En su edición del 13 de septiembre de este año, el periódico El Mundo, de España, difundió un informe de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), indicando que, en el año 2005, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó “combatir a Estados Unidos inundándolo de cocaína”. Según dicho reportaje, luego de una primera reunión en la residencia oficial del jefe del Estado, se habrían realizado reuniones mensuales, con el propósito de adoptar las medidas indispensables para ejecutar esa orden. Para este efecto, de manera coordinada con las FARC, que sería la que suministraría la droga, se estudiaron las rutas terrestres y marítimas para el traslado de dicha droga a Estados Unidos, se acordó la forma en que se repartirían las ganancias y, como compensación adicional, se dispuso el suministro de armas a la guerrilla colombiana. El referido informe indica los nombres de quienes habrían participado en esas reuniones, todos ellos políticos relevantes, que continúan teniendo importantes cargos en la cúpula que hoy rige los destinos de Venezuela.
A pesar de la gravedad de estas acusaciones, que provienen de un órgano técnico encargado de combatir el tráfico de drogas, y que parecen estar suficientemente sustentadas en pruebas testimoniales y documentales, hasta el momento, no ha habido una reacción oficial de Maduro o de quienes le rodean. Ninguno de aquellos altos funcionarios de gobierno que estarían involucrados en estos delitos se han dado por enterados. Nadie del oficialismo ha intentado proporcionar alguna explicación razonable en relación con los hechos antes referidos, y nadie ha renunciado a su cargo, como es usual que ocurra en cualquier gobierno responsable.
No obstante tratarse de un hecho noticioso, que supone la realización de diversas actividades criminales valiéndose del aparato del Estado, este reportaje tampoco encontró eco en los medios de comunicación controlados por el régimen. Después de todo, para eso es para lo que se quería “la hegemonía comunicacional”; para controlar el tipo de información a la que podemos tener acceso, silenciar cualquier información que pueda poner en duda la honorabilidad de los que mandan, y controlar el debate político sobre lo que se está haciendo en nombre de la nación.
La Fiscalía General de la República, que ha acusado a estudiantes y opositores políticos por el mero hecho de protestar, tenía muchos elementos para haber ordenado una inmediata investigación sobre los hechos referidos en el informe de la DEA. Pero ya sabemos que no tenemos nada que esperar de una institución secuestrada por el chavismo y al servicio de sus intereses políticos. No esperábamos que, sin una investigación previa, se dieran por ciertos hechos tan graves como estos; pero no ha habido ninguna declaración del fiscal general manifestando siquiera su “profunda preocupación” por estas graves acusaciones, y ordenando realizar las investigaciones correspondientes. No es que tengamos confianza en la seriedad de la Fiscalía General para investigar supuestos delitos cometidos por el régimen, y menos si se trata de delitos cometidos nada menos que por “el comandante eterno”. Ya sabemos en lo que concluyeron las “investigaciones” ordenadas para averiguar las circunstancias de la muerte del concejal Fernando Albán o del capitán Acosta Arévalo; también sabemos cómo han terminado todas las denuncias de corrupción en contra de “la revolución bonita”. Pero el fiscal general podía disimular un poco, tratando de presentarse ante el mundo como un funcionario digno y responsable, dispuesto a hacer respetar el imperio de la ley.
No pasó nada de lo que, frente a un informe tan demoledor, podía pasar en cualquier país con instituciones sólidas, independientes e imparciales. Como única respuesta, al día siguiente de ese reportaje de El Mundo (reproducido en otros medios internacionales), se publicó un par de fotografías de Juan Guaidó, tomadas en Colombia, el 23 de febrero pasado, cuando éste fue a recibir la ayuda humanitaria enviada a Venezuela; en dichas fotografías, Guaidó aparece junto a unas personas que pertenecerían a grupos paramilitares colombianos, y que estarían involucradas en el narcotráfico. No es agradable ver a un defensor de la democracia fotografiado con unos delincuentes; pero no se ha aportado ninguna evidencia indicando que Guaidó estaba advertido de los antecedentes de esos personajes. En todo caso, después de haber guardado esas fotografías durante más de seis meses, la pregunta es: ¿no tenían nada mejor para tratar de desviar la atención del informe de la DEA y las órdenes que habría dado Hugo Chávez para inundar de cocaína un país cualquiera? El hecho de aparecer en esas fotografías, que no constituye prueba de ningún delito, ¿es comparable a tener tratos con un grupo narcotraficante y a proporcionarle armas a quienes iban a entregar la cocaína con la que se pretendía inundar a los Estados Unidos? Posar para una foto no es lo mismo que conspirar para cometer graves delitos; el fiscal general debería saberlo.