La coincidencia en el desarrollo de la Asamblea General, la reunión del Consejo de Derechos Humanos y la Cumbre del Clima en la Organización de las Naciones Unidas ayuda a confirmar los muchos asuntos mundiales en los que es necesario reflexionar, proponer y actuar, individual y colectivamente, nacional e internacionalmente. A la vez, deberían ayudar a reafirmar la falsedad del dilema entre, por un lado, los nacionalismos concentrados en la geopolítica desde los intereses propios (cada vez más de los gobiernos que de los Estados y las sociedades) y, por el otro, los mundialismos que, priorizando las necesidades y derechos de la humanidad, subestiman la necesidad de fortalecer los contrapesos a las realidades de la política de poder. Lo nacional y lo internacional, así como los derechos y lo político, requieren cuidado intensivo en lo que les es propio y extensivo en lo que los vincula entre sí, para bien y para mal. Veámoslo desde Venezuela, a partir de la mucha atención que su estado crítico ha recibido en los días de estos encuentros.
Ante la suspensión de las negociaciones en Barbados y la publicidad del diálogo paralelo del gobierno con minorías opositoras, se produjeron declaraciones del Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea y Estados Unidos que tuvieron en común la deslegitimación de un diálogo no representativo, mientras que las declaraciones de apoyo provinieron solo de Rusia y Turquía. En la Asamblea General, hubo expresas referencias a la gravedad de la crisis venezolana en los discursos de presidentes del Grupo de Lima, de Estados Unidos y representantes de Europa, con las más específicas denuncias en las palabras del mandatario colombiano. Ello en correspondencia con lo debatido y acordado en los márgenes de la Asamblea en la primera cita de la reunión del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Su Resolución –aprobada por dieciséis de los diecinueve Estados parte de este tratado– es la más explícita en sus considerandos y la más precisa en sus medidas de cuantas han sido aprobadas hasta ahora sobre Venezuela. Prevé sanciones a personas o entidades involucrados en actividades ilícitas, terrorismo o su financiamiento y delincuencia organizada y violación de derechos humanos o corrupción así como la coordinación de inteligencia financiera y la consolidación de listas de personas o entidades sancionados con captura, congelamiento de activos o extradición. No son idénticas las reacciones que objetan la invocación del TIAR, que incluyen las que sin apoyar al régimen venezolano abogan por una solución pacífica (como la Unión Europea y el Grupo de Lima) y la exclusión de la medida del uso de la fuerza prevista en el artículo 8 del Tratado (como es el caso de varios de los convocantes del Órgano de Consulta); las que de modo más pragmático por sus vínculos con el régimen venezolano abogan por el principio de no intervención (como en los casos de China, Uruguay y México), y las que defienden al régimen y hacen de sus críticas al TIAR parte de su reto a Estados Unidos, como Cuba y Rusia. En este último caso se inscribe el encuentro de Putin y Maduro en Moscú y, entre otros anuncios, el del nuevo envío de expertos militares rusos a Venezuela.
Lo cierto es que la dimensión política internacional se reafirma como clave para comprender y actuar ante la crisis venezolana en todas sus facetas. La de su desbordamiento exterior merece creciente atención y movilización de voluntades, especialmente por la indetenible oleada migratoria, que fue atendida en el foro Venezuela en crisis convocado por Colombia, Ecuador, Perú y Canadá en Nueva York y lo será en la Conferencia sobre Venezuela convocada por la Unión Europea a finales de octubre; también por las implicaciones de seguridad que para Colombia y otros países vecinos tiene la denuncia sobre presencia de guerrilla armada en Venezuela ya presentada en la OEA y ahora en la ONU.
Esa dimensión y la de la aceleración nacional de la crisis se conjugan de modo crítico en materia de derechos humanos, porque la aguda y compleja emergencia humanitaria padecida por los venezolanos, como parte del cuadro de pérdida efectiva de derechos en todo su espectro, es cada vez más objeto ineludible de atención internacional. Allí lo humanitario y lo político se cruzan, muchas veces conflictivamente. Así lo confirma el contraste entre el informe y actualización de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Venezuela y la naturaleza fundamentalmente política del Consejo de Derechos Humanos ante el cual los presentó. Allí fue aprobado el proyecto de resolución presentado por Irán, Turquía, Rusia, Corea del Norte, Nicaragua, Argelia, Siria y Palestina, centrado en denuncias sobre causas externas de la crisis, en la defensa del principio de no intervención y, por tanto, con muy limitado campo de acción para la oficina de la alta comisionada. Pero también lo fue el proyecto presentado por países del Grupo de Lima con apoyo de la Unión Europea para establecer una misión independiente (fact-finding mission) que sea enviada a Venezuela con urgencia para investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitraras, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014”. La reacción inmediata del representante venezolano con su rechazo a mecanismos de monitoreo y su reafirmación de que lo único aceptable es el memorando de entendimiento suscrito con la alta comisionada confirma la dificultad inmediata, pero también la necesidad urgente, de lidiar políticamente con una materia en la que la sana práctica del principio de la responsabilidad de proteger los derechos de las personas, que es en primer lugar nacional, encuentra férrea resistencia en regímenes autoritarios.
En suma, para volver al argumento inicial, ya centrado en Venezuela: la atención intensiva de las últimas semanas que aquí apenas se recoge en trazos gruesos revela el escalamiento de la crisis, pero también la densidad de sus ramificaciones y la necesidad de atenderla de modo extensivo. La urgencia de esfuerzos de coordinación y complementación política, nacional e internacional –incluidos tanto el concentrado en el Órgano de Consulta del TIAR y el que por su parte promueve la declaración más reciente del Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto– no puede ni debe ser incongruente con el necesario en materia de derechos humanos… y viceversa.