Una vital responsabilidad que autoridad cualquiera tiene en relación a sus gobernados es el derecho a la vida, mas ninguna prerrogativa para la muerte.
Los conductores políticos de los venezolanos los últimos veinte y dos años Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros a los fines de controlar la población iniciaron programas sociales que requerían de la participación ciudadana de manera voluntaria lo cual lograban mediante ofrecimientos económicos que en sus inicios cumplían. De esta forma conocían la ubicación física de los participantes con fines policiales.
El empobrecimiento, la ignorancia intelectual, la desnutrición, el sometimiento forzoso en cárceles, como el ausente estado de derecho han sido a través del tiempo las herramientas utilizadas por los déspotas que un día prometieron distribuir entre los pobres las propiedades de otros para dejar luego a todos los naturales en la calle, la cárcel o el cementerio de resistirse a la grosera confiscación.
El campo santo a través de la república enterró víctimas de la persecución y cuando se distingue el procedimiento utilizado orden de huida, ajusticiamiento, masacre o resistencia a la autoridad; en los restos mortales se captaba en muchos casos haber recibido disparos de grueso calibre a quemarropa. Ello no se perdía de vista luego de las protestas ciudadanas.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, observó como un avance positivo la decisión del jueves 22 de octubre del máximo tribunal venezolano de iniciarse de nuevo el juicio en Venezuela para los supuestos responsables materiales de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
La presión internacional ha hecho mella al temer ser la intención oficial pasar al olvido el bochornoso hecho cuando mediante decisión del Tribunal Supremo de Justicia de principio de mes ordenó el reinicio judicial incoado contra los miembros de la Fuerza Armada Tarascio Ascanio y Estiben Zárate, suspendiendo por igual cualquier diligencia que se intentara en el expediente.
Para juristas consultados, la segunda acción en el juicio original hoy eliminado como repuesta a la presión de Michelle Bachelet, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Centro de Justicia y Paz -Cepaz-, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, familiares y la opinión pública nacional clamando justicia; buscaba dejar en libertad los indiciados con la indiferencia de la Fiscalía.
Ahora una vez recusados los jueces de primera instancia y designados nuevos fiscales aspiran los abogados de los sucesores de Acosta Arévalo incriminar a los máximos responsable a diversos niveles de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Armada por el deceso mediante tortura del capitán Acosta.
Las tiranías en cuestión mediante detallada planificación aumentaron los índices criminales en Venezuela ubicándose a la cabeza de América Latina y en algunos rubros del mundo.
CEPAZ institución evaluadora de la violencia, desde su sede en Ginebra, Suiza, presentó ante la Comisión de los derechos Humanos en NN. UU. el informe correspondiente 2019.
Cuando se referirse a Venezuela y el terror expresa:” En el año 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y el mundo. Este año cierra con un estimado de 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina. Esta tasa es el resultado de los tres tipos de muertes violentas que desde hace más de una década estudiamos como constitutivos de la violencia letal en la sociedad: los 6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, cuya tasa es de 24 víctimas por cada 100.000 habitantes; las 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial, pero que en su mayor parte son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales con una tasa de 19 víctimas por cada 100.000 habitantes; y las 4.632 muertes de intencionalidad indeterminada, registrados oficialmente como averiguaciones de muerte, pero que también en su mayor parte son homicidios o permanecen sin aclarar su situación al final del año considerado y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada 100.000 habitantes”.
La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, merece para los venezolanos el mayor de los reconocimientos. Por ello, el luchar, vivir y rechazar la impunidad bien vale la cruzada por la vida bajo que lleve su nombre.