Seis naciones de América Latina celebrarán elecciones presidenciales este año. Todas menos una saben el día exacto en que concurrirán a las urnas.
El calendario electoral comienza el 4 de febrero en El Salvador, sigue Panamá el 5 de mayo, dos semanas después (el 19) lo hará República Dominicana, el 2 de junio México y el 27 de octubre Uruguay.
En algún momento entre julio y diciembre se supone que le tocará a Venezuela, según lo firmado en el Acuerdo de Barbados el pasado 17 de octubre. Pero no hay fecha aún porque el régimen la mantiene secuestrada. Un hecho inconcebible en la región, salvo -claro está- Nicaragua y Cuba, gobiernos tan próximos a las querencias de Miraflores.
Durante más de 40 años, los venezolanos sabían la fecha exacta de cada elección presidencial. No había «mal» que durará más de 5 años. En algunos casos, por el contrario, fueron gobiernos reconocidos porque los votos le otorgaron la continuidad del poder al partido gobernante como ocurrió en 1958 y 1963 y luego en 1983 y 1988, administraciones lideradas por Acción Democrática.
Es necesario recordar que en la vieja y exhausta república democrática no se permitía la reelección consecutiva, a lo que el país llegó como consecuencia de la reforma constitucional de 2009 que Hugo Chávez introdujo en la «mejor Constitución del mundo», que apenas tenía 10 años de aprobada. Maduro, faltaría menos tras una obra tan a la vista, quiere una temporada más en Miraflores.
Es lo que busca el inefable señor Nayib Bukele en la nación más pequeña de la América castellana a pesar de que la carta magna prohíbe otro mandato consecutivo. Es tal el poder que se ha granjeado tras su exitosa lucha contra las bandas criminales, que ni siquiera reformó el texto constitucional, bastó con cambiar a los «intérpretes» de la letra pequeña de la ley de leyes. El apego al poder no tiene color ideológico.
A la reelección sucesiva también irá el dominicano Luis Abinader, que marcha de favorito, y lo intentará el panameño Ricardo Martinelli, quien gobernó entre 2009 y 2014, cuya vuelta parece favorecer el descontento contra el actual mandatario Laurentino Cortizo, aún cuando Martinelli tiene asuntos pendientes con la ley, una minucia en nuestro panorama.
Antes o después de que voten los uruguayos –la democracia quizás más fiable de la región– es de esperar que sea la hora nuestra. Pero, ¿qué clase de hora será?
¿Mantendrá el régimen la inhabilitación de María Corina Machado, a sabiendas de que Maduro pierde en un escenario de elecciones competitivas? ¿O aceptará que no hay tal inhabilitación porque jamás se inició proceso alguno contra la candidata de la oposición, que nunca se enteró de un proceso en su contra? ¿Abrirá el registro electoral para los millones de votantes en el exterior? ¿Se permitirá limpiar el registro electoral vigente? ¿Se aceptará la observación electoral internacional independiente?
La solución del drama venezolano pasa por la realización de elecciones libres y con garantías para todos los participantes. Le conviene al mundo democrático y a los gobiernos de la región agobiados por la diáspora venezolana. Y es lo que está sobre la mesa de la negociación política, que debe acompañar la preparación del evento electoral.