Más que un inevitable tránsito, como el que intenta el actual régimen pretendiendo algunas correcciones que le garanticen su esencial continuidad, la transición política ganará en acepciones dependiendo de sus propósitos, características y alcances. Tentada, frustrada o consumada, jamás la experiencia será exactamente igual a otras relativamente recordadas, aunque el pasado frecuentemente reporta importantes y útiles orientaciones necesarias para el debate.

Luego, obviamente, la transición en sí misma no se justifica ensayada desde el derrumbe sencillo o complejo, seguro o inseguro, repentino o pausado de los regímenes de fuerza y el de sus más connotados actores. Horoscopales, los transitógrafos de ocasión no reparan en las densidades políticas que adquiere al sincerarse el juego de las realidades y sus urgencias, surgiendo las demandas aún más inverosímiles; las ambiciones e intereses que suelen contrastar con un relato de heroísmo también de no pocos impostores, y, en definitiva, en un tenso balance entre el testimonio verídico y continuo de entrega y sacrificio de la dirigencia que ahora debe lidiar con los oportunistas de variada ralea. Sin embargo, en el caso venezolano, se evidencia un aspecto posiblemente inédito: radicalmente sufrido, desconocemos cuán hondo llegan las raíces del mal, y públicamente ignoramos las más vitales series estadísticas, faltando a lo constitucionalmente pautado, siendo difícil a los especialistas acceder a las variables indispensables que hacen y explican las políticas públicas, por lo menos, las más sensatas y convincentes; huelga un mayor comentario respecto a la consabida pandemia, huérfanos los médicos y toda la opinión nacional del más elemental boletín epidemiológico.

Un gobierno de transición, legitimado por las mayorías ciudadanas, encontrará no pocas sorpresas al empeñarse en la reconstrucción del país, porque –a modo de ilustración– sospechamos de una grave o gravísima situación en el área petrolera que la (auto)censura no permite apreciar hoy en su justa dimensión. Por supuesto, habrá medidas que inmediatamente respondan a una extraordinaria emergencia social y económica, pero el propio, más adecuado e impostergable diagnóstico requerirá de sendos mecanismos de concertación entre los factores decisivos y representativos de la oposición que rápidamente dejarán de serlo al conducir al Estado que deben redescubrir, valga el detalle, esperando toda suerte de (in)justificados y (des)medidos ataques.

Mecanismos sumados a los de ejecución y evaluación que darán cuenta de una tarea ciclópea que, al mismo tiempo, significará la delicada o ruda administración de las diferencias para la prioritaria reinstitucionalización de todo el país y la recuperación del tan vulnerado Estado.  Acotemos, la reapertura de una sociedad fuertemente sojuzgada por más de dos décadas, generará altos niveles de conflictividad espontáneos y naturales al lado de los más calculados y artificiosos, obligando a una buena dosis de realismo, prudencia y pragmatismo de los decisores del proceso.

Varias son las veces que nos confunden los antecedentes históricos, pues, salvadas las distancias, ya le es tarde al actual régimen para emular a Pérez Jiménez con un largo tránsito hacía sí, como el ocurrido entre 1952 y 1957; o el de creer en el blindaje automático del consenso para la inmediata posdictadura, olvidando circunstancias como la temprana salida de URD de la coalición gubernamental, en 1960, organización que no entendió en su momento la trascendencia de Puntofijo, perfeccionado con el pacto institucional de finales de la década. Añadimos, la ya por siempre  inminente caída del segundo gobierno de Betancourt que, paradójicamente, cubrió todo el período constitucional, capaz de tentar a otros protagonistas de la época con notables posiciones institucionales para reemplazarlo, gracias a una sutil artimaña.

Consideremos que la superación del gomecismo la encabezaron aquellos que lo integraron, pero no ocurrió así con la sustitución de la dictadura por 1958, aunque – en una y en otra transición – contaron con el orden, preservación y difusión de una básica data que facilitó la posterior actuación del Estado en múltiples ámbitos. Y, nos permitimos agregar, una mínima discusión pública a juzgar también por la crítica velada de sostenidos opinantes, como D.F. Maza Zavala o Adriano González León, quienes encontraron espacio en la prensa escrita, todavía incierta la caída del régimen, para versar en torno a la precursora medida proteccionista de la industria del calzado o el lanzamiento del Sputnik I.

Distinta coyuntura la del extendido presente, porque no sabemos cuáles sorpresas deparará la muy escondida realidad económica y social, cuyas consecuencias sentimos y padecemos, tendiendo a empeorar sus causas, excepto que la dirigencia política avenga en un diagnóstico acertado, perfilando alternativas viables y eficaces de corto y mediano plazo. Esto es, conviniendo que el esfuerzo más importante de la transición democrática es alcanzarla, sobresale una tarea y una responsabilidad política indelegables que fuerzan a explorar las temidas profundidades de la crisis y –asimismo– conquistar determinados y calificados segmentos de la población dispuestos a comprometerse en un esfuerzo muy concreto que es de salvación del país en el mismo país de nuestras angustias.

@luisbarraganj


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