El mes de diciembre inició con la noticia del anuncio de «… un nuevo control de precios sobre 42 rubros alimenticios básicos, pero en esta nueva etapa los montos han sido fijados en dólares»[1].
Aunque hemos advertido desde el Observatorio de Propiedad que en los dos últimos años los ataques contra la propiedad han seguido pero con nuevos patrones de conducta (devolución de activos y supuestas políticas de privatizaciones, por ejemplo), lo cierto es que en este nuevo esquema no se han olvidado del todo las medidas económicas aplicadas hace casi dos décadas.
Ciertamente lo que caracterizó los primeros años de la política sistemática de destrucción de la propiedad fue el establecimiento de un régimen de control de precios y de cambio que fue arreciando poco a poco hasta encontrarnos en el año 2019 con una flexibilización de los mismos.
Como hemos sostenido en otras oportunidades, desde el año 2005 al diagnosticar esta política sistemática de destrucción de la propiedad vemos que la misma puede dividirse por etapas que denotan métodos específicos de actuación (tomas violentas de haciendas, cierre de establecimientos, intervenciones de empresas); protagonismo de determinados actores estatales (INTI, Sundde, Cadivi); un discurso político que acompaña a estas actuaciones con su propia neolengua (guerra económica, bachaqueros, «exprópiese»).
En estos métodos podemos ver una mayor o menor intensidad en la aplicación de estas medidas y un mayor o menor protagonismo de los actores estatales. En la época de mayor persecución a los comerciantes a través de las fiscalizaciones y de procedimientos administrativos sancionatorios sumarios, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), amparada en la transformación –más bien destrucción- del ordenamiento jurídico, tenía un verdadero protagonismo.
Pero como no se pueden aplicar estas medidas con igual intensidad a lo largo de los años, desde 2019 se flexibilizó el control de precios y con ello poco se escuchaba sobre la Sundde, salvo casos puntuales. Esto no significa que el control hubiese desaparecido, porque el andamiaje legal existía y sigue existiendo.
El control de precios es una medida artificial para la imposición de los mismos y del margen de ganancias. En los últimos años hemos aprendido en carne propia que los precios no se imponen sino que se construyen a través del libre juego de la oferta y de la demanda. Esta intervención artificial en el mercado traerá inevitablemente consigo las distorsiones por todos conocidas, esto es, escasez de productos regulados, colas para adquirirlos, mercado negro para su comercialización, etc.
Pero el resultado puede ser aún más dantesco que en años anteriores. La lista de precios máximos está expresada en dólares, lo que supone un claro reconocimiento del Estado de la destrucción del bolívar como dinero y de la inflación en dólares.
Los precios de 42 productos están regulados en dólares. Se trata de la moneda de mayor uso entre los venezolanos para la adquisición de bienes y servicios. Pero no todo funciona con la referencia del dólar. Por ejemplo, el salario de una gran mayoría no está expresado en dólares.
Esta etapa podría ser mucho más difícil que otras por lo que no nos podemos hacer partícipes de la falsa creencia de que se está normalizando el país y su economía. Lo que ha ocurrido en los últimos años es una apertura limitada a ciertos espacios, pero la política de destrucción de la propiedad, y en general, del país continúa. Nunca ha desaparecido, solo que cambia de traje cada cierto tiempo.
Esta es la primera entrega de varias que haré en el mes de diciembre que estará relacionada con los cambios de los últimos dos años en el país y que en 2022 tuvieron un importante aumento de «volumen».
[1]Ver: https://elpais.com/internacional/2022-12-02/reaparece-el-fantasma-del-control-de-precios-en-venezuela-con-el-repunte-de-la-inflacion.html, información consultada el 6/12/2022.