el poder coercitivo de los políticos, dentro del gobierno, preserva el acceso a la justicia mejor que cualquier otra estructura gubernamental, lo que resulta en un incentivo para perfeccionarla una vez instituida.
La capacidad de actuar debidamente se ve afectada por la magnitud de la tentación a la que se está expuesto. El hecho de que tantos ciudadanos de a pie sucumban apunta a la necesidad de reducir este mal. La práctica en otros países ha demostrado que los instrumentos que limitan las dependencias dentro del gobierno son una herramienta eficaz para ello.