Los errores son permanentes. Los terroristas de la primera línea, la dirección del ICBF, los aviones franceses, el anuncio a los cocaleros del Catatumbo, el arribo de armas largas desde México y Brasil y ahora el desmentido del ELN al decreto presidencial del 31 de diciembre del 2022, parecen marcar un nuevo rumbo de improvisación, incertidumbre y falta de seriedad en este 2023. Algo muy parecido a la situación actual de Bolivia. Veamos.
Los departamentos de la Media Luna Oriental, Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, un tercio del territorio nacional, con casi casi la mitad de los habitantes del país y el origen de 70% de la producción alimentaria, están en rebeldía. La primera vez que visité Santa Cruz de la Sierra comprobé la vitalidad y exuberancia de los “Cambas”, por oposición a la falsa mansedumbre de los “Collas” andinos, etnia a la que pertenece en inca Morales.
El disparador del vandalismo en Santa Cruz y en Cochabamba, ha sido el arresto del gobernador Luis Fernando Camacho, quien logró defenestrar a Morales en noviembre del 2019, esgrimiendo una biblia y una carta de renuncia presidencial redactada por él mismo. Tuvo el apoyo militar. Como en Perú. Tres años después, el pasado 29 de diciembre, Camacho fue sentenciado por un juez de Instrucción Penal Cautelar por Rebelión I (Jeanine Añez fue condenada a 10 años por Rebelión II).
Y la motivación fue el anuncio inicial del gobierno de que el censo poblacional se haría este año, para luego decir que sería en 2023 y después posponerlo para 2024. Todo para ocultar el fraude cuando en septiembre de 2009, una delegación de jóvenes venezolanos chavistas inscribió en 15 días a 1.100.000 nuevos votantes: habría más votantes que habitantes.
El expresidente Tuto Quiroga dijo que el presidente Arce “se presta para lavar la cara del fraudulento que se fugó” en referencia a Morales; la diputada Ma. René Álvarez aclaró que la detención de Camacho es un atentado a la libertad y la democracia de todo el país; Rómulo Calvo, líder cruceño, le exigió al presidente que libere al gobernador para “evitar la innecesaria confrontación que su gobierno pretende instalar”; los líderes cívicos consideraron que la detención del gobernante fue una «transgresión abusiva, ilegal y arbitraria, socialmente inaceptable y moralmente repudiable». El partido de Camacho aseveró que su detención expone al país a una “gravísima situación de violencia” con “insospechadas consecuencias” para el gobierno. “Estamos enfrentando el gravísimo peligro de convertirnos en un Estado donde prevalezca la dictadura, el abuso y la violencia con un Gobierno que busca imponerse con el terrorismo de Estado”, advirtió la agrupación política Creemos. ¿Suena familiar?
Según Arce, su modelo económico, “social, comunitario y productivo” es la envidia de todos los países vecinos, menos de Colombia, aunque para allá vamos. Y ni que decir de Cuba, Nicaragua, ni de Venezuela. En Colombia, pareciera estar imponiéndose una izquierda que no entiende la “nueva realidad” económica que rechaza el marxismo-leninismo fosilizado, aunque efectivo. México oficia de depositario de los líderes de la izquierda latinoamericana. Recordemos que hacia allá se dirigía el peruano Castillo hace pocas semanas y con 60 años de violencia interna y como primer país productor mundial de cocaína, el caso de Colombia es emblemático para toda la región. FARC y ELN, campean impunes en territorios de minería ilegal y narcotráfico en Venezuela y en la frontera binacional. Y aunque el “protector” del Táchira ha jurado asegurar este límite, la situación tiende a agravarse.
ADENDO: cantinflescas las explicaciones del Mingobierno Prada esta mañana sobre el trino del presidente sobre el alto al fuego bilateral, desmentido por el ELN.