¿Se nos habrá de juzgar por nuestras ideas? ¿Por nuestras palabras? ¿Por nuestras acciones? ¿O por la suma de de todo ello?
La libertad de pensamiento, expresión y acción, dentro del marco del contrato social constitucional, no debería comportar culpa o responsabilidad alguna para los ciudadanos de cualquier país libre. La inmunidad que el Estado de Derecho democrático establece en numerosas Constituciones de países democráticos como fórmula de empedrar al ciudadano designado por el pueblo para que piense con libertad y se exprese frente a quien debería, al ejercer temporalmente el gobierno, respetar dicha inmunidad parlamentaria para dar garantía de libertad y escrupuloso cuidado al interferir en el desempeño del diputado que representa la soberanía popular.
Todos en nuestra condición de seres humanos individuales tenemos la oportunidad, la posibilidad de reflexionar. Cuando al elegir a un determinado ciudadano para que ejerza la función de control del ejercicio del poder, y a su vez discuta y cree leyes para la nación, estamos agrupando esa fuerza individual en determinado circuito electoral o propiedad territorial y cuociente electoral para designar esa voz, esa posibilidad de ser representados en el Parlamento Nacional.
Cuando esa posibilidad u oportunidad es soslayada por un régimen no democrático tenemos el derecho y el deber de asumir nuestras propias voces, no solo en respaldo del parlamentario que ha sido delictivamente encarcelado sino en defensa del principio fundamental que es nuestra propia libertad.
La detención de Juan Requesens, por ejemplo, posterior al asumir un brillante desempeño como orador parlamentario, luchador de calle e inteligente joven que con su actuación hacía reflexionar al ciudadano soberano, nos demuestra que nuestra decisión de asumir la defensa de su libertad, a todo trance y en todo terreno, es la defensa de nuestra propia libertad. Existe una inevitable relación de causa y efecto de los que prefieren atacar las fallas de parlamentarios que incumplen, y hasta puedan llegar a traicionar su juramento, de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que representan los valores, normas y principios del Estado de Derecho y de justicia, y los que olvidan refrendar el heroísmo y sacrificio de tantos venezolanos, civiles y militares que han dado una magnífica lucha durante estos años de tiranía.
La incorporación, sin rectificación y liberación de los valientes diputados democráticos encarcelados, y frente a la persistencia represiva del régimen tiránico, en nuestra Asamblea Nacional, ha causado un daño muy importante en la credibilidad y legitimidad de nuestra Asamblea Nacional; y a menos que como cuerpo de representación democrático de la nación en la estructura del Estado se decida a exigir, con el pueblo a su lado y en protesta permanente en todos los escenarios necesarios, la liberación inmediata de los diputados secuestrados y el regreso de los extrañados del territorio por la persecución y amenaza de prisión, tortura y muerte, por parte del régimen tiránico. El asesinado concejal Albán, del Cabildo caraqueño, es otra asesina muestra de tan maligna posibilidad.
Desde la aproximación psicológica individual, o la sociológica de las naciones, hay una verdad sencilla y contundente: si no logramos producir el cambio y la evolución a una situación de garantías fundamentales para manejarnos dentro del esquema democrático fundamental, estaremos jugando a un sistema de sobrevivencia sumamente precario que, de seguir de tal modo, se convertiría en nuestra aceptación de convivencia con el delito y la violación reiterada de nuestra libertad y dignidad humanas, que es lo que tiene que acabar tan pronto como entendamos que al terminar 2019 si no cambiamos las cosas de una vez por todas, realmente la llegada el año 2020, y la continuación del mismo ejercicio o establecimiento de un constante pulso de fuerzas nacionales e internacionales como estatus no nos liberará ni a nuestros diputados, ni a nuestra democracia secuestrada ni a nosotros mismos…