Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre en Venezuela, para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes, plantean de nuevo el dilema de abstenerse o votar.
Desde 2017, la abstención ha sido usada por la mayor parte de los factores democráticos como respuesta a los sucesivos comicios. Aquel año en particular a los procesos electorales de la Asamblea Constituyente y las regionales.
En un comunicado, la Mesa de la Unidad Democrática señaló entonces sobre los comicios de gobernadores: “El régimen [de Maduro] asumió el camino del fraude, la violencia, la manipulación, el ventajismo, la trampa, la corrupción, la extorsión, el chantaje, para desconocer la voluntad de nuestro pueblo”. A tal punto, que el CNE publicó en su portal los resultados del estado Bolívar que confirmaban la victoria del candidato opositor, Andrés Velázquez, y en cuestión de horas los eliminó.
El sistema electoral, además, había sido herido de muerte con la denuncia del presidente de Smartmatic (empresa a cargo del sistema de votación y que había trabajado en la gestión electoral desde 2004): “Las cifras de participación en las elecciones de la Asamblea Constituyente de Venezuela [tres meses antes de la elección de gobernadores] fueron manipuladas como mínimo en 1 millón de votos”.
Ante esta situación, en la elección presidencial de 2018 no solo llamaron a la abstención gran parte de los factores democráticos venezolanos, sino también la mayoría de los países del continente americano, el secretario general de la OEA, el Grupo de Lima y la totalidad de países de la Unión Europea, los que apoyaron tal acción cuando anunciaron semanas antes el desconocimiento de los resultados de estos comicios por ser ilegales y advirtieron que quien resultara electo sería un gobernante de facto.
El resultado fue el reconocimiento por más de 50 países de un gobierno interino a partir de enero de 2019, encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015.
Lo mismo ocurrió con las parlamentarias en 2020. La abstención volvió a ser utilizada por la mayoría de los partidos políticos que estaban en contra del régimen de facto porque no tenían confianza de las mínimas garantías: creíble, inclusiva y transparente.
En esa ocasión fue respaldada por los 27 miembros de la UE que desconocieron el resultado de estos comicios legislativos por «la falta de respeto al pluralismo político y la inhabilitación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición”.
La respuesta fue el mantenimiento del reconocimiento por parte de decenas de países democráticos a la arquitectura política del interinato y la AN de 2015 y el de los autoritarios al gobierno de facto con su cuerpo legislador elegido en 2020. Es decir, continuó el status quo político de 2019. Asimismo, dio origen a la mesa de negociación en México.
Una estrategia que jugó a favor de la abstención fue la política de máxima presión de la administración estadounidense sobre el régimen de Maduro desde 2017.
Por lo tanto, la abstención en la elección presidencial de 2018 y en las legislativas de 2020 logró desnudar la razón de ser del régimen de Maduro: una tiranía. También ha contribuido a revelar su naturaleza: una organización criminal multinacional y violadora de los derechos humanos (crímenes de lesa humanidad).
Sin embargo, a su llegada a la Casa Banca, Joe Biden planteó que la solución a la crisis política de Venezuela es de los venezolanos. Y que la permanencia de las sanciones económicas dependerá del compromiso del régimen de Maduro con la democratización de país. “Dentro de la cual se ponderan como conveniente la realización de elecciones libres, de conformidad con las leyes nacionales y su Constitución, así́ como lo establecido en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA”.
Asimismo, los recientes hechos en Afganistán muestran que Estados Unidos (Joe Biden) no usará la fuerza para defender la democracia, la libertad y los derechos humanos. Dejaron de ser una causa universal. Por lo que los venezolanos solo podrán recuperarlos si tienen éxito en la lucha interna con apoyo diplomático y moral de los demócratas del mundo.
En esta nueva realidad, la abstención como un recurso electoral se transforma en voto útil. Por lo que requerirá de un gran esfuerzo de motivación, así como de la recién anunciada Plataforma Unitaria en la cual la sociedad civil y el sector político deben hacer sinergia.
Igualmente, el voto útil tendría que ser una propuesta mayoritaria de los factores de oposición y no de un grupo particular, tomando en cuenta la existencia de la AN de 2015 como único poder legítimo y de su presidente como representante de la institucionalidad democrática. Lo contrario, no logrará superar la estrategia de desmotivación del régimen de Maduro.
Llamar a votar, sabiendo que las megaelecciones del 21 de noviembre “no serán justas ni convencionales”, impone tener una estrategia de motivación, sobre todo cuando existe desconfianza sobre la utilidad de este proceso electoral, y de defensa del voto. Sin “un compromiso de una beligerante acción política” antes, el día y después de la elección, carece de eficacia. Sobre todo, después de la lección aprendida con Afganistán.
En conclusión: las abstenciones de 2017 (constituyente), 2018 (presidencial) y 2020 (legislativas) condujeron al régimen de Maduro a ser desconocido como legítimo y visto como un criminal de lesa humanidad por gobiernos democráticos y organismos multilaterales como la ONU y la OEA. Y el voto útil con la defensa del sufragio en las próximas elecciones regionales y municipales permitirá iniciar el cambio del modo de gobernar en Venezuela.