La organización no gubernamental Transparencia Internacional, que cuenta con más de 100 secciones nacionales alrededor del mundo, recientemente publicó el reporte anual que registra la percepción de la corrupción en cada país. En esta oportunidad, así como en anteriores, Venezuela ocupa el último lugar en la región americana, es decir, nuestra nación es percibida como la más corrupta entre todas las del continente. Aún más, según la investigación de la reconocida ONG, se sitúa entre los países más corruptos del mundo, que según estudios en múltiples temas poseen los más bajos índices de desarrollo humano, de gobernabilidad y han estado en conflicto armado durante años.
Ahora bien, ¿será fiable la medición realizada por Transparencia Internacional? ¿Serán confiables los índices de desarrollo humano y de gobernabilidad que el sistema internacional utiliza para medir el progreso y determinar la situación de los gobiernos y de la ciudadanía? ¿Se tratará de otra traición más, esta vez de quienes pregonan buenas prácticas?
Los resultados publicados por Transparencia Internacional son acertados. Los resultados de la investigación no son producto de ningún enfrentamiento con Venezuela. El Índice de Percepción de la Corrupción es confiable, a pesar de que Venezuela no cuenta con cifras oficiales legítimas, la percepción de altos niveles de corrupción concuerda con los hechos reales. Si en algo podemos estar todos de acuerdo, y sin necesidad de cifras, es que el país atraviesa aciagos momentos. Pese a ello, la recuperación es posible pero no inmediata. Es realista pensar que podemos salir del último puesto del Índice de Percepción de la Corrupción, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones iniciales para luego desarrollar acciones concretas que conduzcan a establecer un gobierno que garantice los derechos humanos de su ciudadanía.
Cualquier escenario diseñado para comenzar a salir del último lugar pasa por liberar a Venezuela del régimen instalado desde hace más de 20 años. Un régimen que secuestró el poder, aniquiló la participación libre y amenaza las futuras generaciones. Esta condición nada simple debe ir acompañada de un acceso universal a la justicia. Para continuar el proceso de ascender del último lugar es imprescindible hacer justicia por todos los crímenes cometidos, incluyendo la traición de aquellos líderes y ciudadanos que violando la Constitución y las leyes obtuvieron beneficios. No nos debe importar ni el tiempo, ni los recursos que deban invertirse para hacer justicia, porque esta será la única manera de no olvidar lo sucedido y jamás repetirlo.
Desde mi opinión, no necesariamente la más correcta, pero sí producto de observar experiencias en países posconflicto, hacer justicia sin distinción posee un efecto reparador en las heridas de la ciudadanía, es capaz de generar confianza en las instituciones y de promover cambios positivos en la sociedad. La ciudadanía venezolana necesita curar sus heridas, recuperar la confianza y encontrar autoestima para salir del último lugar en que el régimen sumergió al país. La justicia ante la traición y la corrupción será entonces la mejor estrategia para alcanzar el tan ansiado Estado de Derecho.
Hablar de Estado de Derecho parece un lujo cuando la población venezolana no cuenta con los recursos más elementales para vivir. Vivir en Estado de Derecho debe ser nuestro objetivo, nuestro último deseo. Debemos soñar, debemos reunirnos alrededor de un tema común, debemos aspirar a establecer en Venezuela una cultura de la legalidad, una simpatía auténtica por el Estado de Derecho. El régimen que ha robado el presente (de todas y de todos, pero en especial) de las niñas y de los niños es causa, problema y consecuencia, pero si no hay un compromiso nacional para establecer una cultura de la legalidad vendrán más tiranos y cada vez peores.
Establecer una cultura de la legalidad significa que la ciudadanía ame, respete y cumpla las leyes, pero además que denuncie su incumplimiento, sin temor alguno y con plena confianza en las instituciones.
La cultura de la legalidad será la única acción válida para salir del último escaño que nos han impuesto. Establecer una simpatía por el Estado de Derecho como la actitud ciudadana más simple pero más gratificante será, sin duda, el único camino para garantizar que logremos una patria libre, en la que todos tengan acceso a la salud, a la seguridad y a la educación.
Reconstruir un país con plenos derechos y deberes para la ciudadanía será nuestro mayor acto de unidad para hacer frente a quienes dividiendo nos condujeron al sótano del desarrollo.