El Ministerio Público acusó a funcionarios del Sebin y de la Dgcim de los asesinatos del concejal Fernando Albán y el capitán Acosta Arévalo (torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes), los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma Artículo 7.
La falta de decisión de la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda sobre el caso Venezuela, del que el año pasado expresó que «existen razones para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad» y hace semanas que la «CPI cumplió con todos los criterios para que se inicie la investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad», al igual que la carta entregada al nuevo fiscal Karim Khan, constituyen una campanada que pudiera impulsar la firma definitiva del informe preliminar.
El recurso confidencial introducido por el Estado ante la sala de cuestiones preliminares de la CPI lo único que logró fue evitar el anuncio de la decisión final de la fiscal saliente sobre el caso Venezuela, porque la sala no tuvo tiempo de decidir sobre el recurso de control judicial. Pero el expediente está alli sin modificación, bien sustanciado gracias a la valentía de las víctimas de violación sistemática graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte del Estado. Personas que no se han rendido en esta larga lucha por conseguir justicia internacional porque el Estado venezolano siempre se las negó y ahora busca arrepentimientos con perdón, pero olvida que tanto el sistema universal de derechos humanos como la CPI no conceden privilegios ni perdón para los responsables de estos crímenes horrendos.
El nuevo fiscal tiene varias opciones sobre el caso Venezuela: archivar el informe preliminar, lo que es casi imposible por lo sustanciado con pruebas que está el informe; dejar abierto el examen hasta lograr más elementos de convicción y la tercera opción es cerrar el examen preliminar e iniciar la investigación a cargo de la CPI.