Los voceros de la pasada administración Trump alentaron una salida insurreccional y violenta a la crisis venezolana. En reiteradas ocasiones se les escuchó decir que todas las opciones están sobre la mesa y eso le dio aliento a los atajos violentos. La de Biden ha dicho que Estados Unidos no recurrirá a intervenciones armadas para deponer gobiernos en el extranjero y esto emplaza a la oposición liderada por Guaidó a abandonar la vía insurreccional y retomar la ruta electoral.
Aunque los extremistas sigan pidiendo una intervención militar extranjera, ni Guaidó ni el G-4 están en condiciones de seguir gestionando el endurecimiento de las sanciones económicas. El balance de la vía insurreccional quedó plagado de fracasos. El 30 de abril de 2019, Leopoldo López y Juan Guaidó llamaron a una insurrección militar que no fue apoyada ni por los militares ni por el pueblo. La incursión de los mercenarios de la Operación Gedeón también fue un fracaso.
El atajo de la vía violenta e insurreccional que apostó a profundizar la crisis con la expectativa de llevar al extremo el malestar nacional y provocar un estallido popular para forzar un cambio en el mando político terminó siendo el camino más largo e ineficaz para provocar un cambio político. Esa vía está totalmente desacreditada y agotada. La apuesta al todo o nada, al ganador se lo lleva todo, al exterminio del contrario tiene que ser sustituida por el diálogo, la negociación política, el entendimiento, el reencuentro y la reconciliación nacional, sin impunidad.
En las megaelecciones del 21 de noviembre, los venezolanos tendremos la oportunidad de elegir 23 gobernaciones, 335 alcaldes, 250 diputados regionales y más de 2.400 concejales. Es una oportunidad de oro para renovar y legitimar el liderazgo del país descontento de abajo hacia arriba, y no por la imposición de cúpulas partidistas alejadas del clamor nacional o por la presión internacional que financia a grupos internos.
En Venezuela las condiciones electorales ofrecen una clara ventaja a los candidatos del gobierno, pero deben ofrecer a todos los competidores las mismas oportunidades de ganar o perder, sin ventajismos de ningún tipo. Esto pasa por garantizar la imparcialidad de los medios de comunicación públicos, la no utilización de recursos del Estado a favor de una parcialidad política, la regulación de las campañas electorales, la fiscalización del origen de los gastos, así como la observación internacional.
Sin embargo, a poco más de 100 días de las megaelecciones del 21N, el gobierno detiene a Freddy Guevara y ordena la captura de otros líderes de Voluntad Popular. Se mantiene así la persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de líderes de la oposición que, aunado con el abuso y prolongación de la inhabilitación política para sacar de la contienda a candidatos ganadores, a la ilegalización de partidos políticos o despojo de sus nombres y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno, conforman un marco de condiciones y garantías electorales muy desfavorables para los rivales del gobierno que quieren competir en buena lid.
Si bien es cierto que las condiciones electorales son muy desventajosas, estas no anulan la enorme ventaja que otorgan a los candidatos del país opositor las favorables condiciones políticas derivadas del 80% de rechazo a los candidatos del gobierno. Lamentablemente, la abstención y la división entre los partidos de la oposición que no se ponen de acuerdo para presentar candidaturas unitarias pueden facilitar el triunfo de los candidatos oficialistas que a lo sumo mueven a 25% de los votantes.
Las ventajosas condiciones políticas pueden ser más decisivas que las desventajosas condiciones electorales, siempre y cuando se haga el trabajo de organización política para capitalizar electoralmente este enorme descontento. Al abandonar el camino de la abstención y retomar la ruta electoral, el malestar nacional puede capitalizar el enorme rechazo al gobierno y sus candidatos, ganar el mayor número de gobernaciones y alcaldías y convertirlas en una plataforma de resistencia y lucha institucional para solicitar el referéndum revocatorio como la única vía constitucional para adelantar la elección presidencial.
@victoralvarezr