El régimen tiene en su haber el destierro y estigmatización de más de siete millones de venezolanos literalmente botados al mundo, como jamás pudo imaginarlo el tristemente célebre mayamero del ta’ barato, dame dos de tiempos inmemoriales. Quienes quebraron a la otrora potencia petrolera del mundo decidieron que sólo ellos, una ínfima minoría, aunque armada, caben en el extenso territorio repartido entre los terroristas que les sirven de soporte en el poder, apuntalando la fórmula a expandir en el continente.

Hablamos de la Venezuela que fue hogar seguro para una masiva y continua inmigración de varias décadas, añadido el exilio estrictamente político de las incontables dictaduras del continente, incluso, ejemplo para la reconstrucción democrática allende los mares. Paradójicamente, ahora, con una emigración de todos los estratos sociales sin precedentes históricos, que eufemísticamente la llamamos diáspora, aunque técnicamente tratemos de desplazados deseosos de encontrar refugio, y realmente de una insólita, paciente y descarnada expulsión de familias enteras a las que castigan con los miles de kilómetros de distancia de sus hogares.

Los periodistas de vocación y riesgo deben reportarnos aún mayores noticias sobre los venezolanos convertidos tan injustamente en parias por el mundo ancho y ajeno; los criminólogos de método y profundidad perfilar cada vez mejor a las grandes empresas delincuenciales del tráfico de personas; o los novelistas y poetas tocar las fibras más sensibles de una realidad que intenta traspapelarse, pero son los dirigentes políticos los llamados a plantear en su más exacta dimensión la tragedia. Versamos sobre uno de los más angustiosos problemas fundamentales del país que requiere de una claridad conceptual y de un compromiso que, desde ya, aparentemente lejana la transición, requiere del tratamiento de una política de Estado que espera de la oposición, o, mejor, de sus sectores más convincentes y sobrios, la mejor contribución; seguramente contaremos con un despacho ejecutivo complementario para la debida atención de quienes regresaran si existe la suficiente confianza, añadida la correspondiente representación parlamentaria.

Las recientes deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos (alguna vez  suspendidas), Guatemala u otros países, por supuesto, deben escandalizar a la opinión pública mundial y, por mucho bloqueo informativo y (auto) censura que haya, nacional; más aún, cuando la guardia costera de Trinidad y Tobago ha disparado a una embarcación de coterráneos desesperados, muriendo un niño, o nos exigen la visa que nunca antes pidieron en países de la región. De un modo u otro, dentro y fuera, luchamos por alcanzar la libertad para recuperar al país que nunca hemos querido abandonar, constituyendo un escándalo las injustas medidas adoptadas que desconocen la naturaleza del régimen que padecemos y las propias consecuencias que acarrea y acarreará para el mundo.

La sola presunción de la presencia de venezolanos como una amenaza para la seguridad de los países que aplican las medidas (securitización), desconoce o pretende desconocer el peligro real que comporta el socialismo del siglo XXI de una clara vocación expansionista en consonancia con los más obscuros intereses anti-occidentales. Ésta, y no otra, es la clave de un asunto de extrema gravedad que, además de una política migratoria más acorde con la dignidad de la persona humana, aconseja un diligente esfuerzo de comprensión, denuncia y propuesta de quienes intuyen que una futura cancillería será mucho más que una agencia de viajes; por lo pronto, se impone una comisión especial para los desplazados y refugiados venezolanos, en el parlamento.

@luisbarraganj

 

 

 

 

 

 

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