Cuando muy pequeño, muchas veces oí decir a mi abuela que fulano de tal había nacido enmantillado. Aun cuando esta palabra sonaba tan ajena a esas de manejo cotidiano, resultaba claro para un buen entendedor que la misma se refería a una persona que viene a este mundo rodeada de muy buena suerte. Automáticamente, uno, en medio de su inocente y elemental esquema de pensamiento binario, pensaba que este privilegio estaba reservado a semejantes de bien, digamos, para ser más gráficos, a los buenos de la película.

Con el tiempo uno se fue enterando de que la buena suerte es un factor que no discrimina entre personas que obran de buena fe y aquellas, tal vez las más, que viven haciendo uso constante de la mentira y el engaño.

El lamentable incidente de la semana pasada en el que la vicepresidenta de Argentina casi pierde la vida hizo recordar que hay, efectivamente, personas que nacen enmantilladas. Pero, por si acaso, aclaramos de una vez que no existe deseo oscuro ni pernicioso en la sentencia anterior. Lo que hizo Fernando Sabag Montiel en las inmediaciones de la residencia de Cristina Fernández de Kirchner merece el absoluto y unánime repudio de cualquier habitante de este planeta. La justicia determinará eventualmente el destino de este desadaptado social.

No obstante, este cuento no se reduce a una simple cuestión criminalística y penal entre víctima y victimario. A partir de este lamentable hecho surgen una serie de implicaciones e incógnitas que requerirán de rigurosos análisis y respuestas. Hay un contexto político muy especial y una situación personal de la señora vicepresidenta que mueve inevitablemente a la suspicacia.

Mientras se obtienen los resultados de las investigaciones que se esperan sean lo más expeditas posibles, no queda más que intentar darle forma a la verdad.

El mejor escenario posible para todos ―y cuando decimos todos, esto incluye a la oposición política argentina y al gobierno de la dupla Fernández―, es aquel en el que se determine que el capturado en flagrancia haya actuado por motivación propia; eso que llaman por ahí: lobo solitario.

Y es que nadie quisiera imaginar que detrás de este despropósito se esconde la autoría intelectual de factores, por ejemplo, de la derecha o ultraderecha, pero mucho menos que el implicado sea el instrumento de un montaje del propio gobierno. Estas dos últimas hipótesis resultan descabelladas, pero nada es descartable hasta que se llegue al fondo de las investigaciones.

La misma receta de siempre

Lo cierto es que el ambiente socio político argentino, caracterizado por la extrema polarización, da para mucha especulación, pero, sobre todo, nos ofrece signos muy claros.

Los más oportunistas de la trama, montada o no, han sido los del propio oficialismo. Sin disimulo, comenzaron desde la misma noche del jueves primero de septiembre satanizando a los factores críticos y adversos al gobierno argentino, hasta el punto de atribuir el intento de magnicidio a los discursos de odio de lo que ellos llaman la derecha y de los grandes medios de comunicación.

Además, en otro acto de descaro político y abuso de autoridad, el presidente Alberto Fernández decretó el viernes 2 de septiembre como día feriado, para que los argentinos clamaran todos juntos por la vida y la democracia, pero, lo más importante para él y su bloque gubernamental, intentar con su intencionada movida política, aglutinar el mayor apoyo posible de la sociedad en torno a “la pobre y desvalida vicepresidenta”.

La idea resulta muy clara: es necesario a toda costa asegurar la victimización de Cristina Fernández, quien, como ya es harto conocido, ha venido arrastrando en su contra, y por varios años, una serie de causas judiciales, y, muy en particular, la más reciente conocida como causa “Vialidad” que, para mejor contextualizar, señala a la vicepresidenta de ser la cabeza, durante su ejercicio presidencial (2007-2015), del mayor acto de corrupción que se haya conocido en el país, a cuenta de un supuesto millonario desvío de dinero público para enriquecerse ilícitamente, junto a otros altos funcionarios de la época.

Es este marco de presunto delito lo que ha movido al fiscal Federal Diego Luciani a solicitar una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación de la vicepresidenta para ejercer cargos públicos. Y es que el meollo del asunto está allí, ya que el destino de la señora Fernández está estrechamente ligado a las posibilidades de la coalición peronista lograda por esta en 2019, de lograr un mandato adicional dentro de dos años, y eso lo sabe muy bien el presidente de Argentina.

La estrategia debe, por tanto, seguir su curso: caldear hasta lo máximo el ambiente político y social, haciendo uso de las huestes peronistas y aquellos nuevos conmovidos por el intento de asesinato, a fin de ejercer presión en los tribunales y así procurar dilatar de manera indefinida, cualquier sentencia que dé al traste con las aspiraciones políticas de Cristina y de su siempre incómodo socio, quien por cierto ya ha manifestado su deseo de relanzar su candidatura para los comicios presidenciales del 2023, algo con lo cual debe seguir soñando la víctima del momento.

Los mayores esfuerzos de la alianza peronista habrán de concentrarse entonces en crear una matriz de opinión que haga ver a la causa judicial como parte de una guerra jurídica con fines políticos, tal como ha apuntado la misma Cristina Fernández en numerosas oportunidades.

Para estos fines, ya la victimizada vicepresidenta cuenta con un coro de porristas continentales, caso de los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Luis Arce (Bolivia) y el recién llegado que no ha querido perder tiempo alguno para sumarse a las causas del progresismo, Gustavo Petro (Colombia), quienes, en una declaración conjunta, ya se han referido a una suerte de persecución judicial injustificada. Por supuesto que Nicolás Maduro se ha incorporado diligentemente a esta causa justiciera de la izquierda hemisférica, para la que, dependiendo de las circunstancias, no existe eso que llaman división de poderes.

La mala noticia para Cristina se puede sintetizar en una expresión recogida por la prensa argentina de uno de los funcionarios judiciales que siguen su caso: “Que sea víctima de una causa no la convierte en inocente en otras”.

Pero, tal vez eso tenga sin cuidado a la gran masa de ese país peronista que la sigue respaldando y vitoreando. Después de todo, son muchas las causas en su contra que han sido evadidas y superadas, haciendo ella uso de esa astucia política que la ha convertido en una sobreviviente siempre subestimada por sus adversarios. A fin de cuentas, alguien que, definitivamente, ha debido de haber nacido enmantillada.

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