El pasado lunes 12 de diciembre tuve la oportunidad de acudir a un foro organizado en la ciudad de Miami por el Interamerican Institute for Democracy, que dirigen los buenos amigos Tomás Regalado, Beatrice Rangel y Carlos Sanchez Berzaín. El tema central del evento discurrió sobre las relaciones de la política y el crimen organizado y la ponente estelar fue la exministra argentina Patricia Bullrrich, quien desde ya se perfila como una firme aspirante a la presidencia de ese país. Los datos aportados por la exministra Bullrrich permitieron apreciar la eficiente lucha que se dio, en la administración del presidente Mauricio Macri, contra el crimen organizado, especialmente, contra las mafias dedicadas al narcotráfico. Esa firmeza para combatir ese flagelo sufrió un brusco giro una vez que el kirchnerismo volvió a ocupar la Casa Rosada de Buenos Aires, desde entonces los más destacados jerarcas del gobierno de Argentina han dado lugar y motivos que llevan a confirmar que las autoridades gubernamentales son proclives a proteger a quienes, de una u otra manera, transgreden las leyes nacionales y los acuerdos de rango internacional.
Esa tendencia que raya en la “solidaridad automática” se ha evidenciado después de que “un tribunal penal en Argentina condenó a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015)”. La sentencia también inhabilita a la exmandataria a ocupar cargos públicos de por vida.
Como era previsible, la expresidenta Kirchner niega los cargos y afirma ser víctima del «lawfare» o guerra jurídica. Según los fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola, “Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de la provincia de Santa Cruz, durante el período en el que los Kirchner gobernaron el país. Pero solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, dijeron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios. «Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional, estimando que la maniobra de corrupción perjudicó al Estado por más de 1.000 millones de dólares, dinero que pidieron sea decomisado de los bienes de los condenados (los jueces sentenciaron que se decomisen unos 300 millones de dólares, cuando la condena quede firme)”.
Tal como era de esperarse, relancinamente, aparecieron los defensores de la expresidenta Kirchner, siendo los más encumbrados jerarcas del gobierno actual los que asumieran los alegatos, resumidos en el argumento de que “esta sentencia es inescindible del proceso electoral en ciernes y que concluirá con las elecciones presidenciales de 2023. De esta manera, el fallo dictado hoy, luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, que busca proscribirla políticamente de cara a las próximas elecciones”.
Una de las ponentes en el citado foro fue la exministra ecuatoriana María Paula Romo, quien trajo a colacion el Índice Global de Crimen Organizado, que viene a ser la primera herramienta de este tipo diseñada para evaluar los niveles de crimen organizado y la resiliencia ante la actividad criminal organizada”. En sus clasificaciones incluye a todos los Estados miembros de la ONU: 193 países. El Índice destaca cómo la participación del Estado en la criminalidad es un fenómeno profundamente arraigado en todo el mundo: los funcionarios estatales y las redes clientelistas que tienen influencia sobre las autoridades estatales son ahora los intermediarios más dominantes del crimen organizado, y no los líderes de carteles o jefes de la mafia, como sería razonable pensar. Y estos son solo algunos ejemplos destacados de los hallazgos de este Índice.
Pues bien, lo que se ve en Venezuela es el descaro más deleznable cuando desde Maduro, sus abyectos ministros y sus élites militares y policiacas, son los que ejecutan los crímenes por los que están siendo investigados por organizamos internacionales. El informe citado por la exministra Romo indica que “los actores integrados en el Estado son el tipo de actor criminal más dominante en el mundo. El grado en que la criminalidad se extiende en las instituciones estatales varía desde una corrupción de bajo nivel hasta la captura total del Estado, pero en todo el espectro, esta participación tiene implicaciones en la capacidad de los países para responder al crimen organizado”.
Esa ha sido la realidad también en Bolivia en donde “en noviembre de 2017 Evo Morales logró que el Tribunal Constitucional de ese país le diera luz verde a la posibilidad de postularse como candidato a las presidenciales de 2019, pese a que su mandato debía terminar en 2020. Un relato escrito por Emma Prieto para La Gaceta, da cuenta de que “el fallo del alto tribunal violó el deseo del 51,3% de los bolivianos que, en el referéndum de 2016, votaron que no a un cuarto mandato de Morales. Éste, fiel a su conducta totalitaria, aseguró que su reelección garantizaría una continuidad democrática y la estabilidad y dignidad del pueblo boliviano. Lo peor, como en todas las dictaduras de izquierda, estaba por llegar”. Evo, al igual que lo hicieron Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Chávez y Maduro en Venezuela, han seguido las pautas marcadas desde el comando central instalado en La Habana, para recibir las instrucciones de los Castros, que van desde convertir en papel mojado la Constitución de sus respectivos paises y en fuego fatuo los principios que deben darle forma, fondo y contenido a los sistemas democráticos.
En Bolivia, la Fiscalía detectó a más de 2.000 involucrados en el manejo irregular de los fondos y un daño económico de casi 200 millones de bolivianos. Hubo 24 arrestados y casi 300 investigados. Muchos de ellos eran colaboradores de Evo Morales. Este último, sorprendentemente, se libró de las acusaciones y sentencias.
Evo Morales ordenó la trituración del Código Penal, para de esa manera contener las numerosas protestas que durante semanas encabezaron diferentes sectores, entre ellos los médicos. Evo Morales respondió de manera totalitaria a esas reacciones, anunciando la derogación completa del Código Penal y asegurándose, de ese modo, la posibilidad de sancionar con penas de cárcel la mala praxis médica.
En Nicaragua, Daniel Ortega fue acusado por la perpetuación de crímenes de lesa humanidad. La denuncia fue interpuesta por 15 organizaciones y fue plasmada en un informe divulgado de forma virtual, asegurando, con pruebas fehacientes, que “en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado Policial de Excepción», señaló el denominado «Informe de la Verdad ‘Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad». Se trata de un estudio de cada una de las «etapas del accionar estatal», que iniciaron en abril de 2018, «desde la represión generalizada a la manifestación ciudadana, la imposición de un Estado de Terror y la ‘Operación Limpieza», en la que murieron cientos de personas.
En Perú, tenemos el caso patético representado por Pedro Castillo, contra quien pesan plenas pruebas de su intento infraganti de producir un golpe de Estado para proclamarse dictador de su país, resulta que han salido en su defensa automática los mandatarios de México, Colombia y Venezuela, sin reparar que el ahora destituido gobernante peruano incurrió en graves faltas a las leyes vigentes en su país.
En este último “Índice global de crimen organizado”, aparecen mencionados Colombia y México, dos países latinoamericanos, como regiones en los que el crimen organizado viene escalando en la penetración y en el control de las estructuras gubernamentales, dicho de otra manera mafias que trafican drogas, desarrollan esquemas de trata de blancas, etc, han ocupado estrados de instituciones que n o responden a la legalidad sino a los intereses oscuros de esas corporaciones criminales.
El contraste con lo que acontece en Europa es diferente, por lo menos en el seno del Parlamento de la Unión Europea, que suspendió de sus funciones a la diputada griega Eva Kaili, por estar supuestamente involucrada en una pesquisa sobre tráfico de influencia en la asamblea de la UE que también involucra a funcionarios de Qatar. La reacción de la presidenta del Parlamento Europeo no se demoró en anunciar la suspensión de la diputada afectada con las denuncias. ¡Qué diferencia¡ ¿Verdad?
@AlcaldeLedezma