Tras la celebración del referéndum del 3 de diciembre y las decisiones y acciones adoptadas por Venezuela en relación con la creación del estado de la Guayana Esequiba y la protesta de Guyana, que consideraba que su integridad territorial estaba en peligro, el mandatario de Brasil promovió una reunión de la Celac y del Caricom para que los presidentes de ambos países se encontraran y examinaran la situación que se presentaba tensa entonces y que ponía en peligro la paz y la seguridad regional, lo que se llevó a cabo en Argyle, San Vicente y las Granadinas, el 14 de diciembre.
En la reunión, en la que participaron 34 Estados de la región, lo que ahora multilateraliza inconvenientemente el tratamiento de la controversia que había sido tratada de manera bilateral, aunque con la asistencia del buen oficiante de las Naciones Unidas, se presentaron dos posiciones irreconciliables. El presidente de Guyana insistió en que el encuentro de Argyle era solo para tratar las amenazas a la integridad territorial de su país, así como a la paz y la seguridad regional, no para examinar la controversia sobre el Esequibo que está en manos de la Corte Internacional de Justicia, en donde debía continuar. Distintamente, para Nicolás Maduro el encuentro era para “encontrar el camino del diálogo y de las negociaciones directas para resolver la controversia”, un conflicto en el que recalcó “Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte de La Haya”.
Ambas posiciones quedaron reflejadas en la “Declaración conjunta por el diálogo y la paz» entre los dos países, en la que se “tomó nota” -lo que refleja desacuerdo- de la posición de cada una de las partes en cuanto a la controversia y el proceso ante la Corte. Se precisa en la Declaración que “Guyana está comprometida con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza” y que Venezuela “afirma su falta de consentimiento y falta de reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia y su jurisdicción en la controversia fronteriza.”
A pesar de las declaraciones de satisfacción de Maduro al regreso a Caracas, la reunión solo sirvió para distender las relaciones y evitar que las partes actuaran poniendo en peligro la paz de la región y no para encontrar el camino para solucionar la controversia, la cual seguirá siendo examinada por la Corte de La Haya con o sin la presencia de Venezuela, que insiste, a pesar de haberse ya presentado y actuado en el proceso, en que el tribunal no tiene competencia para conocer la controversia planteada por Guyana en 2018 sobre la validez/nulidad del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899.
La Declaración de Argyle se centra en la obligación que tienen los Estados de abstenerse de recurrir a la fuerza para solucionar sus controversias y en la necesidad de actuar de conformidad con el Derecho Internacional y el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento de carácter procesal que precisamente remite al arreglo judicial, es decir, a la Corte Internacional de Justicia, para que considere la controversia territorial sobre el Esequibo.
Los dos presidentes deciden crear una Comisión Conjunta de Cancilleres que informará periódicamente sobre la ejecución de los compromisos asumidos en la Declaración con respecto a las relaciones pacíficas y de buena vecindad, pero no para tratar la controversia que sigue su proceso en la Corte.
Las declaraciones de euforia de Maduro son incomprensibles. Su percepción sobre las conclusiones de la reunión y de los pasos que siguen es totalmente distinta a la del jefe del Estado de Guyana y al sentido de la Declaración misma. En lugar de felicitarse por el éxito de la diplomacia de paz que tanto menciona en su discurso, el gobierno venezolano ha debido rechazar las declaraciones del presidente Irfaan Ali formuladas al término de la reunión, cuando dijo que su país tiene soberanía sobre el Esequibo y el derecho de tomar decisiones sobre el territorio en disputa: «Guyana tiene el derecho de aprobar y facilitar cualquier desarrollo, inversión, sociedad, comercio, colaboración, cooperación y el otorgamiento de cualquier licencia y concesión en nuestro espacio territorial y soberano”. Una afirmación que no solamente contradice el Acuerdo de Ginebra de 1966, sino la Ordenanza de la Corte Internacional de Justicia en la que reconoce que Guyana tiene solamente el control y la administración del territorio.