Pareciera que la carrera política de algunos de los más importantes dirigentes de nuestro continente -incluyendo Estados Unidos- tiene como punto de destino un proceso judicial, cárcel y en algunos pocos casos reivindicación (Lula). No más terminan su mandato -y a veces antes- son objeto de acusaciones y procesos que en la mayoría de los casos tiene menos que ver con la justicia y el derecho y más con la venganza o la revancha política.
Ello no quiere decir que en algunas circunstancias no existan verdaderas causales suficientes para poner en marcha los mecanismos judiciales, tanto más cuando hoy día dicha revancha o venganza no se ejercita de la manera violenta como antaño sino que, bajo el manto de la democracia, se hace preciso recurrir a procesos judiciales llenos de vericuetos jurídicos que algunas veces dan por resultado la revelación de irregularidades efectivamente cometidas.
Nuestro país, en una demostración de lo que algunos creyeron destinada al adecentamiento de la función pública, llevó a cabo en mala hora la defenestración, por sentencia judicial, de Carlos Andrés Pérez sustentada en la discutible excusa de haber utilizado una reducida suma de dólares para fortalecer la seguridad de la entonces debutante y frágil presidenta de Nicaragua doña Violeta Chamorro. Se discutía si un gasto de seguridad en el exterior era o no del interés de Venezuela. El resultado de tamaña insensatez hoy está a la vista y no necesita explicación. En aquel entonces, en una democracia que se suponía madura la división de poderes medio funcionaba, lo cual no significó necesariamente que los integrantes de dichos poderes no hubieran dejado que sus decisiones fueran teñidas por sus propias preferencias partidistas.
En estos mismos días cobra centimetraje preferencial en la prensa el caso que involucra a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien luego de años de maniobras judiciales entre ella y sus enemigos políticos ha llegado a un callejón sin salida en el que ha quedado sometida a varios juicios penales por distintas causas aunadas todas con el fenómeno de la corrupción a través de la adjudicación de obras públicas, lavado de dinero y demás irregularidades que parecen haber sido suficientemente demostradas judicialmente como para presagiar una próxima condena a prisión. Precisamente por ello es que la referida señora venía intentando todos los trucos necesarios para designar y controlar los jueces que le aseguraran la impunidad. Aparentemente en Argentina existe aún alguna independencia de los magistrados cuya estabilidad -al revés que en Venezuela- está garantizada de hecho y de derecho. Ahora parece que llegó al llegadero.
Justamente ante ese panorama aparecen aquellos que creen que los expedientes judiciales se deciden por los votos o por las manifestaciones callejeras y por ello están causando los desordenes públicos que esperan se traduzcan en favorecer a la señora en el proceso judicial. Asimismo, han salido a relucir las solidaridades ideológicas automáticas de quienes comparten el espacio de la izquierda política y a lo mejor toman nota de aquello de “cuando veas las bardas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo…”
Pero en política nunca se puede afirmar que está dicha la última palabra, como bien lo puede testimoniar Lula da Silva, quien habiendo pasado por los mismos sinsabores que incluyeron meses de prisión efectiva, hoy se presenta como el candidato con mayor opción para ganar las elecciones presidenciales de Brasil el próximo mes de octubre.
Veamos el caso del peruano Pedro Castillo, evidentemente poco capacitado para conducir su país pero por encima de ello se observa el reiterado -y hasta ahora fracasado- propósito de impedirle a toda costa gobernar con la introducción de reiterados recursos judiciales que repercuten dañinamente en la imagen y manejo de un país que hasta el momento venía exhibiendo un envidiable récord de logros.
Ejemplos siguen, el populista Correa, irreprimible bocón, tuvo que aprovechar su residencia en Bélgica y condición de refugiado para evadir la cárcel en Ecuador. El mexicano Peña Nieto está bajo investigación, el guatemalteco Otto Pérez Molina en la cárcel, el hondureño Juan Orlando Hernández entregó el cargo a su sucesora y salió de palacio esposado y directo a un juzgado de Nueva York extraditado por acusaciones de narcotráfico y pare usted de contar.
Uno pudiera pensar que en Estados Unidos, donde el imperio de la ley sí es un valor fundacional, estas cosas no sucederían. Es evidente que en la actualidad ello no es así, lo cual se evidencia es los incontables procesos judiciales abiertos contra Donald Trump con la más que evidente intención de inhabilitarlo para optar nuevamente a la Casa Blanca en 2024.
Más ejemplos sobran y por eso uno se pregunta si será que a la cima sólo llegan bandidos o si será que el ciclo está desvirtuado.
@apsalgueiro1