La Asamblea Nacional es el único poder público, como se sabe, que goza de legitimidad de origen y de desempeño. Desde que fue elegida en diciembre de 2015, y habiendo asumido en enero de 2016 a plenitud sus funciones constitucionales, la mayoría opositora y democrática que la integra no ha dejado de cumplir con su deber.
Claro, en el camino se ha encontrado toda clase de escollos que ha puesto el des-gobierno que aún se halla aposentado en palacio, para impedir su funcionamiento y el cabal cumplimiento de sus atribuciones y deberes. Han sido decenas de sentencias del llamado Tribunal Supremo de Justicia que han anulado las leyes dictadas, así como tantas y recurrentes las decisiones de tribunales de instancia que autorizan la persecución, acoso y encarcelamiento de diputados, con prescindencia de toda norma de derecho que les garantice el derecho a la defensa y el debido proceso.
Para más inri, aquel mismo Supremo Tribunal la ha declarado en desacato. Todo esto sin olvidar la inhabilitación de los diputados de Amazonas, cuyos procedimientos duermen el sueño de los justos y de los injustos en la Sala Electoral del aludido TSJ.
Lo ocurrido el martes 24 de septiembre en el seno de la Asamblea Nacional con la incorporación de los diputados chavistas, luego de meses o años de haber abandonado sus curules, dándole la espalda a sus electores, me ha obligado a revisar mis conocimientos sobre el particular.
Claro que tienen derecho de ocupar nuevamente sus curules, pues son tan legítimos como los parlamentarios de la Unidad Democrática. Pero debo, salvo mejor criterio, hacer algunas observaciones.
Es conocido que ese bodrio que mientan “asamblea nacional constituyente” no es legal, ni legítimo ni constitucional. Es decir, no es un organismo ni ente público. No existe. De modo que no es aplicable la norma contenida en el artículo 191 de la Constitución Nacional que expresa:
“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”.
De manera que aquellos diputados a la legítima Asamblea Nacional (la elegida en diciembre de 2015) pueden perfectamente reincorporarse a sus curules, aun habiendo integrado aquella espuria ANC.
Caso distinto es el de Francisco Torrealba, hoy ex diputado por haber ocupado el cargo de ministro de Trabajo en 2017, lo que le impide ipso jure reincorporarse a la legítima Asamblea Nacional por haber perdido su investidura, conforme con el aludido artículo 191 constitucional.
Siendo que Pedro Carreño es abogado con estudios de posgrado y doctor en derecho constitucional y penitenciario (Caribbean International University, Curazao), de la cual Vielma Mora es o fue vicerrector, ayer mismo anunció que acudiría al Tribunal Supremo de Justicia para que sea esta instancia la que decida “quién es o no es diputado”.
No me sorprendería que el colectivo dos pilitas «interpretara» la Constitución y fallara que Francisco Torrealba no ha perdido su investidura por haber sido nombrado y aceptado el cargo de ministro (como dije antes) en 2017, y puede perfectamente incorporarse a la Asamblea Nacional. Lo digo porque así actúa el bufete de Miraflores. Otro adefesio jurídico a la vista.
A mayor abundamiento, los casos de los gobernadores de Anzoátegui y de Táchira también se subsumen en la norma del 191 constitucional. Es decir, al ser electos y asumir sus cargos pierden la investidura de diputados a la Asamblea Nacional.
La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal, sino una garantía de imparcialidad y respeto a la majestad del Poder Legislativo ante los otros poderes. Y en este caso, como en tantos otros, queda claro que han sido los oficialistas quienes no respetan la Constitución, son ellos quienes la violan, haciendo posible esta tragedia en la que han convertido a Venezuela.
Son las impunidades rojitas a las que, por desdicha, nos tienen acostumbrados, asidos al poder como se encuentran y empeñados en no soltarlo. Se entiende, pues no es solo el hecho de perder ese poder, sino el miedo a ser juzgados, procesados conforme a derecho y condenados por tantos crímenes cometidos.
Falta espacio para vaciar la chapuza en que el ch… abismo ha convertido la administración de justicia en el país.
Parafraseando al poeta: “Desde el fondo de ti, y adolorido, un país triste como yo nos mira”.
Son veinte años, siete meses y veintitrés días de esta desgracia chavista, esta maldición inmerecida, este castigo innecesario. Terrible tiempo, tortuoso y dañino de una pesadilla coloreada de un rojo alarmante destruyendo al país. Este dolor debe acabarse. ¡Por Dios!