En nuestra opinión una de las noticias con mayor potencial de consecuencias en el panorama nacional es la decisión de la Sala de Cuestiones Previas de la Corte Penal Internacional de La Haya dando luz verde para que la Fiscalía de ese Tribunal pueda continuar la investigación iniciada preliminarmente contra quienes puedan resultar responsables de haber cometido –y seguir cometiendo– delitos de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos contra la población venezolana. La investigación aún no tiene nombres de indiciados, pero es evidente que los “responsables” serán Nicolás Maduro en su condición de presidente de la República y quienes junto con él participan en la cadena de mando ejecutora de tales delitos. Siendo así la cosa, el público se pregunta: ¿Con qué se come eso? Aspiramos a explicarlo en forma sencilla en los siguientes párrafos a fin de dejar instalada en la mente del lector la impresión de que la justicia internacional, siendo como es, demasiado lenta, tarde o temprano llega. Naturalmente, nuestro deseo sería que esos juicios se tramitaran con mayor rapidez; pero, por ahora, “eso es lo que hay”.
La decisión en comento es consecuencia de la acción del fiscal de la Corte, el británico Karim Khan, quien tuvo el guáramo de anunciar su decisión de abrir una investigación preliminar ante el propio Nicolás Maduro , en el mismísimo palacio de Miraflores, en ocasión de su anterior viaje a Venezuela en noviembre de 2021 con amplia cobertura mediática y consecuente disgusto para la cúpula oficial.
Los procedimientos de la Corte, creada por el Tratado de Roma de 1998, del cual Venezuela forma parte, requieren que la iniciativa del fiscal sea confirmada por una instancia judicial de tres magistrados llamada Sala de Cuestiones Previas a fin de que la investigación preliminar se convierta en definitiva y se pueda llevar a cabo de cara al juicio que habrá de iniciarse contra las personas que fueran halladas responsables en el curso del procedimiento.
La etapa transcurrida entre la decisión del fiscal Khan y la autorización anunciada esta semana para proseguir el procedimiento fue caracterizada por la movilización de numerosos grupos de venezolanos y otros, destinados a aportar elementos probatorios verificables de la comisión de los delitos denunciados. Ello se realizó convocando a las víctimas para que denunciaran sus casos bajo garantía de confidencialidad. Algunas instituciones, entre las cuales Ciciven (Comité contra la Impunidad en Venezuela al que pertenecemos) y otras hicieron el esfuerzo necesario que permitió reunir testimonios de más de 8.000 víctimas, las cuales fueron debidamente filtrados y organizados para llevarlos físicamente a La Haya. Tuvimos la oportunidad de revisar más de 800 de ellos.
Tales testimonios más la previa iniciación en septiembre de 2018 de un proceso de denuncia promovido por seis estados partes de la Corte (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) han resultado en que hay ya la luz verde para ir adelante en serio con la investigación formal. Como era de suponer, el procerato “bolivariano” ha rechazado y protestado la decisión, pero sin atreverse aún a anunciar su desacato o voluntad de incumplir con su comparecencia. Para ello han acudido a todas la maniobras dilatorias que a la postre resultaron totalmente rechazadas por los magistrados de la Sala de Cuestiones Previas que, asimismo, ha comprobado y señalado la falta de voluntad política del gobierno venezolano para investigar y/o sancionar a los responsables lo cual -de haber ocurrido- hubiera imposibilitado la actuación de la Corte Penal Internacional.
Suponemos que cuando la situación se presente más comprometida seguramente sacarán a relucir el argumento de la soberanía, el cual no es aplicable cuando la misma se ha limitado voluntariamente por un tratado internacional suscrito y ratificado por la República.
No se trata en estas líneas de adentrarse en tecnicismos para justificar los pasos que está dando la Fiscalía y la Corte. De lo que se trata es de que nuestros compatriotas -Ud. lector- comprueben que no importa cuanto poder haya detrás del delito y sus autores, la voluntad de quienes nos hemos empeñado por años y con escasísimos medios en recurrir a los procedimientos legales apropiados, vamos moviendo los acontecimientos y acercándonos a un desenlace.
No sería sorpresivo que de aquí a poco la corte emita una orden internacional de comparecencia o detención en contra de Maduro y alguno de sus secuaces. Se podrán burlar y habrá países que la ignoren, pero esas personas no podrán dejar el territorio, ni podrán viajar sino donde sus cómplices o aliados (Cuba, Nicaragua, Rusia, Brasil, etc.) El cerco se cerrará y los destinos para poder retirarse a gozar sus patrimonios mal habidos se reducirán mucho. Se acabó Madrid, Disney o París.
Entendemos que el gran público crea, diga o piense que todo esto son esperanzas basadas en la creencia de que existen pajaritos preñados, pero quien se tome el trabajo de consultar los resultados de la justicia internacional se enterarán de que ella funciona. Tarde, chucuta, difícil, pero repasen los casos de Milosevic, Karadjik, algunos genocidas africanos y otros que sí fueron alcanzados, sentenciados y apresados. Saber que la espada de la justicia internacional pende sobre sus destinos personales seguramente les hará más difícil conciliar el sueño nocturno.
@apsalgueiro1