Existe por ahí cierto convencimiento de que la Unión Europea, durante todo este período del interinato de Juan Guaidó, ha desempeñado un lamentable papel apaciguador que le ha restado peso y credibilidad – como interlocutor válido – en la resolución de la trágica crisis venezolana. Muchas declaraciones, evidentemente, sí; muchas manifestaciones de buena voluntad en apoyo a una solución pacífica y negociada, no hay duda de ello. Pero solo hasta ese timorato extremo. Únicamente eso podemos concluir si hacemos una evaluación objetiva de la vaga contribución del viejo continente al alivio del drama que vive Venezuela.
A raíz de las fraudulentas elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, fuimos nuevamente testigos de otra ronda de rechazo a las ejecutorias del régimen de Nicolás Maduro. Al día siguiente, la Unión Europea desconocía el resultado ya cantado de los comicios, haciendo un llamado “…a las autoridades venezolanas y a los líderes (…) para unirse de forma urgente y empezar un proceso de transición dirigido desde Venezuela”. A su vez, en un comunicado firmado el martes 8 de diciembre por el Grupo de Contacto Internacional, conformado por países de América Latina (solo Argentina se reusó) y Europa (Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Uruguay Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido), se rechaza el evento electoral, indicando que el mismo no cumplía “con las condiciones aceptadas internacionalmente, ni con las leyes venezolanas”.
Hasta ahí todo normal y ninguna sorpresa.
Sin embargo, las declaraciones, una semana después, de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español, Arancha González Laya, generaron cierta incertidumbre y confusión acerca de lo que será el escenario político venezolano y el estatus de reconocimiento del presidente interino, Juan Guaidó, a partir del próximo 5 de enero. En efecto, la alta funcionaria española dio a conocer que la Unión Europea mantendrá el reconocimiento “político” a Juan Guaidó como “líder de la oposición venezolana”, sin aclarar el tipo de investidura jurídica. Según su opinión, más allá del título político o jurídico, lo más importante es la unidad de la oposición venezolana que es lo que a la postre “va a ayudar enormemente a alcanzar una solución negociada”.
Las declaraciones de la canciller española llevan consigo una profunda carga de ambigüedad al hacer ver que la Unión Europea se habría dado plazo hasta el 5 de enero (día de la instalación de la nueva Asamblea Nacional) para decidir, si es posible de manera unánime, el grado de reconocimiento que habrán de otorgar, tanto a la Asamblea Nacional resultante de los comicios del 6 de diciembre, como al cuerpo deliberativo actual electo en 2015, cuyo mandato vencería en teoría. Curioso es que González Laya, haya insistido en el reconocimiento de la “legitimidad política” de Juan Guaidó, restando importancia a su investidura como presidente interino, y reafirmando más bien que es él quien encarna la oposición al régimen madurista.
Las dos piezas españolas
Las anteriores declaraciones parecieran responder a una visión y estrategia preconcebidas que –en nombre de Europa– han venido siendo impuestas por el gobierno socialista español de Pedro Sánchez (PSOE), como bisagra e interlocutor para la crisis venezolana. Para ello, se han valido de dos piezas fundamentales. Por un lado, la citada canciller española, quien se unió al equipo de Pedro Sánchez al comienzo de su segundo gobierno, en enero de este año, después de que el PSOE ganara por mayoría simple las elecciones de noviembre de 2019. Ya desde el comienzo de su gestión, González Laya había afirmado que Juan Guaidó es “las dos cosas a la vez”: presidente encargado de Venezuela y líder de la oposición. Haciendo simple matemáticas es obvio que, de los dos factores de la ecuación, el Gobierno socialista español vislumbraba la expiración del mandato de Juan Guaidó como presidente interino. En esa misma ocasión, incluso, la Canciller española había advertido que la denominación de presidente interino que le había sido reconocido a Guaidó por una parte importante de la comunidad internacional, incluida España, era “un título que se había hecho a la medida de la situación de Venezuela”.
Por otra parte, nadie debe olvidar que el actual alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, fungió como canciller español, durante el primer gobierno de Pedro Sánchez (junio de 2018 – 13 de enero de 2020), cuando el Congreso de los Diputados aprobó una moción de censura contra el entonces presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Si, es cierto que el señor Borrell, en su condición de representante europeo, señaló el pasado 8 de diciembre que la UE no reconocerá la nueva Asamblea Nacional surgida del proceso electoral, cuando inicie su mandato el próximo 5 de enero; pero también es conocida esa otra carga de ambigüedad de sus declaraciones e intenciones ocultas como alto funcionario comunitario.
Como todo se olvida, recordemos que, en septiembre de este año, el envío a Caracas, por orden suya, de una delegación secreta para discutir con Nicolás Maduro las condiciones mínimas para la participación de observadores electorales europeos en los comicios del 6 de diciembre generaron muchas suspicacias. Esta movida, al parecer desesperada, coincidía sospechosamente con la publicación, días antes, del Informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (Consejo de Derechos Humanos ONU), en el que se constatan actos irrefutables y detalles sobre la responsabilidad directa de altos personeros del régimen madurista en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Una razón más que suficiente para desvincular a Europa del acto fraudulento del 6 de diciembre, y no las turbias justificaciones del señor Borrell de orden técnico-logísticas. Otro ejemplo de la curiosa opacidad del Alto Representante quedó plasmado en sus declaraciones a la prensa, del mismo mes de septiembre, en las que, equiparando la posición de la Unión Europea en torno a la situación política de Bielorrusia con la naturaleza de su tratamiento a Venezuela, nos obsequió la sentencia inquietante de que, si bien se rechaza la legitimidad democrática de los dictadores de Bielorrusia y Venezuela, “esto no quiere decir que no se reconozca la realidad”. En ese punto quiso ser más categórico al señalar que: “tanto Lukashenko como Maduro tienen el control del gobierno, de la administración y del territorio”.
Pero eso no es todo. Apenas el jueves 17 de diciembre, el señor Borrell declaraba a EFE que Venezuela avanzaba hacia la “desinstitucionalización”, algo muy “malo”, por lo que recomendó otra ronda de negociaciones entre las partes venezolanas, con miras a nuevas elecciones. En sintonía con la ministra González Laya, aconsejó a la oposición “reforzar su unidad de acción” como base para eventuales negociaciones. ¿Casualidad? Eso sí, no dejó de lanzar el anzuelo de los efectos graves de las sanciones económicas sobre la situación humanitaria de Venezuela. En este punto, y para alejar su posición de toda sospecha, aclaraba que no exculpaba de nada a la responsabilidad del gobierno del señor Maduro en la gestión económica”.
Este marco circunstancial nos obliga a sumergirnos en ese mundillo de las especulaciones, toda vez que una cosa es el desconocimiento de un proceso electoral írrito, y otra muy diferente, la aceptación, por parte de Europa, de una situación de hecho a la cual nos dirigimos inexorablemente, es decir: la instalación de una nueva Asamblea Nacional y su directiva chavista, a principios de 2021. Borrell ha sido más claro que su colega y compañera de partido, González Laya: “…ahora estamos con una Asamblea presidida por el líder opositor, Juan Guaidó, que ha llegado al final de su mandato (…) y otra que ha sido mal elegida (…) y que toma el testigo el 5 de enero”.
El tratamiento sospechoso dado por el gobierno de Pedro Sánchez al impasse generado con ocasión de la entrada a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 –investigación por cierto archivada sin consecuencias por el Tribunal Supremo– ha generado un mar de dudas en cuanto a lo confiable de la interlocución del gobierno español respecto a la crisis política de Venezuela, no solo en su nombre, sino en el de la propia Unión Europea. Conviene recordar que el desplante de Pedro Sánchez a Juan Guaidó, en enero de 2020, durante su gira por los países europeos, Canadá y Estados Unidos –tal vez bajo presión de la misma Delcy Rodríguez–, ha sumado a la hipótesis de que el reconocimiento aparente del gobierno español a la investidura del líder venezolano ha sido siempre parte de una retórica y táctica de forma.
La Venezuela política que se perfila para enero de 2021, con un posible liderazgo opositor sin respaldo jurídico-institucional, se constituye en el escenario perfecto para la cómoda política apaciguadora de una Europa confiada en la “buena voluntad” de las piezas del gobierno socialista de Pedro Sánchez y su socio vicepresidente, Pablo Iglesias.