“Su puntería [de Droz Blanco] fue su condena de muerte. La orden de Pérez Jiménez fue matarlo estuviera donde estuviera” (Blog de la periodista Paula Giraud Adriani, 4 de junio de 2018).
Los hechos que se han suscitado por el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile nos llevan, por su similares características, a hacer un paralelismo de este abominable suceso con el asesinato del también teniente del ejército venezolano León Droz Blanco, mártir de la resistencia contra el perezjimenismo.
El 10 de junio de 1954, en la ciudad de Barranquilla, fue cobardemente asesinado Droz Blanco con una ráfaga de tiros por la espalda por el sicario Braulio Barreto. Este autor material cumplió así con las órdenes de Pedro Estrada, entonces director de la Seguridad Nacional, quien a su vez cumplió órdenes del mismísimo dictador Marcos Pérez Jiménez, paranoico con Droz Blanco, a quien le temía por ser experto tirador de armas largas. Antes de morir el valiente teniente lo responsabilizó, cuando pudo pronunciar sus últimas palabras: “Me mandó a matar Pérez Jiménez”. A Barreto lo detuvo la policía colombiana, quedando luego en libertad por gestiones del entonces cónsul de Venezuela, quien se valió de la buena relación del dictador venezolano con la dictadura de Rojas Pinilla. No en balde, Rómulo Betancourt las calificó, por la solidaridad de sus logias militares, como integrantes de la “Internacional de las Espadas”.
A Pérez Jiménez, una vez caído, se le dictó auto de detención como autor intelectual por este hecho el 5 de septiembre de 1972. Los cargos de asesinato en su contra fueron levantados el 12 de febrero de 1999. Al confeso esbirro Barreto, quien además participó en los asesinatos de Wilfrido Omaña, Antonio Pinto Salinas y Leonardo Ruiz Pineda, entre otros mártires de la resistencia, se le condenó y purgó una larga condena.
En una de la etapas más oscuras de nuestra historia, en la que la tortura fue el orden del día, con sus baños con hielo, planazos, palizas con mangueras, garrotes, las paradas en el ring, cigarros en los genitales y el uso de garrochas eléctricas, tuvo el coraje Droz Blanco de tomar la decisión de enfrentar al régimen. Fue preso y torturado. Se evadió de la cárcel y formó parte de la resistencia al lado de Omaña, Carnevali y Ruiz Pineda. Se fue al exilio en Colombia y hasta allí llegó el largo brazo ejecutor de esa sanguinaria dictadura para asesinarlo.
Hoy estamos de nuevo en un bache histórico, cuando el militarismo está haciendo de las suyas. Se desnaturaliza en su esencia con una ideologización que constituye una injerencia política que les está vedada por nuestra constitución. Estar del lado de nuestra carta magna y pedir que se haga valer, no puede ni debe ser estigmatizada como una conducta impropia o subversiva, que debe ser reprimida, que ocasione persecución y tortura, menos aún que sea atentatoria contra la integridad de las personas, ni física ni mental. Ojeda estuvo del lado de la Constitución, cuando cuestionó el adoctrinamiento socialista de unos militares que deben actuar institucionalmente.
En el periódico La Tercera de Chile, en su pasada edición, se puede leer: ”El móvil del delito aún no está claro, aunque las líneas de investigación que ha llevado el fiscal Héctor Barros ha debilitado la tesis de que su desaparición haya tenido que ver con asuntos políticos”. Llama a preocupación que en el caso del secuestro y desaparición del teniente Ronald Ojeda pudiera descartarse el móvil político cuando todo apunta en ese sentido. Fue militar, preso, torturado, se evadió, se exiló, fue secuestrado por un comando y finalmente asesinado.
De manera que el móvil del delito se constituye como el factor medular en las investigaciones para que salga a flote la autoría intelectual en este caso. El gobierno de Boric tiene en sus manos la responsabilidad de despejar la madeja de las conjeturas para que no queden impunes los autores materiales e intelectuales de este tenebroso hecho. En el caso de Droz Blanco, en el régimen democrático, que siguió a la dictadura perezjimenista, se dictaron sentencias condenatorias y autos de detención a quienes lo tramaron y ejecutaron.
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