Dos de las candidatas a las primarias de la oposición, Delsa Solórzano y Maria Corina Machado, son continuamente objeto de violencia política bajo diversas formas: violencia personal, moral, digital, ataques, persecuciones, hostigamiento por parte de funcionarios o grupos oficialistas violentos. Estos hechos apenas reciben unas pocas menciones en los medios de comunicación, y no son suficientemente rechazados por parte de las organizaciones de mujeres que deberíamos estar alertas ante algo que nunca debe ser normalizado. No hemos sido lo suficientemente activas en denunciarlo, a pesar de que estas acciones representan el primer y más importante obstáculo para la participación de las mujeres en la vida pública. Y quiero aquí mencionar también a Tamara Adrián, quien, si bien no está haciendo campaña electoral de forma presencial y por lo tanto está menos expuesta a la violencia física, también ha sido objeto de violencia política digital en el contexto de su candidatura a las primarias.
Un medio, Alberto News, publica una “noticia” en la que afirma que Delsa Solórzano habría recibido 3 millones de euros de forma ilegal por parte de una fundación alemana y de esto no hay ni una sola noticia ni local ni en Alemania donde, de ser cierto, habría alguna mención al asunto en los medios de ese país. Tampoco hay una denuncia nacional, ni nada que corrobore las acusaciones y los infundios, incluyendo la vil sugerencia de una relación extramarital que le habría servido para recibir los fondos. Violencia política, de la más baja y despreciable. ¿Quién la promueve? ¿A quién beneficia?
El gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, declaró el pasado 3 de agosto ante sus simpatizantes en Pampanito, estado Trujillo: “Cuando venga aquí una María Corina o lo que sea, tenemos que sacarlos a coñazos de aquí”. ¿Qué busca el gobernador? ¿Una réplica de lo que acaba de suceder en Ecuador? Sin dejar de mencionar que un dirigente oficialista a través de un canal de televisión público, continuamente la menciona usando un lenguaje sexista burlón (“está deprimida”, “puede hacer un berrinche”) y dando a entender que, en sus manos, y no en un tribunal, está la decisión que se la mantenga inhabilitada como posible candidata para las elecciones presidenciales. ¿Qué relación hay entre las amenazas del gobernador y las del dirigente oficialista? ¿Quién promueve la violencia? ¿A quién beneficia?
La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política fue adoptada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, el Mesecvi, de la OEA, en octubre de 2016, a raíz de “la preocupación creciente en la región por la violencia contra las mujeres perpetrada en los espacios políticos”. Vinculado a esta realidad, “observó la necesidad de fortalecer la capacidad de los Estados para responder a esta violencia, en seguimiento a los mandatos de la Convención de Belém do Pará”. El Estado venezolano tuvo representación en el MESECVI hasta diciembre de 2020, así que no puede decir que lo que establece esta Ley Modelo no le concierne.
El artículo 27 de dicha Ley Modelo exige al Estado la protección a las mujeres de la violencia política y tomar las medidas necesarias para garantizar que los medios eviten toda expresión que denigre a las mujeres con base a estereotipos de género y asegurar el respeto a los derechos políticos de las mujeres y a la reputación de las mujeres que participan en la vida política; así como también a que condenen, a través de sus códigos de ética, estas actuaciones, en particular durante el período legal de campaña electoral. Prohibe “toda propaganda contra los derechos políticos de las mujeres, y toda apología del odio en base al género y/o sexo que constituya incitaciones a la violencia contra las mujeres en la vida política, o cualquier otra acción ilegal similar contra las mujeres o grupo de mujeres que participan en la vida política, por motivos de sexo y/o género”.
En nuestro país, la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reformada en 2021, sanciona con pena de prisión de tres a ocho años cualquier forma de violencia política hacia las mujeres “que menoscabe o imposibilite el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad en …organizaciones con fines políticos…”
Como dirigente feminista, como defensora del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, manifiesto mi indignación ante la violencia política de la que son objeto las candidatas a las elecciones primarias de la oposición. Señores, apunten sus despreciables ataques a los verdaderos enemigos de la patria: los corruptos de todos conocidos, los que se han robado los recursos petroleros, los que saquean el Amazonas, polucionan, destruyen u obstaculizan. ¡Dejen de tenerle miedo a las mujeres! ¡Déjenos en paz!