Con verdadero estupor hemos visto como en los últimos tiempos la persecución a defensores y organizaciones de derechos humanos ha ido en franco aumento, el régimen se ha encargado de prohibir la solidaridad en Venezuela.
La persecución a los que velamos por los derechos humanos de la ciudadanía no es nada nueva, desde hace años a través de programas de televisión en el canal del Estado, se ha cuestionado nuestro trabajo como defensores de derechos humanos, igual en muchos casos hemos recibido amenazas directas con el objeto de intimidarnos.
Esto ha ido en aumento y la persecución ha crecido de una manera importante, recordemos que el 14 de enero de 2021 los defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios de Azul Positivo, Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz fueron imputados por presuntos cargos de ‘manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, legitimación de capitales y asociación para delinquir’. Azul Positivo es una organización humanitaria que lleva más de quince años brindando ayuda humanitaria a las comunidades más vulnerables del Zulia, en particular a las personas que viven con el VIH / sida.
Igualmente los activistas de Fundaredes José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona fueron detenidos de manera arbitraria el 2 de julio de 2021 por funcionarios del Sebin al salir de la sede del Ministerio Público del estado Falcón, donde habían denunciado el hostigamiento del cual habían sido víctimas en la ciudad de Coro, Falcón, el mismo día por parte de funcionarios de la Policía de Falcón, del Sebin y otros sujetos armados sin identificar. De este grupo José Javier Tarazona aún continúa detenido, habiendo sido imputado por los delitos de “instigación al odio”, “traición a la patria” y “terrorismo”.
Para continuar con esta ola de persecuciones, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, a comienzos de esta semana presentó una acusación privada en contra del defensor de derechos humanos y coordinador del área legal de Provea, Marino Alvarado, y el sacerdote jesuita Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, por una supuesta difamación en la presentación de un informe sobre ejecuciones extrajudiciales y donde la Policía de Carabobo ocupaba el primer lugar. Aunque es un proceso que apenas se está iniciando, ante la falta de independencia judicial, nos hace temer por la integridad física de ambos defensores de derechos humanos venezolanos.
Aunado con esto, el régimen vuelve al ataque a las organizaciones de la sociedad civil presentando un nuevo proyecto de la Ley de Cooperación Internacional, cuya primera propuesta data del año 2005 y que fue aprobada en primera discusión en junio de 2006. En los años 2010 y 2015 se incorporó de nuevo a la agenda legislativa sin que se haya aprobado.
Ahora el régimen vuelve al ataque de la sociedad civil venezolana con un nuevo Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que de ser aprobado suspendería la cooperación internacional y la ayuda humanitaria que recibimos las organizaciones de la sociedad civil e impediría la ayuda que se les brinda a millones de venezolanos que sufren de la grave crisis humanitaria que vivimos en Venezuela.
Por esto, en un comunicado publicado el miércoles 18 de mayo, 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas rechazamos el proyecto de ley que cierra la cooperación internacional y a la que han llamado ley antisolidaridad.
De este comunicado debemos resaltar lo siguiente: “Con este proyecto de ley, se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria. A su vez, queda claro la intención de controlar y castigar a toda persona u organización que no se sujete a su interpretación, lo cual abarca a toda la sociedad civil nacional y a las organizaciones internacionales. Incluyendo la posibilidad de dejar sin efecto las obligaciones y compromisos del Estado en acuerdos con organismos internacionales de cooperación, en caso de no adecuarse a esta finalidad del proyecto de ley”.
La aprobación de este proyecto traería consecuencias nefastas al país, además seria la prohibición definitiva de la solidaridad en Venezuela por ahora.
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