En estos días Daniel Ortega debió haber tenido una horrible pesadilla. Tal vez durante una de esas madrugadas en la que se habría levantado alterado y bañado en sudor, recordando, probablemente ya bien despierto, aquella inolvidable derrota política sufrida en febrero de 1990. Ese año, Violeta Barrios de Chamorro, abanderada de la Unión Nacional Opositora (UNO), fue la primera mujer del continente americano en ser electa al cargo de presidenta de la República, después de 11 años del gobierno “revolucionario” liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (1979-1990).
Hoy día, con 91 años a cuestas, la antigua rival no representa peligro alguno para las descaradas aspiraciones reeleccionistas de Ortega, que ha gobernado a sangre y fuego desde el año 2007 (segunda etapa), constituyéndose en el mandatario en ejercicio con más años en el poder de América Latina. Aun así, el fantasma de la derrota sigue allí presente, esta vez encarnado en la figura de Cristiana Chamorro, hija de Violeta, y precandidata presidencial para las elecciones generales de noviembre de este año, sometida en estos momentos a prisión preventiva (arresto domiciliario), gracias a los favores de un sistema de justicia nicaragüense secuestrado por los tentáculos del gobierno de facto. ¿Les suena eso a algo conocido?
Espantando los fantasmas
Como para espantar el fantasma de la derrota de 1990, el señor Ortega salió de su angustioso silencio la semana pasada, haciendo uso de la típica receta discursiva autoritaria para justificar la detención de Cristiana Chamorro y otros 19 opositores durante las últimas semanas. Las explicaciones: aquellos que fueron arrestados no son más que criminales, enemigos de la revolución y del pueblo nicaragüense que lo que quieren es “derribar al gobierno”. Por supuesto que la iracundia desafiante de Ortega –parte del mismo libreto de todos los regímenes como el suyo– no dejó por fuera a los enemigos externos que, según, piden a voces mayores sanciones al imperio yanqui.
Las atroces y descaradas razones aludidas por Ortega encuentran su “fundamento jurídico” en la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como Ley 1055, aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua (controlada por el sandinismo) a fines de 2020. Entre otras perlas, el texto declara como “traidores a la patria” y prohíbe las candidaturas de aspirantes a cargos de elección popular a aquellos que se hayan manifestado en favor de las sanciones de Estados Unidos; a los que incentiven y propicien la injerencia extranjera; facilitando también el enjuiciamiento a personas que hayan recibido financiación extranjera para fines dudosos.
Por supuesto que el texto incluye la coletilla de que todo ello “…sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal (…) para los Actos de Traición, los Delitos que Comprometen la paz y los Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”. Como se notará, todo un menú intimidatorio que pretende acabar con cualquier atisbo de oposición.
¿Quién le pone el cascabel al gato?
Daniel Ortega sabe, al igual que su socio ideológico venezolano, que una elección con todas las condiciones y reglas internacionalmente aceptadas representaría una derrota segura. En el caso de Nicaragua, las encuestas a favor de Cristiana Chamorro que rondan el 70%, se convierten en la aterradora y principal motivación de Ortega y su sucesora esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, para conculcar el derecho ciudadano a unas elecciones libres y justas, arremetiendo contra cualquier obstáculo político que pueda cruzarse en su camino. Las arbitrarias detenciones de las últimas semanas dan cuenta de ello.
Mientras tanto, el complejo y variopinto mundo que conforma la comunidad internacional sigue mostrando su rostro de mayor impotencia, sin que ninguna señal a la vista permita vislumbrar un cambio en el curso de los acontecimientos. Críticas y condenas, muchas de ellas abundan. Es el caso, por ejemplo, de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, celebrada el martes 15 de junio, en la que se aprobó una resolución de condena a los arrestos arbitrarios con tinte político cometidos por el gobierno de Daniel Ortega.
Una semana después (22 de junio), y como antesala a la presentación en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del informe de actualización sobre la violación de los derechos humanos en Nicaragua a cargo de la Alta Comisionada, Michell Bachelet, 59 países aprobaron una declaración en la que, entre otros aspectos, se muestra preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no haya implementado las reformas electorales significativas aprobadas por la OEA y respaldada por el mismo Consejo de Derechos Humanos oportunamente. Así mismo, critica las recientes normativas promulgadas por el régimen como la citada Ley 1055 que resultan todo un impedimento a la participación política, la libertad de expresión y de asociación, y muestra igualmente preocupación por la disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra varios aspirantes a la presidencia de la república y otros disidentes, respecto a los cuales se exige su inmediata liberación.
Pero ante estas y otras numerosas condenas y exhortos de parte de la comunidad internacional, el señor Ortega no ha hecho más que burlarse y ser categórico al señalar que su gobierno no dará un solo paso atrás, refiriéndose específicamente a los arrestos de días recientes. Al igual que sus pares autoritarios de la región (Cuba, Venezuela, Bolivia) el régimen de Daniel Ortega tiene una carta bajo la manga: los gobiernos autoritarios y aliados de Rusia, China, Rusia, Turquía e Irán, para mencionar solo algunos de los factores estatales de apoyo.
Y el que no crea que le pregunte al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, quien, durante una reciente conferencia sobre seguridad internacional celebrada en Moscú, reafirmó la alianza de su país con Cuba, Nicaragua y Venezuela, asegurando que los tres países necesitan de la ayuda del Kremlin contra las amenazas externas que pudieran incluir el “uso abierto de la fuerza militar”. ¿Y Estados Unidos? ¡Muy bien, gracias! Siempre apostando a las sanciones.
Daniel Ortega puede seguir tranquilo. Lo único que parece aquejarlo son unas presuntas pesadillas y desagradables viejos recuerdos, como aquella anécdota que compartió en una ocasión la misma Violeta Chamorro, cuando estando en su casa justo después de su victoria electoral de febrero de 1990, recibió al desolado contendiente sandinista a quien tuvo que secarle sus lágrimas de niño malcriado y mal perdedor.