Este sábado 22 de mayo pasado, Virgin Galactic, una empresa del grupo Virgin controlado por Sir Richard Branson, llevó a cabo el lanzamiento de la nave espacial SpaceShip Two desde el lugar conocido como Spaceport America en Nuevo México, Estados Unidos; todo ello autorizado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Este lanzamiento, posible gracias al ingenio de la industria espacial comercial privada de Estados Unidos y de la cual Virgin Galactic, en conjunto con otras empresas, tales como Space X de Elon Musk, han hecho posible ejecutar un numero de 400 lanzamientos espaciales bajo licencia de la FAA.

El primer lanzamiento efectuado bajo licencia fue en 1989 cuando Space Services Inc. efectuó el lanzamiento del cohete Starfire desde White Sands Missile Range en Nuevo México. De allí a ahora, el incremento ha ido a un ritmo vertiginoso: lanzamientos de misiones orbitales de carácter científico, transportando astronautas y especialistas a las estaciones espaciales, lanzamientos orbitales para satélites de comunicaciones y geoestacionarios para la posibilidad del posicionamiento global, hasta los vuelos suborbitales tripulados con la mira puesta en el turismo espacial.

El número de lanzamientos espaciales comerciales con licencia de la FAA se ha acelerado drásticamente de solo uno en 2011 a un récord de treinta y nueve en 2020. Se espera que el crecimiento continúe a medida que la industria espacial siga avanzando en otros campos;  ya incluso se habla de la minería espacial para extracción de minerales en asteroides.

Para el desarrollo ordenado y seguro de estos avances, la concesión de licencias de la FAA para lanzamientos es un paso fundamental y necesario para proteger la seguridad pública durante las operaciones espaciales de cualquier sitio de lanzamiento o de reentrada. Las licencias para estas operaciones son obligatorias para  ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo o para cualquier individuo o entidad que se encuentre dentro del territorio de los Estados Unidos. El examen y escrutinio por parte de la FAA es riguroso asegurando que se cumplan con los requisitos para realizar tales lanzamientos.

Estos avances y desarrollos espaciales han contribuido al vertiginoso aumento de las comunicaciones satelitales, al incremento de la información sobre el clima mundial y al aumento de las imágenes disponibles de la superficie terrestre.

Igualmente, con el aumento de la precisión de todas las redes de posicionamiento satelitales (como el Sistema de Posicionamiento Global o GPS (americano), así como el Glonass (ruso), el Beidou (chino) y el Galileo (Unión Europea) ha sido posible la navegación aérea y el aterrizaje de los aviones con pilotos automáticos por debajo de las mínimas condiciones de visibilidad así como el desarrollo de  vehículos  terrestres sin conductor, sean estos de transporte personal en las ciudades o para  tractores y cosechadoras en los campos de cultivo.

Pero, paradójicamente, estos avances igualmente incrementan el control sobre el ciudadano, sobre su información personal, sobre sus comunicaciones, su ubicación permanente y sobre su vida.

Esta misma tecnología que ha permitió el desarrollo de estos avances antes mencionados, también permite la ubicación y rastreo del movimiento continuo de las personas mediante la triangulación de su teléfono celular y su seguimiento por cámaras conectadas a programas de reconocimiento facial e inteligencia artificial programada para ello.

También permite el bombardeo con el uso de drones no tripulados, manejados a distancia por señales de comunicación satelital. Lo acabamos de ver en las imágenes de Israel contraatacando a Hamas para su defensa y derribando edificios con precisión casi quirúrgica.

A su vez cada día la información del ciudadano es más publica en las redes sociales, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, exámenes médicos, sus transacciones comerciales cada día más se realizan por internet, desde el pago de servicios, hasta la compra de una pizza, cosas prácticas que facilitan nuestras vidas, pero que definitivamente exponen nuestra intimidad y nuestros movimientos a la vigilancia y al escrutinio público.

Igualmente, así como circulan información y noticias ciertas, igualmente se tergiversa la verdad con fines publicitarios y de sintonía, como herramienta estratégica para desacreditar o debilitar la competencia comercial, para influenciar las decisiones públicas y como herramienta política para manipular a la sociedad, generando una cantidad cada día mayor de noticias falsas o fake news.

Las plataformas de contenido audiovisual se han convertido en una herramienta de enorme utilidad durante estos meses de cuarentena. Son muchas las páginas que ofrecen entretenimiento o recursos educativos para continuar aprendiendo desde casa y recibir información de calidad. Cada plataforma, a su manera, está ofreciendo diferentes medidas para que el contenido que el usuario reciba sea confiable acudiendo a confirmaciones por parte de fuentes oficiales.

Pero con base en esta razonable preocupación, se está creado una nueva alianza entre empresas, medios de comunicación y multinacionales tecnológicas llamada Coalition for Content Provenance and Authenticity o C2PA, con la finalidad de «luchar contra la desinformación en Internet».

Este nuevo “Tribunal Mundial de la Verdad” está impulsado por Microsoft, compañía del multimillonario Bill Gates, y pretende ir más allá de la censura que están imponiendo las grandes tecnológicas a los medios y voces independientes, como ha sido el caso de censura que ya fue aplicada por Jack Dorsey, el fundador de Twitter, en su red social y cuyo caso más notorio fue la suspensión de la cuenta del expresidente Donald Trump.

La iniciativa C2PA funcionará a nivel internacional y parece que pocos podrán escapar de su escrutinio y vigilancia ya que entre algunos de los fundadores de esta gran coalición de «certificadores de la veracidad» se encuentran The New York Times, la cadena BBC, multinacionales como Adobe, las compañías desarrolladoras de aplicaciones y de procesadores ARM e Intel  y los creadores de Truepic, una aplicación que permite verificar imágenes para asegurar que nadie las ha alterado.

En este sentido, Microsoft implementará algoritmos y aplicaciones que permitan identificar qué tipo de contenidos —ya sea texto, imagen, vídeo o documento— fue creado por un medio generalista como The New York Times o la BBC, o bien por un medio digital alternativo o un usuario particular.

En el caso de que la noticia provenga de un medio que desafíe y cuestione la información publicada por The New York Times o BBC, así como los de algún medio asociado, esta podría ser catalogada como fake news. Igualmente, los susodichos medios podrían tomar represalias sobre otros medios digitales que se hagan eco de su noticia y «la alteren». Por «alterar», Microsoft entiende que «ha sido robada la autoría» y que «está modificada o manipulada». Por tanto, los algoritmos trabajarán para «desechar» de Internet esa noticia considerándola como «engañosa».

La Coalition for Content Provenance and Authenticity contará con el apoyo de Project Origin: otra de las organizaciones de Microsoft que ya está diseñando estándares y tecnologías que certifican la fuente y procedencia del contenido en las redes sociales y en Internet.

Según Eric Horvitz, director científico y patrocinador ejecutivo de Project Origin, «Existe una necesidad crítica de abordar el engaño generalizado en el contenido online, ahora potenciado por los avances en inteligencia artificial y gráficos difundidos rápidamente a través de Internet. Nuestro imperativo como investigadores y tecnólogos es crear y perfeccionar los enfoques técnicos y sociotécnicos para este gran desafío de nuestro tiempo. Estamos entusiasmados con los métodos para certificar el origen y la procedencia del contenido online».

Definitivamente, todos estos importantes avances tecnológicos traen sus beneficios y, para abordar las crecientes preocupaciones contra la manipulación y fabricación de noticias falsas e información, todos estos esfuerzos son interesantes, así como necesarios, pero vemos con preocupación el riesgo de que estas asociaciones se utilicen como herramientas de control social, convirtiéndose en tribunales de la inquisición en pleno siglo XXI.


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