Todo comenzó con la protesta pública masiva contra la violencia paraestatal, policial y del ejército que tuvo lugar en diversas regiones del país hace poco más de un mes. Ahora la razón es otra y los actores son diferentes, pero la forma es la misma. Esta semana sindicatos y organizaciones sociales y estudiantiles, aglutinados en el llamado Comité Nacional del Paro, de nuevo protagonizaron acciones de calle para rechazar la política económica y social del gobierno de Iván Duque. En esta ocasión la novedad fue la presencia de la minga indígena, es decir, una movilización multitudinaria de las comunidades originarias del país. Este colectivo de más de 10.000 ciudadanos se sumó a la jornada de protesta nacional que contó además, como telón de fondo con la huelga de 250.000 trabajadores del magisterio afiliados en Fecode.
Toda esta movilización atiende al propósito de dejar evidencia nacional e internacional sobre la desatención en los planes gubernamentales de recuperación económica a los problemas que están afectando a los segmentos más desfavorecidos de la población, que son las grandes mayorías populares.
El caso es que la economía del país neogranadino atraviesa un pésimo momento. El Fondo Monetario Internacional ha efectuado proyecciones que indican que Colombia se contraerá al menos en -7,8% en 2020, siendo la primera recesión en Colombia desde 1999, cuando la economía se contrajo -4,2%.
Si esta dramática descolgada tiene una relación de causalidad con la emergencia ocasionada por el covid-19 o si ella está potenciada por el ingreso inesperado de cerca de 2 millones de migrantes venezolanos, no es un tema en discusión en el momento actual. Es responsabilidad del gobierno electo hallar vías para temperar el efecto que estas dos calamidades son capaces de general en el entorno colombiano.
Tanto en la materia de la recuperación de la paz como en el de la disminución de los niveles de violencia el gobierno de Duque sale raspado. Pero es particularmente en el terreno de la reactivación económica y laboral donde se encuentran las falencias que afectan a los ciudadanos de los estratos populares.
En el momento del advenimiento de Duque a la presidencia, el país gozaba de una corriente expansiva del PIB que superaba el 4% de acuerdo con las cifras de Fedesarrollo y del DANE. La economía crecía a buen ritmo sostenido, en buena medida, por dos reformas tributarias que les dieron viento de cola a los inversionistas. El desempleo que se encontraba a finales de 2019 en 10,5%, después de un año de crecimiento elevado, se catapultó a más del doble para este momento, sin que se avizore en el panorama inmediato una vía para revertirlo ni siquiera siendo muy exitosos los numerosos proyectos de infraestructura que el gobierno tiene en la mira para reactivar la economía y jalonar el empleo.
Entre los proyectos para dinamizar también las finanzas públicas afectadas por el gasto extraordinario para la atención de la crisis, las que llevaron al país a elevar el endeudamiento a niveles por encima de 60% del producto interno bruto, se cuentan una reforma fiscal y una pensional. Si estas reformas pueden surtir un efecto positivo y determinante para Colombia en medio del ambiente de desconfianza y desaceleración que se ha desatado por lo imprevisible del panorama sanitario es algo que también está por verse.
De todo lo anterior se valen los opositores al gobierno para descalificar la acción del mandatario y su equipo en medio del marasmo actual y se utiliza el pobre desempeño para promover un movimiento en contra del liberalismo, del cual Duque y su combo son fieles exponentes. De allí parten las protestas y seguirán siendo alimentadas a lo largo de los meses que restan de este año y más aún.
Recoger velas es una cuesta empinada para el gobierno nacional y regional. Esta es una acción en la que deben involucrarse los altos funcionarios que despachan desde la Casa de Nariño, pero junto con ellos deben ser parte activa, por igual, la sociedad colombiana en su conjunto, la clase media, los empresarios y los gremios, la Academia y la Iglesia.