Hace pocas semanas Nicolás Maduro anunció, entre otros dislates bien calculados, este trío de perlas: creación de 200 ciudades comunales, aprobación de recursos para 1.000 nuevos bancos comunales y –last but not least– la pronta discusión de la Ley del Parlamento Comunal por la recién electa Asamblea Nacional ilegítima. Esa sería la forma, dio a entender, no solo de que los venezolanos celebremos jubilosamente el año Bicentenario de la Batalla de Carabobo, sino de que se enaltezca al comandante eterno, cuya devoción casi mística por esa fecha patria es bien conocida.
Ironías aparte, la referencia a Chávez es aquí obligatoria, porque, como casi todo lo que ha hecho y deshecho su mala imitación presidencial, el tema de la participación surgió en el período del de Sabaneta de Barinas. No es que él fuese original, ni mucho menos: la mayoría sino todas sus propuestas son retomas apenas remozadas de viejas ideas o figuras planteadas –más allá o más acá en el tiempo– por conocidos autores, o impulsadas y practicadas por agrupaciones y movimientos de distinto pelaje ideológico y político. Por ejemplo, entrando en la materia que nos interesa analizar, si bien no se puede negar que la noción de democracia protagónica y participativa la impulsó y publicitó decididamente él al llegar al poder –plasmándola en la “bicha”, como denominó luego, ominosamente, a la Constitución de 1999–, era algo que tenía tiempo corriendo en la mayoría de los regímenes democráticos del mundo y América Latina desde finales del siglo XX, al tenor del creciente cuestionamiento del concepto de representatividad y el creciente rechazo a los partidos políticos .
Si hacemos abstracción de la labor precursora de Queremos Elegir y otros grupos de la sociedad civil, no hay dudas de que la verdadera pionera en esta materia en nuestro país no fue otra que la Copre, creada por Lusinchi en 1984, y bajo cuyo espíritu se impulsaron en los ochenta y noventa sendas reformas a la Ley Orgánica del Régimen Municipal, en las cuales se contemplaba por primera vez el tema de la participación comunal (al punto de aprobar, en 1990, el denominado Reglamento Parcial Nro. 1 sobre la Participación de la Comunidad).
En honor a la verdad, hay que reconocer que luego, con Chávez, se hicieron avances concretos en materia de participación comunal, primero con la creación de las mesas técnicas de agua, de tierra, salud, etc.; posteriormente, con la creación de los Consejos Locales de Planificación (2002), que se plantearon como órganos de participación comunitaria que colaborarían en la generación, implementación y supervisión de las políticas públicas.
Pero las cosas no evolucionaron por el camino esperado. Con la Ley de los Consejos Comunales (2006) se pretendió ampliar el espectro y forma de la participación, al incluir en esta la gestión de proyectos y el manejo de recursos por estas nuevas agrupaciones vecinales. Esta experiencia -que lucía riesgosa pero interesante – se pervirtió casi desde el principio, pues se bypasearon a los organismos locales y regionales intermedios (alcaldías, concejos municipales, gobernaciones) y los consejos comunales se pusieron en directa dependencia del Ejecutivo, que se hizo con su registro, control y financiamiento, quitándole todo el carácter autónomo que pudo haber tenido como movimiento social, y contribuyendo a fortalecer aún más la esfera del poder central en detrimento del pretendido espíritu descentralizador y democrático.
Junto con los consejos comunales, Chávez fue creando instrumentos legales –como la Ley Orgánica de las Comunas (2010)–, que estipulaban figuras previstas en su frustrado proyecto de reforma constitucional, como las ciudades comunales, el parlamento comunal, etc., que en muchos aspectos vulneran flagrantemente lo establecido por la Constitución con respecto a la organización político territorial del país y la organización de los poderes públicos, amén de que declaran la condición socialista del Estado venezolano y acuñan la expresión Estado Comunal, definiciones ambas que no aparecen en ningún articulado de la carta magna de 1999.
En fin, para decirlo de una vez: el artilugio Estado comunal no es más que un refrito indigesto del Estado de los Soviets, surgido con la Revolución bolchevique de 1917, y encarnado con otros nombres en los demás países socialistas (en Cuba, por ejemplo, se llaman consejos populares; en China, asambleas populares, etc.). Los soviets de obreros, campesinos y soldados –inspirados, a su vez en la Comuna de París de 1870– fueron la más grande de las estafas históricas cometidas por los bolcheviques, pues ellos aseguraron que serían organismos autónomos y de autogobierno de las comunidades, teniendo funciones tanto ejecutivas como legislativas; sin embargo, tan pronto conquistaron el poder, pasaron a formar parte del organigrama burocrático, siendo manejados directamente desde las altas esferas del Estado y del partido.
Bakunin lo había advertido en su debate con Marx: una dictadura del proletariado jamás podría producir una democracia de comunas, solo podía conducir a una dictadura del partido. Podemos decir, de hecho, que la expresión Estado comunal – lo mismo que Estado soviético– es un oxímoron, una contradicción insalvable, pues la noción de Estado tiene un carácter intrínsecamente jerárquico y vertical, propio de toda burocracia; mientras que la noción de comuna remite necesariamente a una visión horizontal, autónoma y descentralizada de la organización social.
Ahora bien, queda preguntarse cuál es el verdadero objetivo del relanzamiento del poder comunal a estas alturas del juego, y justo cuando se anuncia un programa de privatizaciones y ajustes que dejará pálido los paquetazos neoliberales de los ochenta y noventa. La respuesta es sencilla: como buenos copiones, Maduro y su combo están persuadidos de que es posible replicar, tal cual, el modelo chino –un país, dos sistemas–, por más que los hechos y el talante de la revolución bolivariana se identifican, de lejos, con el modelo ruso del capitalismo de mafias. Siguiendo esta vía amarilla, por tanto, junto a una economía de libre mercado debe existir un ordenamiento político socialista real, es decir, una sociedad cerrada, autoritaria y jerárquica. De manera que, en teoría, en adelante veremos a la cúpula bolivariana en el permanente dilema de avanzar en el desmontaje del Estado “burgués” (¡plasmado en la mismísima “bicha”!) con su división de poderes, su sistema de libertades, pluralismo de partidos, etc., para sustituirlo por el Estado comunal; o continuar con la ambigüedad que ha mantenido hasta el momento, que es, precisamente, la que les provee su escasa legitimidad en el ámbito internacional.
Otra interpretación de los anuncios de Maduro, y que no entra en contradicción con la anterior, es un tanto más terrenal y práctica: estamos en un año electoral y necesitan lanzar todos los recursos posibles –o al menos lo que permitan las escuálidas finanzas públicas– para mantener la fidelidad de su reducida base de apoyo popular (de ahí los recursos a los bancos comunales), lo cual explicaría también, en parte, la desesperación de la cúpula por vender a precios de mango bajito los activos del Estado. Escenario que solo sirve para reiterar, en fin, la ruindad y la obsesión que tiene la clase política chavista para mantenerse en el poder a toda costa, pese a tantas señales que, desde adentro y desde afuera, apuntan a la existencia de un país en un estado de inestabilidad permanente si no se produce una transición política.
@fidelcanelon